La nueva realidad ha cambiado o va a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, esta semana hemos visto como algunos negocios han comenzado a cobrar la denominada tasa Covid: se trata de una tasa que pretende compensar los gastos en medidas de seguridad adicionales que adoptan los establecimientos que reabren sus puertas tras la pandemia, entre ellos, peluquerías, terrazas, clínicas dentales, tiendas de ropa o colegios privados o concertados, si bien deber ser razonable y acorde con su finalidad.
Cuando suceden cosas de este tipo, normalmente se genera cierta polémica a su alrededor. En este caso, sobre su legalidad y si es o no abusivo hacerlo. Pronto salieron las asociaciones de consumidores (la OCU)y algún despacho de abogados, como Legalitas, para dictaminar acerca del nuevo recargo. Casi todos coinciden en que es legal, que debe ser advertida con anterioridad al cobro y que en algunos casos, puede ser abusiva. No hay regulación, por lo tanto, no sabemos cómo está cuantificado el recargo que suman los establecimientos a los gastos generados por la limpieza, desinfección o por las limitaciones de aforo ha impuesto el Gobierno, de acuerdo con la fase en la que se encuentra el territorio en cuestión.
Entiendo que la tasa Covid se cobrará de manera excepcional mientras dure la pandemia o la vigencia de la obligatoriedad de las medidas de seguridad. Pero esto mismo que ha aplicado la iniciativa privada se podría trasladar a la esfera pública. Por ejemplo, adaptar las playas a la nueva normalidad va a suponer un gasto importante a los ayuntamientos: más personal, nueva tecnología y más medidas de seguridad, que a lo mejor se convierten en horas extras de los agentes de la Policía Local o los controladores de turno. Que se sepa, ningún consistorio va a aplicar algo parecido a la tasa Covid. Es más, lo normal es que este gasto, y muchos otros que ha provocado la crisis sanitaria, haya destrozado presupuestos y haya disparado los gastos de las arcas municipales y haya reducido los ingresos. Lo recuperarán, si todo va bien, en próximos ejercicios, y si la recuperación económica sigue las previsiones establecidas. Lo tendrán que hacer mientras el Gobierno mantiene secuestrado el superávit de las administraciones locales en los bancos y la Generalitat no obtiene solución a su endémica infrafinanciación. Es decir, en conclusión, menos recursos para atender más y mejor a los turistas sin generar más ingresos, más allá de lo que pueda aportar sectores como el de la construcción con nuevas licencias de obras. Poco más.
Ante este escenario, es posible que surja el debate de nuevas figuras impositivas, aunque sea de manera temporal y transitoria. O que sea de manera perenne, como podría ser la denominada tasa turística. Si surgen ya saben lo que pasará: saldría el sector hotelero a poner el grito en el cielo secundado por los partidos del centro-derecha a clamar contra esa hipotética medida. Nada nuevo. Lo normal es que mucho de esos hoteles este verano hayan tenido que hacer lo que han hecho peluquerías, terrazas, clínicas dentales, tiendas de ropa o colegios privados o concertados. Invertir en seguridad para ofrecer un servicio seguro. Otra cosa es que quieran extender la tasa. Podrá ser conveniente, o no, según se mire, pero cuando menos es lógico y coherente. Hay otra manera de camuflarlo: subes los precios y reportas los gastos extra de la seguridad en el precio final. En este caso, el orden de los factores no altera el resultado. Quizás sea menos decoroso que te suban el precio 20 céntimos de un café , pero es más sincero y pedagógico que te cobren una tasa, pongamos el caso, de dos euros, y que en el tícket te especifiquen que es por los gastos extra de la desinfección, las mascarillas de extrema seguridad y el gel hidroalcohólico.
No sé cuál será el desenlace de esta inesperada tasa Covid. Lo que si creo es que el debate de las tasas volverá, nos guste más o menos. Como siempre, como suele ocurrir en esta tierra, habrá toque de corneta: al mínimo intento de gravar o compensar los gastos de seguridad se montará la marimorena y saldrán la retahíla de patronales a cuestionarlo. Vale. A veces el valor pedagógico de una tasa genera más conciencia que un precio final de una factura. Ahora bien, cinco euros más en una tícket pueden tener más repercusión si después esa seguridad sanitaria no tiene las garantías suficientes. Es para pensarlo. No se extrañen que algunos sectores o destinos se lo planteen. O que lo haga la propia Unión Europea. Insisto, en España se optará casi siempre por subir los precios.
Pero a veces, en el contexto en el que nos encontramos, más vale una tasa pedagógica, y que dé garantías de verdad, que un desliz que ensombrezca todo un destino. No es lo mismo que la tasa turística, pero en el fondo si la finalidad es mejorar un destino, el debate es muy parecido, aunque el pago (o la recaudación) de esa recaiga entre todos los agentes implicados.