Los ediles que forman parte de la comisión de investigación sobre el caso Comercio, en su reunión constitutiva.ALICANTE. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) no se pronuncia sobre el trámite de anulación de los 25 encargos directos tramitados por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante: los contratos menores que dieron origen a una denuncia del PP contra el alcalde, Gabriel Echávarri, por un presunto fraccionamiento de contratos y a la creación de una comisión de investigación, a instancias del grupo municipal de Ciudadanos.
El órgano asesor de la Generalitat ha acordado devolver el expediente al Ayuntamiento tras advertir un defecto de forma en la tramitación de la consulta por parte del propio Ayuntamiento.
La decisión se habría tomado en la reunión del pleno de este miércoles aunque, según fuentes municipales, todavía no ha sido comunicada de forma oficial por lo que se desconocen los términos concretos con los que se justifica la devolución. Ese trámite de notificación podría demorarse al menos dos días, según las mismas fuentes.
En principio, el dictamen se solicitó para disipar las dudas sobre si esos 25 encargos, o al menos parte de ellos, debían haber sido objeto de un concurso público al referirse a una misma unidad funcional, a la vista de las manifestaciones recogidas, primero, por el ya exjefe técnico del área de Comercio (cuando ya se habián tramitado esos encargos, sin expresar ninguna reserva con antelación), y por el interventor municipal, después.
La Junta de Gobierno acordó anular el pago de esas facturas por un importe global de 189.000 euros con cargo al presupuesto ordinario de 2016, al tiempo que se reconocía su abono fuera de presupuesto (los trabajos se realizaron y había que abonarlos para no incurrir en un enriquecimiento ilícito). Con todo, está por ver si el Jurídic llegará a pronunciarse sobre la existencia de un fraccionamiento de contratos o se limitará a resolver simplemente sobre si la anulación de esos pagos fue correcta.
