La zona de vertido de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, de titularidad municipal.ALICANTE. La comisión de fiscalización sobre la contrata de limpieza viaria, recogida de la basura y tratamiento de residuos concluye como comenzó. Es decir, con dos perspectivas distintas: la del bipartito compuesto por PP y Cs, en esta ocasión, secundado por Vox, y la de las tres fuerzas que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís). Así se ha evidenciado en la votación del dictamen de conclusiones de ese grupo de trabajo encargado de analizar el cumplimiento del contrato, adjudicado en el año 2012 a una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica. Finalmente, tras cerca de dos semanas de contactos, la propuesta de conclusiones que ha quedado aprobada ha sido la elaborada por el concejal de Limpieza, Manuel Villar (PP), con la intención de que pudiese convertirse en un documento de consenso. Por su parte, PSOE, Unides Podem y Compromís se han decantado por su propia propuesta alternativa, en la que disentían sobre las causas que, a su juicio, habrían conllevado que el servicio presentase ciertas deficiencias.
Como informó este diario, la propuesta elaborada por Villar pivotaba sobre los cinco ejes que se había pactado entre el conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento. Así, entre otros puntos, al margen de expresar la visión compartida de que el contrato partió con carencias desde su misma licitación, con un recorte del 30% en el precio previsto en el contrato precedente, el documento planteaba dos cuestiones adicionales sobre el futuro de la prestación. La primera: la necesidad de modernizar el centro de tratamiento de residuos de la partida de Fontcalent, de titularidad municipal, con el fin de mejorar la separación y el reciclaje de residuos e introducir una línea diferenciada para procesar la materia orgánica. Y la segunda: la conveniencia de mejorar la labor de vigilancia, ya no solo respecto al trabajo desarrollado por la concesionaria (actual y futura) mediante la ampliación de la plantilla de inspectores municipales, sino también la que debe desempeñar la Policía Local, con el fin de evitar comportamientos incívicos por parte de la ciudadanía (vertido de residuos fuera de los horarios previstos, depósito de enseres en la vía pública, etc.).
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El propio Villar ha defendido este lunes, durante la última sesión de la comisión, que con esa propuesta -a la que se habían incorporado nuevas matizaciones a petición de los cuatro grupos opositores- trataba de ser un documento "aséptico" que recogiese las apreciaciones compartidas sobre el funcionamiento del servicio sin entrar en buscar "responsabilidades en el pasado, que podríamos haberlo hecho por lo que respecta a los años de gestión del extinto tripartito".
Sin embargo, las tres formaciones del eje progresista han insistido en que no podían asumir el desglose de las apreciaciones recogidas en esa propuesta de dictamen conjunto en la medida en que, a juicio de sus representantes, obviaba gran parte de las cuestiones que se habrían puesto de manifiesto a lo largo del trabajo de análisis desarrollado en la comisión. De ahí que hayan mantenido su propuesta de conclusiones alternativa, en el que se mantiene el esqueleto de la propuesta original, pero se amplían circunstancias como las causas del recorte del 30% en el importe de licitación de la contrata actual. Según su propio documento, ese recorte no obedece a la crisis económica registrada en el momento, sino a las restricciones que el Ayuntamiento tuvo que aplicarse después de que se pagasen facturas por la prestación del servicio de limpieza al margen de lo previsto en el contrato anterior.
Además, ese documento también incidía en la necesidad de avanzar en los objetivos de recuperación y reciclaje para alargar la vida útil de las instalaciones de Fontcalent, así como en la introducción de la recogida selectiva del residuo orgánico en origen.
