Edificios en la zona de las Filipinas en Orihuela Costa. Foto: APORIHUELA. Varias viviendas, fuera de la ordenación urbana en Las Filipinas, en Orihuela Costa, podrían ver legalizada su situación en el plan general. El Ayuntamiento de Orihuela ha dado su visto bueno al informe ambiental y territorial estratégico necesario como uno de los pasos para legalizar estas casas que incumplen requisitos de configuración de parcela.
Lo que busca el promotor de la obra es modificar puntualmente el plan para incluir a estas edificaciones cuyas parcelas sufrieron segregaciones antes del PGOU de 1990 y aprobar estos cambios según el Plan General vigente en Orihuela.
La parcelación que impone el PGOU, declara indivisibles las parcelas del plano y esta composición no coincide con la estructura real de la propiedad, que fue modificada antes de su aprobación. Existen, pues, parcelas inferiores a la mínima, edificaciones que no cumplen retranqueos, u ocupación o edificabilidad. Todas ellas consecuencias que no entran en la ordenación del territorio.
Esta legalización lleva en mano del Ayuntamiento desde hace varios años. Este paso, en cualquier caso, sobre abre la llave a los motivos medioambientales de la actuación y aún debería pasar el filtro de la posición jurídica de la Corporación con respecto al planeamiento.
Y es que, uno de los mayores escollos a salvar por los promotores es el borrador de instrumento de planeamiento, que aún debe ser analizado en profundidad para ver qué efectos que puede tener sobre las parcelas y edificaciones existentes. Mientras que los promotores argumentan que la legislación les cubre porque "toda parcela cuyos parámetros cumplan las normas generales y las ordenanzas particulares, así como justifiquen su fecha de segregación, siendo ésta anterior a la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (25 de julio de 1990) de Orihuela, serán susceptibles de regularizar su situación urbanística”, como es el caso de su obra, los técnicos del Ayuntamiento mantienen que esa regulación "parece insuficiente para dar cabida en la misma a todas las edificaciones existentes, firmes, consentidas, inscritas en el registro de la propiedad" ,… y, además, consideran que no es coherente con el principio de economía procesal, desaprovechar la oportunidad para regularizar todo el sector. En cualquier caso, dicha modificación no alteraría los efectos para el medio ambiente para los que el Consistorio ha dado luz verde.
Para los promotores, el alcance de la modificación, se limitaría exclusivamente a la nueva configuración de las parcelas de suelo urbano cuyas edificaciones cumplan con los parámetros urbanísticos fijados en Plan de Urbanización “Las Filipinas”. Así, no entrarían los cambios de las vías en el perímetro de las parcelas, con la actual configuración y manteniendo los aparcamientos disponibles. Además, tampoco ampliarían el suelo residencial. Quieren reflejar el número real de las viviendas, que existen físicamente y, aseguran, cumplen con los parámetros urbanísticos de Las Filipinas en suelo urbano consolidado.
Esta modificación tendrá que pasar el visto bueno de la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), modificada por el Consell en marzo de 2018, y que incluye nuevos instrumentos jurídicos para que los ayuntamientos puedan dar solución a las malas prácticas y a la falta de disciplina en este campo, como las "urbanizaciones o PAIs fantasma".
En este sentido, la Ley del Territorio garantiza el control público de los crecimientos de las ciudades, fomentando los desarrollos en áreas ya urbanizadas y evitando que se puedan reclasificar zonas como suelo urbanizable. Esta posibilidad únicamente se podrá realizar a través de programas de gestión directa por las administraciones.
En el caso de los Planes de Acción Integrada (PAI), la normativa tratará de evitar que intereses particulares puedan prevalecer frente a los generales, además de favorecer un crecimiento más sostenible.
