La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez; el alcalde, Luis Barcala; y la edil de Hacienda, Lidia López, en la presentación del presupuesto de 2021.ALICANTE. La maquinaria de la negociación sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2022 echa a rodar de manera oficial con la intención de que las cuentas puedan entrar en vigor en el año natural, como avanzó este diario. Ese fue el deseo que verbalizó este lunes el propio alcalde, el popular Luis Barcala, durante la visita girada al yacimiento del Parque de las Naciones, en la que aseguró que el cumplimiento de los tiempos "es una asignatura pendiente" para que pueda contarse con los plazos necesarios para poder ejecutar las inversiones que se presupuesten. Así, admitió que ya se ha recibido los informes de necesidades de cada uno de los departamentos municipales y que se está tratando de encajar esas peticiones. Y, además, añadió que el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por Partido Popular y Ciudadanos) pretende volver a abrir la planificación económica municipal al diálogo con el resto de fuerzas políticas representadas en la corporación.
Esas conversaciones quedarían enmarcadas en dos primeros ejes básicos. El primero, que parte de las inversiones previstas para este próximo año ya quedaron apuntadas como actuaciones plurianuales en el presupuesto actual. Es decir, que las cuentas de 2022 deberán dar continuidad a muchos de los proyectos que ya se contemplaron este año. Sería el caso, por ejemplo, del proyecto de peatonalización de calles del Centro Tradicional, ahora en fase de licitación para el eje Constitución-Bailén, que se pretendería extender a otros ejes como el de la Rambla. Y segundo, que las aportaciones que pudiesen formular los cuatro grupos de la oposición podrían quedar supeditadas a la disponibilidad de los remanentes, en torno al mes de abril, como posible espacio para que pudiese alcanzarse un entendimiento. Es decir, que el bipartito podría comprometerse a incluir las peticiones de PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox en esa segunda fase, a través de modificaciones de crédito, siempre que los grupos opositores no bloqueasen la aprobación de las cuentas con su hipotético rechazo en bloque.
El problema es que, en esta ocasión, el bipartito aborda la confección del presupuesto envuelto en dos situaciones inéditas. La primera, la ausencia clara de un hipotético socio externo capaz de permitir que el presupuesto prospere. Hasta el momento, PP y Cs han contado con la anuencia o el respaldo explícito de Vox para que las cuentas quedasen aprobadas en 2020 y en 2021. Pero, como ya ha informado este diario, el portavoz municipal del partido de Santiago Abascal, Mario Ortolá, mantiene su plante frente al PP anunciado tras la celebración del pleno ordinario de julio. Así, los dos ediles de Vox -que resultan claves para decantar mayorías en las votaciones de pleno- persisten en su rechazo a participar en cualquier propuesta de negociación con el equipo de gobierno mientras sus dos componentes "no pidan disculpas públicamente a los votantes de Vox" por votar a favor una declaración institucional presentada por Compromís en la que, según Ortolá, se relacionaba "las intervenciones de Vox en las instituciones y en medios de comunicación con asesinatos de personas inmigrantes, mujeres y homosexuales".
El tiempo resolverá si PP y Cs acceden a esa exigencia previa. O, en caso contrario, si la advertencia de Vox queda en una mera pose o realmente llega a cumplirse hasta sus últimas consecuencias. Lo que sí parece descartado es que PSOE, Unides Podem EU o Compromís estén dispuestos a facilitar que el bipartito saque adelante su presupuesto con la promesa de compromisos de futuro, toda vez que los tres partidos vienen reiterando su desconfianza en la palabra dada por Barcala, al tiempo que persisten en criticar lo que consideran incumplimientos manifiestos.
Y, al margen de esa complicación, el bipartito debe superar su propio debate interno. La confrontación de puntos de vista no vendría tanto por las diferencias de fondo que puedan plantearse entre los dos socios de gobierno, ya que, tras dos años de experiencia previa, las dos fuerzas comparten gran parte de los objetivos a alcanzar. No obstante, el problema puede surgir en lo que respecta a la delimitación de las prioridades: es decir, qué iniciativas entre las que no quedaron ya perfiladas en 2021 resultan más urgentes. Y ahí es donde la inestabilidad de Cs, derivada de los últimos acontecimientos registrados en la política nacional (con la fallida moción de censura de Murcia, las elecciones autonómicas de Madrid y la cascada de bajas en sus filas) puede acabar jugando un papel determinante.
Por lo pronto, según fuentes consultadas, todo parece indicar que, en esta ocasión, no será el edil de Deportes, José Luis Berenguer -quien viene ejerciendo como coordinador del grupo municipal desde el principio de mandato- quien lleve la batuta de la negociación de las cuentas por parte de Cs. En principio, esa responsabilidad podría quedar asumida de manera directa por su portavoz municipal, vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez. Y lo cierto es que no es una responsabilidad menor, ya que el presupuesto de 2022 debe ser el determinante para poner en marcha los proyectos que puedan estar terminados en 2023. Es decir, antes de las próximas elecciones municipales. Así que, sea quien sea el interlocutor definitivo de Cs, será el que tendrá que defender las iniciativas de las áreas de gestión que manejan sus concejales: Urbanismo, Cultura, Turismo, Deportes e Igualdad, Juventud y Cooperación.
