El catálogo de edificios de Alicante echa a andar con riesgo de caducidad si no se aprueba en 3 meses

ALICANTE. La nueva versión del catálogo de protecciones de Alicante comienza su tramitación administrativa con su exposición al público por un periodo de 45 días con el propósito de que cualquier interesado pueda formular alegaciones desde el próximo 4 de junio, cuando se levantarán la suspensión de los plazos administrativos acordada con motivo de la declaración del estado de alarma. La propuesta, que conserva gran parte de las previsiones delimitadas durante el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en 2017, inicia su andadura cinco meses después de la fecha que se había propuesto el actual equipo de Gobierno (PP y Cs), el pasado diciembre. Ese retraso deriva, en parte, como consecuencia de la paralización asociada a la crisis sanitaria. 

La cuestión es que, ahora, su tramitación juega contra el reloj, ya que todo el trabajo previo desarrollado hasta ahora ante la Conselleria de Política Territorial (que ejerce las competencias urbanísticas) corre el riesgo de quedar caducado si no se aprueba de manera inicial en el pleno antes del 15 de septiembre. Se trata de la fecha en la que se producirá el vencimiento de la vigencia de su documento de alcance: la base previa en la que se sustenta, aprobada por la conselleria hace tres años, cuando el tripartito abordó su primera versión. En realidad, esa fecha de extinción de su validez debía producirse el 30 de junio, pero se extendará en otros dos meses y medio en los que se ha prolongado el estado de alarma.

Así se puso de manifiesto este martes en la comisión informativa de Urbanismo en la que se dio traslado del contenido del catálogo a los representantes de los grupos de la oposición: PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox. El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), explicó en ese encuentro que el documento podía incorporar aportaciones, modificaciones o fichas nuevas que pudiesen plantearse a propuesta de las formaciones políticas o de cualquier particular legitimado para presentar alegaciones. No obstante, emplazó a los representantes políticos a plantear solo las estrictamente necesarias, para no elevar a la Generalitat un documento que requiera de una modificación sustancial, puesto que eso conllevaría tener que acordar un nuevo plazo de exposición al público de otros 20 días adicionales, con lo que no se llegaría a tiempo de elevar la propuesta a la Generalitat antes del 15 de septiembre y se debería reiniciar toda la tramitación desde cero. 

En esta línea, Pérez apuntó que siempre podría plantearse la incorporación de nuevos elementos a catalogar en cuanto Política Territorial devuelva la propuesta al Ayuntamiento para que se acuerde su aprobación definitiva. Y, también, a posteriori, una vez que haya quedado ratificado y haya entrado en vigor, mediante la tramitación de los catálogos específicos que se incluye en la elaboración de todo Plan Especial sobre un sector concreto del término municipal. 

Así, llegó a plantear la posibilidad de abordar la redacción de un plan específico para el barrio de Benalúa, así como otro para el de Carolinas (a través de la modificación de la Operación Integrada número 4 que deberá revisarse de manera forzosa en cuanto se redacte el Plan Director de Usos de las Cigarreras) por sus características singulares, al igual que sucede con el Centro Tradicional o con el Casco Antiguo. También se barajaría la posibilidad de incorporar otros edificios construidos en los años 60 bajo el diseño de arquitectos como García Solera o Miguel López, por ejemplo.

Sobre el contenido de la propuesta, Santos Pérez reiteró los ejes fundamentales dados a conocer hace dos semanas. El documento incorpora 90 fichas no previstas en la versión de 2017 para incluir a todas las iglesias de la ciudad, que pasan a considerarse Bienes de Relevancia Local (BRL) tras la entrada en vigor de la nueva normativa autonómica. También se catalogan una veintena de nuevos edificios expuestos a peticiones de intervención urbanística e, incluso, a la solicitud de permisos de demolición. 

El bipartito plantea la posibilidad de incorporar nuevas fichas en el trámite de aprobación definitiva y, a posteriori, mediante la redacción de planes especiales específicos sobre barrios como el de Benalúa o Carolinas

Además, se adapta los entornos de protección de cada uno de los baluartes que componen el conjunto de las Torres de la Huerta (declaradas Bien de Interés Cultural) a su situación urbanística actual, para no dejar fuera de ordenación edificios ya construidos, y se elimina las restricciones con carácter general que se establecían en el catálogo de 2017 para construir nuevas elevaciones sobre edificios protegidos. Igualmente, se incorpora una memoria económica con una estimación de 9 millones de euros para los edificios catalogados en los que sí se considere que no deben construirse alturas adicionales, aunque estén contempladas en el Plan General.

El catálogo incluye, además, al edificio del antiguo Cine Ideal como Bien de Relevancia Local (BRL), lo que no impide de manera automática que pueda desarrollarse el proyecto de transformación en hotel planteado por el Grupo Baraka, así como al edificio del Teatro Principal en esa misma condición, pese a que la Conselleria de Cultura llegó a recomendar que pudiese reconocerse como BIC.

Para que la propuesta de catálogo quede aprobada inicialmente (antes de esa fecha límite del 15 de septiembre) PP y Cs requieren reunir mayoría absoluta. Es decir, 15 votos en en una corporación de 29 ediles, con lo que el bipartito debería sumar el voto de alguno de los cuatro grupos de la oposición. En principio, tras el encuentro informativo de este martes, se acordó que se celebrarían nuevas reuniones informativas para solventar dudas y, al menos, una nueva sesión dentro de quince días. Algunos de los representantes de las fuerzas opositoras, como el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, señaló que la propuesta de catálogo era positiva, "como ya lo era en 2017 y podría estar en vigor desde hace tres años si PP y Cs no hubiesen votado en contra".