El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en una comparecencia ante los medios. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Caso Comercio: comisión de investigación, denuncia en Fiscalía y difusión de mensajes internos de los técnicos y funcionarios de la concejalía como puntales de la defensa. El alcalde de Alicante y edil de Comercio, el socialista Gabriel Echávarri, no tuvo reparos en dar a conocer este martes el cruce de comunicaciones entre los dos máximos responsables técnicos del departamento que dirige (la jefa del departamento de Promoción Comercial, Rosa María de la Iglesia, y el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló) y representantes de las empresas con las que se concertaron de manera directa (sin concurso) parte de los 25 encargos relacionados, entre otros asuntos, con campañas publicitarias que han motivado dudas del interventor municipal sobre la existencia de un fraccionamiento de contratos, por un importe global de 189.000 euros.
El primer edil hizo públicos esos mensajes para tratar de desacreditar algunas de las manifestaciones vertidas por el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, al dar a conocer el contenido de la denuncia presentada en Fiscalía por un supuesto delito de prevaricación administrativa. El líder de los populares había apuntado, en una comparecencia anterior, que todo el procedimiento se había seguido sin contar con la opinión de los funcionarios y de los técnicos del departamento y que no existía ningún antecedente en los expedientes que reflejase su intervención, por lo que atribuyó toda la responsabilidad de los contratos al concejal que firma la mayor parte de ellos: el propio Echávarri. "Si dio su conformidad con su firma debemos interpretar que estaba al corriente de lo que se había hecho", insistió.
De hecho, la denuncia del PP se dirige contra él "como autor material" de un delito de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 404 del Código Penal, en el que se establece una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un plazo de hasta nueve años, toda vez que "es la persona que procede a la firma y autorización de las facturas consumando el fraccionamiento de los contratos". Eso sí, el escrito deja abierta la posibilidad de que el procedimiento se extienda sobre otras personas "intervinientes en calidad de cooperadores necesarios".
Barcala sostuvo que la anulación del procedimiento normal de pago de los 25 contratos para acabar pagándolos por un procedimiento extraordinario (reconocimiento extrajudicial de crédito) no es una cuestión menor, ni una simple anomalía administrativa, y sostuvo que concurren todas las circunstancias para considerar que sí hubo un presunto fraccionamiento de contratos al menos en tres grupos de facturas relacionadas con la organización de la gala de entrega de los Premios de Comercio, con la señalización de los mercados municipales y con la campaña de promoción comercial con el lema "Alicante está de moda".
A su juicio, esos tres grupos de facturas sí constituyen "una unidad funcional, un mismo objeto", lo que obligaría a convocar un concurso público para permitir la libre concurrencia de empresas. Máxime si se tiene en cuenta que en esos tres bloques, como detalló Alicante Plaza, el importe de los pagos efectuados supera el límite de los 18.000 euros que la Ley de Contratación del Sector Público permite para los llamados contratos menores, lo que hubiera exigido un procedimiento de licitación regido "por los principios de publicidad y transparencia". Sin embargo, dijo, "se ha contratado con quien se ha querido lo que se ha querido", sin llegar a vincular esos encargos directos con ningún otra finalidad ni interés particular o político, en relación a la supuesta relación de las empresas contratadas con la organización de la campaña electoral del PSOE. "Si eso se diese, estaríamos hablando de otro supuesto delito", insistió. En todo caso, negó cualquier participación de las empresas proveedoras de esos servicios en el supuesto delito que la denuncia atribuye al primer edil.
Sea como fuere, lo que para el líder del PP parece claro es que "ha habido voluntad de actuar"; que las anomalías se conocieron después de que el jefe de servicio alertara sobre sus dudas en un informe fechado el 6 de marzo; que la anulación del pago de las facturas por el procedimiento habitual pudo ser un intento con el que eludir responsabilidades políticas y penales; y que el expediente que se ha elevado al Consell Jurídic Consultiu para que emita su dictamen que resulta preceptivo para anular esos contratos adolece de falta de motivación, lo que le llevó a advertir de que podía ser un efecto buscado: "Puede que el CJC considere emita un informe diciendo que no cabe la anulación de los contratos porque vea falta de motivación, pero eso no significa que se avale el procedimiento", dijo.
El alcalde sostuvo que fue él quien, a la vista de las dudas del interventor, planteó la anulación de los contratos de oficio para que el CJC dictaminase y las resolviese
Echávarri, por su parte, insistió en defender la corrección del proceso seguido. Explicó que los técnicos de Comercio sí participaron en el proceso y que sí se tuvieron en cuenta sus indicaciones. De ahí que se difundiese, incluso, algunos de los correos electrónicos que se intercambiaron con responsables de las empresas contratadas, como Publiasa o Makroprint. Además, insistió en que ningún informe pone reparos al pago de los servicios contratados y que, una vez realizados, el jefe del servicio que participó en ellos y el interventor municipal sólo expresan dudas sobre algunos de esos encargos. En esta línea, dijo que fue él quien, a la vista de esas dudas, planteó la anulación de los contratos de oficio para que el CJC dictaminase y resolviese esas dudas. Por ello, negó que existiese voluntad o intencionalidad en llevar a cabo ese supuesto fraccionamiento de contratos.
Es más, llegó a descartar que los ejemplos enumerados por Barcala como una supuesta unidad funcional puedan considerarse como tales. Detalló que la señalización de los mercadillos se fue planteando en distintos momentos temporales, aunque siempre entre noviembre y diciembre, a petición de los comerciantes de cada uno de ellos, por lo que dijo que hubiese resultado imposible que se considere que se los trabajos se trocearon para eludir el concurso público. Y sobre la organización de la gala de Premios de Comercio, dijo que tampoco puede considerarse que los encargos se troceasen, ya que se contrataron elementos diferentes.
En este punto, citó como ejemplo la denuncia presentada contra el Gobierno de Aspe a cuenta de la organización de la cabalgata de Reyes de Aspe, en la que se contrataron por separado los distintos elementos que iban a participar en ese desfile. Recordó que el juzgado archivó esa denuncia al avalar que se trataba de servicios distintos y que no existía ningún fraccionamiento.
Por último, quitó trascendencia a que en algunas de las órdenes de contratación figurase la firma de asesores o cargos de confianza porque se trata del procedimiento habitual a la hora de contratar determinados servicios como las campañas de publicidad que se difunden en medios de comunicación, vinculó la denuncia del PP al intento de Barcala en convertirse en candidato de su partido en las elecciones de 2019 y dijo que apoyaría la comisión de investigación propuesta por Ciudadanos.
La portavoz de este grupo municipal, Yaneth Giraldo, detalló, después, el contenido de la moción por la que se plantea la constitución de esa comisión de investigación y sostuvo que el PP se ha despertado de su letargo al presentar una denuncia en Fiscalía en relación a ese supuesto fraccionamiento de contratos. Con todo, dijo que la actitud de su grupo había sido la de ser consecuentes y tratar de esclarecer primero si existía alguna irregularidad antes de acudir sin más a la Fiscalía.
