ALICANTE. La comisión municipal encargada de fiscalizar el cumplimiento del contrato de limpieza viaria y recogida de la basura de Alicante congela sus trabajos hasta el mes de enero a la espera de que sus miembros puedan disponer de más información. La decisión se acordó este jueves, en el transcurso de una nueva sesión de trabajo prácticamente infructuosa, después de que no se produjese la comparecencia de un representante de la empresa concesionaria (la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) solicitada durante la última reunión de la comisión.
El departamento de gerencia de la UTE se limitó a remitir una notificación de respuesta a esa solicitud en la que se indica que la comisión municipal no forma parte de los órganos de control sobre la ejecución del contrato. En todo caso, en ese mismo escrito se añade que la UTE "permanece a disposición del responsable del contrato", el técnico municipal Sebastián Chicote que compareció en la última reunión de la comisión, "para colaborar en su seguimiento y control".
A la vista de esa ausencia, los concejales de los seis grupos políticos representados en la comisión acordaron dirigir por escrito las preguntas que se pretendían plantear al compareciente con la confianza en que se pudiesen obtener respuestas a través de ese mecanismo. Eso sí, el acuerdo no evitó que los ediles de PSOE, Unides Podem y Compromís (Raúl Ruiz, Llanos Cano, Vanessa Romero y Natxo Bellido) criticasen la decisión de los representantes de la UTE por no dar explicaciones ante los representantes públicos de la institución que contrata sus servicios. Máxime cuando se trata de uno de los contratos "más importantes de ciudad y que supone un mayor gasto, de más de 37 millones anuales", según subrayó Ruiz.
Al margen de ello, los representantes de la oposición también recriminaron al edil de Limpieza y presidente de la comisión, el popular Manuel Villar, que siga sin atenderse la petición de documentación que se formuló desde el momento en el que la comisión quedó constituida, hace nueve meses. Entre esta información solicitada se encuentra la relativa a la ejecución del plan de inversiones del contrato, los partes de inspección de la concejalía, los informes y contratos de compraventa de la flota de vehículos, el inventario de medios de control informáticos, o los informes detallados emitidos mensualmente por la empresa.
Al respecto, Villar alegó que al menos parte de esa documentación se había remitido por error a una dirección de correo electrónico equivocada. En cualquier caso, añadió que se trataría de habilitar el mecanismo telemático adecuado para que los miembros de la comisión pudiesen acceder a parte de esa documentación, ya que no se disponía de parte de la información solicitada.
El compromiso no evitó, igualmente, que los representantes de la oposición criticasen al unísono "la opacidad" y la "falta de transparencia" que, a su juicio, habría vuelto a ponerse de manifiesto "por el bloqueo" a la hora de facilitar esa información.
Por último, los representantes de la comisión trataron de definir la programación de las próximas sesiones con el planteamiento de nuevas comparecencias. En esta línea, la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, apuntó que su grupo solicitaría que compareciese el actual edil de Limpieza para que pudiese responder sobre su gestión al frente del departamento.
La propuesta motivó que el portavoz del equipo de Gobierno y edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), defendiese que, en ese caso, también sería necesario que compareciesen los ediles que ostentaron esa delegación durante el pasado mandato, lo que incluiría a los ediles de Guanyar, Víctor Domínguez y Miguel Ángel Pavón, y al edil socialista Fernando Marcos, al margen del popular Israel Cortés (quien ya fue citado sin éxito en la comisión sobre la limpieza de colegios y dependencias municipales).
No obstante, el planteamiento suscitó otra propuesta alternativa formulada por el portavoz de Compromís. Bellido replicó a Manresa que, en ese caso, lo correcto sería que se solicitase la comparecencia de todos los concejales que asumieron las competencias sobre el contrato de limpieza y recogida de residuos desde el momento en el que se produjo la adjudicación del servicio, en el año 2012, bajo el mandato del PP.