De Gea, Díez y Echávarri, a su llegada al Palacio de Justicia de Benalúa. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE). El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha comparecido este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 en calidad de investigado por un delito de prevaricación administrativa a cuenta del supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio. El primer edil ha respondido a las preguntas planteadas por la jueza, María Luisa Carrascosa, y a las de los abogados de las defensas, pero se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular, que ejerce el PP.
Echávarri ha sido cuestionado durante cerca de unos 40 minutos. Al término de la comparecencia, no ha querido desvelar el contenido de su declaración ante los medios de comunicación que aguardaban su salida a las puertas del Palacio de Justicia de Benalúa.
"El Partido Popular no me preguntó absolutamente nada en la comisión de investigación, que es un foro político para esclarecer los hechos. Por esa razón no he querido contestar a la acusación de Luis Barcala", el portavoz municipal de los populares, ha precisado.
"Cuando cuentas el relato de lo que ha pasado, estás tranquilo. A partir de ahora seguiré a disposición de la Fiscalía y el juzgado para aportar cuantas pruebas consideren necesarias", ha agregado. En esta línea, se ha limitado a hacer "valoraciones políticas", pero no ha querido desvelar el contenido de su declaración porque la causa judicial "sigue abierta".
Además de Echávarri, también han declarado como investigados por el mismo delito, el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea.
La magistrada también ha interrogado, en este caso como testigos al portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido (Compromís), el interventor municipal, un técnico y dos abogados del consistorio. La titular del juzgado de Instrucción 9 de Alicante está investigando si los responsables de Comercio fraccionaron 25 contratos por un importe global cercano a los 190.000 euros para eludir el concurso público, como sostienen en sus denuncias el PP y Ciudadanos (C's).
