Última asamblea del Consorcio en la Diputación de Alicante. Foto: APALICANTE. El Consorcio Vega Baja Sostenible, del Plan Zonal de Residuos 11-A6, ha iniciado los trámites para la creación de un Consejo de Participación Ciudadana. El objetivo de esta herramienta es dar voz a colectivos, asociaciones y sociedad civil para contar con el mayor número de puntos de vista y contar con toda la información posible para así trazar de la forma más participada el futuro de la gestión de los residuos en la Vega Baja.
Esta propuesta se encuentra en estos momentos en exposición pública. Entre las funciones que tendría el consorcio se encuentra la de ser el órgano institucional de enlace entre las entidades ciudadanas y el consorcio “en aras de conseguir una adecuada gestión de los residuos”. También contribuirá en el desarrollo y elaboración de planes, programas y acciones concretas de ámbito supralocal sobre la gestión de residuos, desde la prevención hasta la eliminación. Podrá participar y colaborar en las diferentes comisiones si lo requiere la presidencia. Además deberá favorecer el conocimiento, la sensibilización. Deberá también atender las cuestiones que soliciten los ciudadanos y remitir las correspondientes recomendaciones y facilitar la información necesaria para esclarecer las dudas. Como organismo tendrá las funciones de emitir informes en materia de residuos y dictamen, si la presidencia lo solicita, sobre las decisiones a adoptar por la Comisión o la Junta de Gobierno.
En cuanto a la composición del Consejo estarán presentes representantes de las entidades y asociaciones y colectivos. Además de una presidencia y vicepresidencia, habrá un máximo de doce vocales, ocho representantes de asociaciones y cuatro miembros elegidos por la Junta de Gobierno. En el caso de que haya más colectivos, se hará una asamblea constitutiva donde se votarán los ocho vocales y más tarde se hará una nueva convocatoria para cada periodo de renovación. Una vez constituido, el Consejo se reunirá en sesión ordinaria como mínimo dos veces al año.
Esta herramienta se enmarca en la línea de trabajo del Consorcio cuyas propuestas distan mucho del que ya fue adjudicado plan zonal de residuos para la Vega Baja. Hace un mes se conoció que el Tribunal Supremo dio la razón en marzo a la que era la adjudicataria, la UTE Cespa-Ortiz para ejecutar el plan zonal. Para adaptarse a la normativa y no llevar a cabo el proyecto inicial de macrovertedero, ni indemnizar a la mercantil, desde el Consorcio se ha acordado rehacer el proyecto y han propuesto la creación de una red de pequeñas plantas de gestión y tratamiento de residuos. De este modo, la presidenta, la alcaldesa de Bigastro Teresa Belmonte, solicitó a todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca que le remitan la disposición de parcelas municipales en polígonos industriales para que se empleen en la construcción de esa red de pequeñas plantas.
El propósito no es construir una en cada municipio sino en los de mayor población y los que sobrepasen los 15.000 habitantes. Para financiar este proyecto se acogerían a los Fondos de Recuperación de la Unión Europea. De este modo, aunque algunos alcaldes ya han facilitado su información, Belmonte espera que en septiembre lo hagan el resto. Este plan lo tendrá que aprobar el Consorcio y el Consejo. Otra de las líneas de actuación es la creación de 12 ecoparques fijos y cinco móviles. Algunos de estos últimos ya están en marcha y recorren en días fijados distintos municipios de la comarca.
Belmonte señala que aunque las resoluciones del Consejo no son vinculantes, enfatiza la importancia de su participación para que se ponga sobre la mesa todos problemas y soluciones en materia de gestión de residuos, una cuestión que ha generado mucha controversia y rechazo entre la ciudadanía sobre los proyectos anteriores y en donde nunca ha existido la voz de la ciudadanía.
