Fachada del esqueleto del centro cultural de Benidorm. Foto: RAFA MOLINA.Ahora habría que adicionar el precio del suelo al de lo construido
BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm tiene en sus manos desde el 12 de abril el convenio pactado con la Sociedad Proyectos Temáticos, la empresa pública dependiente de la Comunitat Valenciana y encargada de las obras del centro cultural de Benidorm. Y desde ese momento, tanto Conselleria como toda la corporación local están a la espera del informe técnico de Intervención para que le dé el visto bueno a las condiciones, que en teoría, acordaron ambas partes para dar solución al edificio, parado durante años con el esqueleto a vista de todos.
En la última comisión de Hacienda, celebrada este miércoles, la oposición aprovechó para preguntar sobre la situación en la que se encontraba el convenio. El chasco fue mayúsculo: todavía hay que hacer un informe por escrito analizando los escollos que ve intervención, pero que por otra parte, el secretario municipal no reconocería. Y mientras tanto, Abogacía del Consell espera a que se pronuncien para dar un veredicto y poner solución a lo que en un principio es una salida en sí misma. Pero que no termina de ver la luz, entre Semana Santa y vacaciones de los funcionarios, así como el trabajo que han tenido detrás con el periodo de alegaciones del presupuesto.
Según explicó el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, el técnico explicó que el problema está en el IVA del suelo. Una vuelta de tuerca más al enésimo convenio. Al principio, objetaron que querían cobrar al Ayuntamiento el IVA de todo el edificio de una estacada, lo que quiere decir, alrededor de 10 millones si se tiene en cuenta que es el 21% de los 47 millones en los que está valorado el centro cultural. Algo inasumible si se atiende al presupuesto de este año, cuyas inversiones están en 4 millones de euros.
Al parecer, ahora estaría claro, según también a quién se pregunte, que sólo se cobraría por la parte útil que entregaran. Es decir, la primera fase, que darían en 2019 y cuyo IVA estaría en torno a los 2,5 millones de euros. No obstante, el primer edil, Toni Pérez, dijo desconocer que el problema esté en el suelo en el que está el edificio, y pidió cautela hasta que esté el informe por escrito. Documento que está retrasándose a pesar de que para el alcalde "se trata de un asunto prioritario".
Las explicaciones del funcionario no dejaron contenta a la oposición, sobre todo a PSOE y Compromís-Los Verdes. El portavoz de los socialistas, Rubén Martínez, indicó que ahora lo que quieren parar es que se tenga que pagar el suelo en el que se asienta este edificio. Ya que si no lo hacen, asegura que tendrían que pagar los 12 millones de euros de la primera fase, más otros 10 millones en los que valora el suelo. Es decir, el 21% de 22 millones de euros. Un aspecto que Martínez no cree que recoja por ninguna parte el convenio.
Por ello, Martínez dice que ahora mismo hay tres salidas posibles, la que mantiene el interventor. La que deducen los socialistas que recoge el convenio, esto es, pagar el 21% de los 12 millones de euros de la primera fase. Y la peor alternativa, que se pase el tiempo, el Consell opte por destinar los 6 millones presupuestados para 2017 en otros asuntos, y que al final venza el convenio vigente a día de hoy, el del 2006.
Para esto último, tendría que romperse todo tipo de diálogos hasta 2022, que es la fecha final del acuerdo. Y además, el portavoz de los socialistas añadieron más dudas a este documento. Martínez advirtió que éste es nulo de pleno derecho porque se está constituyendo un derecho de superficie sobre un bien de dominio público. Por lo tanto, explica que no se puede someter a contratos privados. Así, el Ayuntamiento corre el riesgo de que cuando se deshaga del convenio de 2006, lo pueda denunciar y al final sea Benidorm la que se quede con ese mamotreto por el que tendrá que pagar el IVA de todo su conjunto, y encima, inservible.
Mientras tanto, todos están esperando a que el técnico municipal se pronuncie, y al parecer, estaría dispuesto a pedir que se haga como una transmisión onerosa para impedir el pago por el suelo.