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Lo cierto es que ninguno de los dos ejes del espectro político ha modificado sus planteamientos en el desenlace de la sesión. Pese a considerar que la ciudad está "sucia", Vox ha respaldado la propuesta de conclusiones trazada por Villar tras poner énfasis en la cuestión que su portavoz, Mario Ortolá, ha calificado como fundamental: el subparque logístico previsto en la Playa de San Juan, que sigue pendiente de construcción, después de que se haya pagado 800.000 euros por anticipado. Por lo pronto, la infraestructura sigue pendiente de que se conceda la licencia solicitada desde 2014 para que su funcionamiento permita evitar el desplazamiento de maquinaria desde el parque central, situado en el polígono del Pla de la Vallonga, como ha insistido en recalcar Ortolá.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado la incapacidad para lograr el consenso respecto a las conclusiones de la fiscalización del servicio y, tras incidir también en que la ciudad "sigue estando sucia", ha abundado en que los datos objetivos sobre recuperación de residuos no son los que deberían.
La edil de Unides Podem, Vanessa Romero, ha incidido en que la propuesta de conclusiones elaborada por Villar no había recogido planteamientos como el estudio de la municipalización del servicio y ha subrayado que sigue sin contemplarse una apuesta por la introducción de la recogida selectiva en origen, tras calificar el contrato actual de "estafa" a los alicantinos.
El portavoz adjunto de Cs y edil de Cultura, Antonio Manresa, ha admitido que él también había venido señalando "fallos" en el pliego durante el pasado mandato, aunque ha considerado que la propuesta de conclusiones trataba de buscar el consenso "sin mirar atrás".
Sin embaro, según el edil del PSOE, Raúl Ruiz, ese habría sido uno de los aspectos que ha imposibilitado que la izquierda le diese su apoyo, al considerar que se debía analizar las causas que han propiciado la actual situación del servicio. Además, ha incidido en que en esa propuesta de conclusiones no se incluía ninguna autocrítica y que tampoco había dejado espacio para hablar del futuro de la prestación.
A la postre, el dictamen de conclusiones del que se dará cuenta en el pleno será el presentado por PP y Cs, con el apoyo de Vox, mientras que PSOE, Unides Podem y Compromís han registrado sus propios documentos de consideraciones adicionales, al margen de su propuesta de conclusiones alternativa, que constará como propuesta de voto particular. La consecuencia: la continuidad de la división política. Es más, tras el desenlace de la comisión no se ha podido sentar las bases de la moción convenida entre los seis grupos para crear una nueva comisión sobre el futuro del servicio. Así, no ha quedado garantizado que la propuesta pueda quedar aprobada en el pleno ordinario de abril, que se celebrará finalmente este viernes.
La división política también se ha evidenciado este lunes en el transcurso de la sesión constitutiva de la comisión sobre la fiscalización de las supuestas anomalías advertidas en la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes, durante el periodo en el que el contrato quedó a cargo de la empresa Geamur. Se trata de la comisión impulsada a iniciativa del PSOE que contó con el respaldo de Unides Podem, Compromís y Vox. La discusión se ha desencadenado a cuenta de cómo debía organizarse el plan de trabajo de la comisión. Con todo, en último término, se ha convenido que durante la próxima sesión se citaría a representantes del sindicato SEP para que explicasen los términos de su denuncia pública, en la que se aludía a que personal a cargo de la contrata dedicaba horas de prestación a desempeñar trabajos particulares, entre otros puntos, como la falta de maquinaria adecuada. Además, en esa misma sesión, prevista para el próximo 10 de mayo, se solicitará la comparecencia de representantes de Geamur para que detallen los pormenores de su gestión del servicio.
El edil de Medio Ambiente y Limpieza, Manuel Villar (PP), ha defendido que el trabajo debería iniciarse a partir de la información recogida en esa denuncia, toda vez que los técnicos del servicio no tenían constancia de que se hubiese registrado anomalía alguna. Es más, ha apuntado que la propia Geamur había remitido un informe de respuesta respecto a la denuncia pública formulada por el SEP en el que se rebatía la existencia de cualquier tipo de irregularidad.
Al margen de ello, durante la comisión, Villar también ha sostenido que, desde el punto de vista jurídico, el equipo de gobierno no contempla la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) acabe fallando a favor de Geamur en el contencioso interpuesto frente a la adjudicación del contrato actual, concedida a la empresa STV Gestión. Además, ha señalado que ya se está trabajando en la reposición del árbolado que ha ido desapareciendo en la vía pública de la ciudad durante los últimos años.
