Este verano, los ayuntamientos de los municipios del litoral se enfrentan a un dilema, un dilema heredado de la nueva normalidad, que posiblemente suponga un freno para estimular la economía, especialmente, al sector hostelero. Ese problema se llama limitación de aforo y, sobre todo, puede suponer un obstáculo si el aforo a una playa va aparejado a la limitación de aparcamientos, o viceversa. En el caso de que se den una de las dos circunstancias, siempre habrá dos perjudicados: el que llegue tarde, o el que quiera disfrutar de un servicio reglado, y que paga impuestos, como puede ser un restaurante o un chiringuito, y no podrá hacerlo por falta de aparcamiento, por estar éste limitado.
Estos primeros días de julio estamos viendo, por ejemplo, como muchas calas del litoral de la Marina Alta se ven obligadas a cerrar acceso por alcanzar e límite establecido en esta nueva realidad. A estas playas, llegan turistas de todo tipo: el que va a pasar el día, recorre muchos kilómetros para ir a una determinada playa y se van con el coche cargado de víveres; los que residen en un radio de acción próximo, pero precisan de apartamiento, y los propios vecinos.
Si la playa alcanza el límite establecido, como está sucediendo, posiblemente, los que tengan negocios por la zona, como pueden ser bares, restaurantes y chiringuitos, se encontrarán con un problema: no tendrán la rotación de público de otros años. Lo misma situación se dará si el aparcamiento tienen las plazas limitadas: con la pretensión de querer degustar un arroz viendo el mar, y sin necesidad de tener que meterte en el agua, posiblemente no puedas hacerlo. Puede pasar incluso en playas más grandes, que disponen de más capacidad, donde incluso teniendo la posibilidad de acceder, hacerlo sea una incomodidad por la distancia, o suponga una larga espera.
Hay poca solución, siempre y cuando se quieran cumplir con las medidas de distanciamiento social que exige la pandemia. Pero la excepcionalidad debe servir también para la reflexión: ¿era sostenible la antigua normalidad? Hay muchas dudas al respecto, y mucho debate. Vivimos un verano diferente, con muchos condicionantes, pero la reflexión debe estar latente: el destino turístico también debe vender y garantizar seguridad. Seguridad de que cuando sea elegido ese destino, se puedan disfrutar los servicios con la máxima calidad y comodidad posible. Garantía de que se llega a un destino y se puede aparcar y pasear en condiciones de una mínima respetabilidad. Las colas, si las hay, deben ser ágiles. Creo que no es bueno que se imponga el síndrome del sombrillero, el que llega antes, ocupa el sitio y el que venga más tarde, que se apañe (si puede; ahora, es posible que si llega más tarde de las 12 del mediodía, no pueda). Se trata al fin y al cabo, de armonizar oferta y demanda para que la experiencia que se transmita sea la mejor posible. Algunos empresarios lo compartirán, otros no.
Es cierto que el debate ya existe en determinados destinos turísticos. Por ejemplo, el equipo de gobierno de Xàbia, liderado por el socialista José Chulvi, se ha mostrado en los últimos años favorable a una tasa para limitar el acceso de turistas a su municipio y al mismo tiempo invertir esa recaudación, la que sea, en la mejora de los servicios. No es nada nuevo: los municipios del litoral hacen muchos esfuerzos en los meses de verano para mantener sus servicios y no reciben nada por estos gastos extraordinarios.
La nueva normalidad ha aportado racionalidad, sobre todo, a la hora de controlar el acceso a las playas. Ese control ha generado o generará perjudicados, como los hosteleros: no podrán facturar lo de veranos anteriores, y no sólo porque venga menos visitantes. Los ayuntamientos deben replantearse la viabilidad de muchos servicios. Y mientras no se les permita el acceso a los fondos del superávit, que duermen el sueño de los justos en las cuentas bancarias (por las que ahora pagan comisión, o se legisle para compensarlos -algo que en 40 años de Democracia no se ha dado- pues no es de extrañar que aparezcan debates sobre la fiscalidad de determinados servicios, o destinos, como ha ocurrido con la Tasa Covid en algunos establecimientos. Y tampoco sería descabellado que el propio sector privado (como el hostelero) lo proponga, o pague por ello, para ofrecer un servicio (o una garantía) mejor a sus clientes. El aparcamiento puede ser el ejemplo. Es un viejo truco (servicio) que puede agitar conciencias. Ir con la garantía de que sabes que puedes llegar. Lo contrario puede ser un fracaso.