Centro de tratamiento del consorcio Mare, en una imagen de archivo ALICANTE. El colectivo de Ecologistes en Acció no ceja en su empeño y ha decidido aportar más documentación a la Comisión Europea para demostrar que la ampliación de la planta de residuos de Els Cremats en Elche con una modificación del contrato de servicios y sin sacar las obras a licitación no es un caso puntual. Como adelantó Alicante Plaza, Bruselas archivó la investigación a dicha ampliación, tras admitir que vulneró algunos apartados de la normativa de contratación europea, porque de un caso puntual no podía inferirse que España estuviese aplicando mal dicha normativa de forma generalizada. Ahora los ecologistas intentan demostrar lo contrario con más casos.
En su respuesta a la carta del responsable de Mercado Interior de la Unión Europea, Alvydas Stancikas, en la que informaba del archivo del caso pese a observar el citado incumplimiento, los ecologistas defienden que "sospechamos que esa actuación no sea un caso puntual de infracción de la normativa europea, sino que pudiera ser extensible a otros casos similares". Para ello, los denunciantes ponen en conocimiento de Stancikas el caso de la ampliación de la planta de residuos de El Campello, que presta servicio a los municipios de la Marina Baixa y la Marina Alta, y donde según la denuncia se ha llevado a cabo un procedimiento similar al de Elche para financiar su ampliación.
Así, el presidente del Consorcio, José Vicente Ferriz (alcalde de Orxeta) y el representante de la empresa concesionaria del tratamiento de residuos, FCC, firmaron el pasado 20 de diciembre la modificación del proyecto de gestión de la planta. La inversión en las obras previstas en manos de la concesionaria tiene un coste superior a 20 millones de euros, según los ecologistas (el consorcio la cifró en su momento en 18 millones). "No nos consta que esas obras hayan sido licitadas, sino que se ha procedido a la modificación del contrato previo, que además no se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea", argumentan los denunciantes.
Alvydas Stancikas, jefe de la unidad de Mercado Interior que ha investigado la denuncia de EcologistesEn este caso, según argumenta la denuncia, "la justificación o amparo legal para tramitar esa modificación contractual, sin tener en cuenta las Directivas sobre Contratación Pública de 2014, reside en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que nos podríamos encontrar en una situación generalizada de incumplimiento de la normativa europea", indican. Es decir, que sería la ley española de contratación que invocan dichas modificaciones la que no casaría con la directiva europea, y por tanto, sí podría hablarse de incumplimiento generalizado en nuestro país.
El Consorci Mare, que gestiona la planta de residuos del Plan Zonal 6, área de gestión A1 (donde se integran los 52 municipios que abarcan las comarcas de la Marina Alta y de la Marina Baja, junto con el municipio de El Campello), aprobó por unanimidad de sus socios la modificación del contrato de servicios en diciembre de 2018, para que la concesionaria del servicio, FCC, asumiese unas obras de mejora que buscaban no solo optimizar el tratamiento y aumentar el rendimiento de las instalaciones, sino también reducir las emisiones de olores.
El pasado mes de octubre, el Consell Jurídic Consultiu dio el visto bueno a la modificación del contrato de gestión, tal como ya había hecho también con el modificado de la planta de Elche, la primera denunciada por los ecologistas ante la Comisión Europea. Los ecologistas denunciaron en 2018 que la ampliación de Els Cremats, explotada por la UTE Urbahormar (formada por Urbaser y CHM), se había llevado a cabo con una modificación del contrato de servicios en lugar de sacar la obra a licitación. Dicha modificación al alza del contrato se valoró en 19 millones de euros de inversión, que se compensaron a la UTE con un incremento del canon anual del 47,2%.
La unidad de Mercado Interior, tras investigar pormenorizadamente la documentación, concluyó que para la modificación del contrato de concesión de 2017 debería haberse publicado un anuncio en el Diario Oficial" de la UE, "aún cuando dicha Directiva no hubiera sido transpuesta a la legislación española en ese momento". Sin embargo, al considerar que la denuncia se refería a "un caso individual de aplicación incorrecta del Derecho de la UE" pero sin "indicios suficientes de una práctica general", anunció a Ecologistes su intención de archivar, algo que ahora pide el colectivo que no haga aún para seguir investigando.
