Operario en la planta de tratamiento de Els Cremats, en una imagen de archivo. Foto: APALICANTE. La Comisión Europea sigue adelante con el estudio de la denuncia presentada por Ecologistes en Acció contra la ampliación de la planta de tratamiento de residuos Els Cremats, en Elche, por haberse realizado con una modificación de contrato a la concesionaria en lugar de con una licitación pública. La denuncia, adelantada en julio de 2018 por Alicante Plaza, fue admitida a trámite en octubre del año pasado por la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea, y ahora se ha confirmado que las instancias europeas van efectivamente a investigar el procedimiento, por si vulnera alguna normativa comunitaria.
Así se desprende de la respuesta de la Dirección General de Mercado Interior al colectivo denunciante, fechada el pasado 24 de septiembre, en la que se indica que la denuncia "plantea cuestiones que requieren de un examen pormenorizado, que está actualmente en curso". La misiva, firmada por el jefe de la unidad, Alvydas Stancikas, señala que la Comisión Europea informará de la evolución de dicho examen. No obstante, tanto la Generalitat Valenciana como la Diputación de Alicante, que forman parte del consorcio que aprobó la modificación contractual, señalaron a preguntas de este diario que no les consta ninguna petición de información por parte de Bruselas.
Tal como informó este diario, la unidad que dirige Stancikas examinará los hechos denunciados por Ecologistes en Acció a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable en la materia, y en el plazo de un año (que, en teoría, se cumple a finales de este mes) apreciarán si procede dar curso o no a la denuncia. Así, la Dirección General de Mercado Interior deberá adoptar una decisión de requerimiento o de archivo, y "propondrá, en su caso, que [la denuncia] se transfiera al mecanismo de resolución de problemas más adecuado". En cualquier caso, el objetivo de esta investigación es asegurarse de que la legislación española, que ha permitido la modificación contractual, se ajusta al derecho europeo y que éste se aplica correctamente, por lo que la denuncia no tendrá efectos prácticos sobre la planta de Elche.
Como se recordará, los ecologistas denuncian que la amplicación de la planta, valorada en 19 millones, se encargó directamente a la UTE que ya gestionaba la planta, Urbahormar, (formada por Urbaser y CHM) sin sacarla a concurso, a cambio de un incremento en el canon que se trasladará a las tarifas que pagan los diez ayuntamientos miembros del consorcio. A juicio del colectivo ecologista, esta forma de proceder vulnera dos normativas europeas sobre Contratación, la 2014/24 UE y la 2014/23 UE, que obligarían a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), para que cualquier empresa de un estado miembro pudiese presentar una oferta.
