Un operario del servicio de limpieza, en plena labor de baldeo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, el bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, concluye el expediente sancionador incoado frente a la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura por un incumplimiento de contrato con la imposición de una multa de 123.000 euros por defectos en el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 2016.
Se trata de la penalización de mayor importe entre las aplicadas hasta ahora a la UTE que conforman FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica, que se deriva de una falta no relacionada de manera estricta con las condiciones de la prestación efectivamente ejecutada. Los expedientes sancionadores anteriores se incoaron, fundamentalmente, por la no realización de desbroces de caminos. En concreto, el primer expediente, que corresponde al mes de julio de 2019, planteaba una penalización por importe de 53.000 euros por la falta de desbroce. El segundo expediente, correspondiente al mes de agosto de ese mismo año, proponía una penalización por un importe global de 72.000 euros. En este caso, el motivo fundamental de su apertura también fue la falta de desbroce, aunque, según concretaron entonces fuentes municipales, también se incluía como segunda causa de penalización, la observación de deficiencias en la calidad de la limpieza.
En esta ocasión, la sanción deriva de la presentación de un informe incompleto sobre el año 2016 que los técnicos del departamento de Limpieza consideran no ajustado a los requisitos para admitirse como auditoría en los términos previstos en el pliego de condiciones. En concreto, en su artículo 6.10 se establece que la concesionaria debe aportar anualmente un estudio de "supervisión externa para corrección de desvíos"; un requisito que, según el expediente sancionador, no se cumplía con la información que se facilitó al ayuntamiento hace cinco años. De ahí que, en junio de 2019, el departamento de Limpieza aplicase ya una primera detracción por un importe de 41.239 euros por el precio mínimo que debía alcanzar la realización de ese estudio, según contrato.
UTE Alicante recurrió ese disminución mediante la interposición de un contencioso. Y, además, presentó alegaciones frente al expediente sancionador en las que defendía que no había incurrido en ningún incumplimiento contractual. Es más, según figura en la resolución del expediente, la concesionaria consideró que esa penalización tenía como finalidad "castigarle por haber recurrido ante los tribunales un acuerdo del ayuntamiento, constituyendo ello una desviación de poder".
Con todo, en la resolución sancionadora aprobada en Junta de Gobierno este martes se concreta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante desestimó el recurso de la UTE frente a esa minoración. Además, se añade que el juzgado no podía pronunciarse sobre la aplicación de la penalización de 123.000 euros, puesto que no era objeto de la disminución que se recurría. De ahí que se confirme la sanción por el importe propuesto, que se deducirá de las cantidades que deban abonarse en lo sucesivo a través de las certificaciones mensuales por la prestación del servicio.
La penalización se suma a la minoración por el coste mínimo que debía tener la realización del estudio: otros 41.000 euros
La sanción se aplica en el contexto en el que se sigue analizando el cumplimiento del contrato a través de una comisión de fiscalización que se aprobó constituir en el pleno de septiembre de 2019 a iniciativa de Compromís. La propuesta quedó aprobada por unanimidad de modo que su primera sesión quedó convocada para finales de febrero de 2020. Los trabajos de análisis de esa comisión se retomarán el próximo día 5 de marzo, con una nueva sesión en la que se ha previsto las comparecencias de los concejales que han desempeñado las competencias de Limpieza desde que se aprobó el contrato actual, en el año 2013. Así se acordó en la sesión celebrada el pasado 4 de febrero, en la línea de lo que ya se había anticipado en la reunión precedente, el pasado diciembre.
En principio, como parecía previsible, solo han confirmado su presencia los exediles de Guanyar, Víctor Domínguez y Miguel Ángel Pavón, al margen del actual concejal, el popular Manuel Villar, quien ya confirmó en el transcurso de la sesión precedente su predisposición a responder a las preguntas de los miembros de la comisión en último lugar. Al margen de ellos, tanto el exconcejal del PP, Andrés Llorens, como el exedil socialista Fernando Marcos, ya han rechazado la posibilidad de comparecer. Por último, el exconcejal del PP, Israel Cortés, no ha facilitado ninguna respuesta.
