ELCHE. Tras un Real Decreto de Hacienda que entró en vigor en julio de 2018 para regular el control de las administraciones públicas, se obliga a las mismas a elaborar un plan de control financiero para fiscalizar los diferentes órganos. En el caso de Elche, el Consistorio encargó una auditoría pública a Deloitte a finales de 2018 mediante un contrato menor; una auditoría que ha establecido cuáles son los diez principales puntos flacos de la administración municipal desde hace años, por lo que se hace un análisis de las debilidades operativas del Consistorio. Una serie de aspectos que van desde las fallas en ciberseguridad hasta la infrautilización de la inversiones realizadas.
En primer lugar, este informe, que tiene en cuenta el primer semestre de 2019, apunta a la "ausencia de un plan integral de actuaciones que derive en programas, acciones y mandatos claros", en otras palabras, una mayor planificación de la corporación. También apunta el documento que las actuaciones que se realizan desde el ámbito municipal no son funcionales y que existe una infrautilización de las inversiones realizadas. Asimismo, también señalan desde Deloitte que se realiza una "inadecuada supervisión de sociedades municipales, participadas y organismos autónomos". En ese sentido, sí es conocido que Pimesa por ejemplo realiza auditorías externas, pero no ocurre lo mismo que se sepa con otros entes como Visitelche o Espais Verds. En 2018, la Sindicatura de Comptes advirtió de troceo de contratos e irregularidades en los pagos o la propia situación del Interventor municipal, sin plaza fija.
Sigue el documento apuntando a la demora en la implantación de la administración electrónica, e incidencias en el proceso de contratación tanto desde la perspectiva operativa como de cumplimiento normativo y del potencial enriquecimiento injusto. Hilando con esto último, la auditoría destaca la ausencia de mecanismos de supervisión y seguimiento de la concesión de subvenciones, así como la recepción de subvenciones relevantes por parte del Ayuntamiento. Por último, además de la ciberseguridad, también incide en la obsolescencia del equipamiento interno, la continuidad de las operaciones y la eficiencia operativa/productividad, la atracción de talento como cuenta pendiente y el absentismo. Además, también tras la liquidación del presupuesto se dará cuenta de los informes de reparo que haya podido poner Intervención.
Una vez identificados y evaluados los riesgos y debilidades de la administración, la agencia pone deberes al Consistorio: se debe elaborar el Plan Anual de Control Financiero concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas, el cual será remitido a efectos informativos al pleno municipal. Se espera que el informe pueda estar en abril. No obstante, desde el equipo de gobierno resaltan que hay algunos de esos diez ítems en los que ya están trabajando para solucionarlos, entre ellos la administración electrónica, que es uno de los aspectos de los Edusi en los que más se está invirtiendo con la adquisición de nuevos equipos y softwares, que a su vez va solucionando la obsolescencia de los equipos informáticos.
Asimismo, desde el bipartito también defienden que hay cuestiones que son de difícil control, ya que los niveles de exigencia de la normativa, sobre todo desde Europa, apunta la edil de Gestión Tributaria Patricia Macià, exigen unos niveles que "son difíciles de cumplir con el techo de gasto" y por no poder aumentar la plantilla, por lo que "son difíciles de cumplir" por la precisión de seguimiento de algunas intervenciones. Aunque el decreto obliga a mejorar y aumentar la fiscalización a todos los niveles. No obstante, se irá implantando durante los próximos tiempos por su complejidad.
