De Gea, Díez y Echávarri, a su llegada a los juzgados. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE). El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y sus dos cargos de confianza, Lalo Díez y Pedro de Gea, que también han declarado en calidad de investigados en las diligencias abiertas por el llamado caso Comercio, han negado este viernes ante la jueza que incurrieran en un fraccionamiento ilegal de contratos, según han informado fuentes próximas al caso.
Los tres han comparecido como investigados por un presunto delito de prevaricación ante la juez María Luisa Carrascosa en el marco de las diligencias abiertas a raíz de la denuncias presentadas por el grupo municipal del PP y de Ciudadanos (C's).
Según las mismas fuentes, el alcalde ha asegurado que ignoraba el objeto concreto de esas adjudicaciones, fechadas en diciembre de 2016, hasta el pasado mes de febrero, cuando examinó los expedientes después de que un técnico de la Concejalía de Comercio (ahora relegado), Diego Agulló, le informara de que no podían tramitarse como contratos menores.
Echávarri ha aseverado que el visto bueno de estas facturas lo otorgaba, a través de una firma digital, su jefe de gabinete, el también investigado Lalo Díez, y ha manifestado que él confiaba "plenamente" en sus técnicos y asesores.
El regidor ha comparecido durante 40 minutos ante la titular del juzgado de Instrucción 9 de Alicante, aunque a la salida de la sede judicial ha rehusado desvelar el contenido de su declaración pese a la insistencia de los periodistas. Únicamente ha informado de que se había acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la acusación particular, que ejerce el grupo municipal del PP.
"El Partido Popular no me preguntó absolutamente nada en la comisión de investigación, que es un foro político para esclarecer los hechos. Por esa razón no he querido contestar a la acusación de Luis Barcala (portavoz del PP)", ha precisado.
"Cuando cuentas el relato de lo que ha pasado, estás tranquilo. A partir de ahora seguiré a disposición de la fiscalía y el juzgado para aportar cuantas pruebas consideren necesarias", ha agregado.
Los 25 contratos bajo investigación ascienden en total a 190.000 euros y tenían por objeto la difusión de la campaña de ventas navideñas del pequeño comercio o la organización de la gala del comercio, entre otros.
El PP sostiene que Echávarri, que también ejercía como concejal de Comercio en esas fechas, el asesor de dicho área, Pedro de Gea, y el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, prevaricaron al recurrir a la figura del contrato menor para adjudicar esos servicios y eludir así el concurso público.
En cambio, los tres investigados (término que sustituye tras una reforma legal al de imputado) han declarado que esas adjudicaciones se podían separar en distintos contratos porque no formaban parte de una misma "unidad funcional", según las fuentes consultadas.
Las declaraciones del alcalde, de Díez y de Pedro De Gea han sido muy similares a las que hicieron en su día en la comisión de investigación municipal constituida por el pleno municipal para esclarecer los hechos, después de que el ayuntamiento declarase la nulidad de los expedientes de las contrataciones.
La magistrada María Luisa Carrascosa ha tomado declaración también en esta jornada a cinco testigos: dos abogados municipales, el técnico Diego Agulló, el interventor municipal, Francisco Guardiola y el portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido (Compromís).
Los letrados han testificado que no apreciaron un fraccionamiento ilegal de la contratación, al contrario que Agulló, entonces jefe de servicio de la Concejalía de Comercio, y Guardiola, para quienes sí lo hubo.
Por su parte, al finalizar su declaración, Bellido ha informado a los medios de que su formación mantiene la exigencia de que Echávarri dimita y sea relevado al frente de la Alcaldía o, de lo contrario, Compromís romperá el pacto de gobierno que firmó en su día con el PSPV y Guanyar Alacant, formación esta última que ha reiterado también su petición de que el alcalde deje el cargo.
La juez instructora ha informado a las partes personadas en las diligencias de que citará en los próximos días a más técnicos y solicitará documentación al ayuntamiento para continuar con las pesquisas.
