El 'caso uniformes' de la Policía Local de Santa Pola, a un paso de la apertura de juicio oral

SANTA POLA. El denominado caso de los uniformes de Santa Pola está en su fase final de la instrucción, y todo hace indicar que podría acabar en la apertura de juicio, como así lo solicitan la acusación particular, ejercida por el ayuntamiento santapolero, y el fiscal. Las defensa de los agentes de policía y dos exconcejales del PP han solicitado el archivo de la causa. Estas solicitudes se han hecho (o se harán) después de que prestaran declaración los últimos imputados, el pasado 5 y 6 de noviembre: el agente Alfonso Aracil y los cargos societarios de la empresa de suministro de uniformes de Policía Local, los hermanos Riera Marco, de Uniformes Riera, SL, en los que constan como investigados por la presunta contratación fraudulenta de uniformidad con el Ayuntamiento de Santa Pola.
 
En la causa constan actualmente investigados por cuatro delitos (prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental) dos ex concejales de Policía del Partido Popular, Antonio Andrés García y Antonio Pérez Huertas, así como varios mandos y miembros de la plantilla de Policía Local: el intendente Jefe y hermano del ex alcalde del PP, Jose Miguel Zaragoza; el oficial de Policía, responsable de la Unidad Administrativa, Roque Miguel Alemañ Bonet -a su vez, responsable de la la empresa de cronometraje de carreras Championchip Levante-. Hay otros dos agentes -el citado Alfonso Aracil y Pascual Linares; y los responsables de las empresas suministradoras, Uniformes Riera y Gil de los Ríos SA. En total, once investigados.

Hay que recordar que casi todos fueron detenidos el pasado mes de junio de 2017 después de una operación desplegada por la Udef de la Policía Nacional. Están acusados de contratar los uniformes tanto de la Policía Local como de Protección Civil de manera fraudulenta, sin mediar concurso público, y con importantes desajustes entre el material contratado y el posteriormente servido a los operaciones del ayuntamiento. 

La alarma saltó en el consistorio en diciembre de 2016, cuando se comprobó que el material remitido por la empresa a la Policía Local de Santa Pola no coincidía con lo contratado: es decir, había material diferente y más cantidad. Y, además, en muchos de los pedidos, que se tramitaban con contratos menores; es decir, con la invitación de tres empresas, los accionistas de éstas coincidían: es decir, que la empresa agraciada, Almacenes Riera, que opera en multitud de ayuntamientos, se presentaba con varios nombres, como Manufacturas Redován SL; Unidepol SL y Polmuniform SL. 

Según ha venido publicando Alicante Plaza, además de las posibles irregularidades en la contratación, también figura en el expediente judicial numerosos correos electrónicos que muestran como uno de los investigados, Roque Alemañ, a su vez, presidente del Club de Atletisme de Santa Pola y cara visible de la empresa de cronometraje ChipLevante- utilizaba el correo de la empresa para realizar sus funciones de Policía y de la Policía para cuestiones de logísticas de las carreras populares. También se recogen conversaciones con la responsable comercial de la empresa Uniformes Riera, María Isabel Amorós Poveda, que también figura como investigada, para que los pedidos no pasaran de 18.000 euros de euros y de esta manera, evitar la licitación del suministro de los uniformes, o supuestas subidas de precios para cuadrar importes.

Ahora, casi un año y cinco después, si ninguna de las partes no solicita la prácticas de nuevas diligencias, la juez deberá decidir si archiva, como piden los acusados, o abre juicio oral, como solicita la acusación y probablemente el Ministerio Público, que fue quien presentó la denuncia a raíz de los informes elaborados por la Udef.

Hay que recordar que además de los uniformes, por el momento hay otras tres causas judiciales relacionadas con ésta: el cobro desorbitado de horas extraordinarias por parte de los agentes de la Policía Local; el caso de la Clínica Gran Alacant o el derrumbe del colegio de la Hispanidad.