Vista de la planta del consorcio Mare en El CampelloALICANTE. La modificación del contrato de la planta de residuos de El Campello gestionada por el consorcio Mare (los municipios de las dos Marinas y el que acoge la planta) para ampliar su capacidad, denunciada por Ecologistes en Acció ante la Comisión Europea por haberse firmado sin sacar a licitación las obras necesarias ni anunciarlas en el Boletín de la Unión Europea, contó con el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en un dictamen emitido el 30 de septiembre pasado. Sin embargo, no se trató de un dictamen al uso, sino de una aclaración a otro que, inicialmente, era contrario a la ampliación.
Así, el CJC emitió su primer dictamen, a petición del consorcio, el 31 de julio de 2019. En este pronunciamiento, el órgano consultivo rechazaba que el consorcio Mare modificase el contrato de concesión de las instalaciones a favor de FCC para ampliar la planta, al no contar con autorización ambiental integrada para tal proyecto. "No procede que en el momento actual el órgano de contratación del consorcio apruebe el modificado complementario cuyo procedimiento fue iniciado por la junta de gobierno del consorcio el 16 de abril de 2019".
Así, el CJC ofrecía al consorcio dos alternativas. O bien tramitar y obtener la autorización ambiental integrada del proyecto de modificado antes de aprobar este último, o bien esperar a la finalización del contrato en vigor, preparar un nuevo proyecto y obtener la autorización ambiental para este, y luego sacarlo a licitación. Sin embargo, en agosto el consorcio Mare pidió al órgano consultivo un nuevo dictamen en base a dos informes de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Generalitat, que venían a justificar que el modificado propuesto ya estaba contemplado en la autorización ambiental de 2016, y que al no tratarse de una modificación sustancial, no era necesario obtener una nueva.
Así, en el nuevo dictamen emitido a finales de septiembre, el CJC se remite a la documentación complementaria aportada por el consorcio y firmada tanto por la Dirección General como por el Servicio de Gestión de Residuos (que depende de la primera) para señalar que, a la vista de que "las modificaciones que se proponen en el contrato disponen ya de autorización ambiental integrada", tal como indican los citados informes aportados, "nada obsta a la aprobación del citado proyecto de modificado del contrato de gestión". El consorcio Mare anunció que contaba con este visto bueno del Jurídic Consultiu en octubre, y en diciembre se firmó la modificación.
El dictamen aclaratorio del anterior fue elaborado por todo el plenario del órgano consultivo (habitualmente, las aclaraciones las elabora un solo miembro), tal como se indica en el propio documento, al que ha tenido acceso este periódico. Si bien no es frecuente que una aclaración cambie completamente en sentido del dictamen aclarado, sí sucede en algunas ocasiones. En este caso, una portavoz del CJC explicó a Alicante Plaza que "si el dictamen negativo se emitió por falta de documentación, y esta se subsanó, es lógico que la aclaración del dictamen lo convierta en favorable".
En realidad, no se aportó la autorización ambiental que reclamaba el órgano consultivo, sino un informe de un alto cargo del Consell excusando al consorcio de aportarlo. Es más, la empresa concesionaria, FCC, ha tenido que obtener finalmente la citada autorización ambiental integrada para presentarla al Ayuntamiento de El Campello en la tramitación de la licencia de obra. Dicha autorización llegó, como ya ha contado Alicante Plaza, en abril de 2020.
El presidente del consorcio Mare y alcalde de Orxeta, José Vicente Ferriz, explicó a preguntas de este diario que "se pidió el informe del Consell Jurídic Consultiu por la cantidad del modificado", de 20 millones de euros, "y hubo una consulta sobre si necesitaba autorización ambiental". La documentación aportada por la empresa evidenció, según el alcalde, que las obras "no implicaban una modificación sustancial", y por este motivo "nos dieron el visto bueno. Lo que examinaba el CJC era el procedimiento, y el dictamen fue positivo". Luego, ya en abril, FCC obtuvo la autorización ambiental que según el consorcio y la Generalitat no era necesaria para modificar el contrato, y la presentó al Ayuntamiento de El Campello para obtener la licencia.
Como adelantó este periódico, la ampliación de la planta de El Campello, cuyas obras se espera que comiencen en un mes, ha terminado también en la Unidad de Mercado Interior de la Comisión Europea, tras una denuncia de Ecologistes en Acció en el sentido de que el procedimiento empleado (modificar un contrato de servicios para financiar unas obrasen lugar de licitarlas) vulnera la normativa europea. Se trata de la misma denuncia que ya se realizó contra la ampliación de la planta de Elche, y en la que la CE admitió que vulneraba la normativa pero propuso archivar porque no denotaba un incumplimiento generalizado de la norma en España (que es lo que podría sancionar la Comisión).
Tras recibir la nueva documentación, Mercado Interior ha decidido acumular el expediente de El Campello al de Elche, y mantener abierta la investigación. En paralelo, el Ayuntamiento de El Campello denegó la licencia de obra a FCC por errores en la documentación aportada, pero le permitirá subsanarlos mientras realiza las obras si se compromete a ello por escrito, como también ha informado este periódico. Y por su parte, Esquerra Unida, Ecologistes en Acció y una veintena de vecinos han recurrido la modificación de la autorización ambiental integrada de abril, al considerar que incumple la propia normativa autonómica: con la modificación que se va a acometer, la planta de El Campello tampoco cumple el Plan Integral de Residuos (PIR) en cuanto a las cantidades recicladas.
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