Plaça de Baix / PEPE OLIVARESELCHE. Con la aprobación de la Cuenta General de 2020 el Interventor ha hecho de nuevo su informe sobre el cierre del ejercicio. Un informe en el que de nuevo advierte de distintas deficiencias y anomalías en el quehacer administrativo del Consistorio, con adjudicaciones que se otorgaron a pesar de no cumplir los requisitos, contratos sin justificación suficiente o subvenciones con falta de información. Un motivo por el que el Partido Popular no descarta volver a los tribunales, aunque desde el bipartito inciden en que no se ha registrado ningún hecho susceptible de delito, sino situaciones que se han de mejorar.
En este sentido, se fiscalizaron con reparos un expediente de incremento mensual del plus de nocturnidad de la Policía Local, incumpliendo el máximo retributivo de un Decreto-ley de 2020, y una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal sobre los horarios nocturnos del funcionariado. Ambas cuestiones ya eran conocidas. Al igual que los actos con 'omisión de la función interventora' por la falta de recursos de esta figura, referentes a más de 8,5 millones de euros. Más de 7,5 millones por gastos a servicios que estaban aún en trámite y que sufrieron retrasos por falta de medios. Otro millón por expedientes a importes superiores a los permitidos para compras simplificadas (5.000 euros sin incluir el IVA) de material o servicios. El resto, suministros de emergencias o créditos extrajudiciales. Estos casi 8,5 millones de euros se contabilizaron el año pasado como 'reparos', pero según la Sindicatura de Cuentas, el término exacto es el de 'omisión de la función interventora'. Aunque todos cumplían con gasto disponible o autorizado por alcaldía, entre otras cuestiones que lo justifican.
Entrando ya en materia de contratos, por la cual el PP ha vuelto a cargar contra la gestión del bipartito y hablar de "irregularidades en los departamentos", de 69 adjudicaciones durante 2020, se analizaron 14. Salvo en cuatro, en la mayoría se encuentran esas 'deficiencias', como las define Intevención: se han incumplido los plazos de ejecución o la formalización del contrato. Y en caso como el contrato de poda de palmeras de los huertos históricos, se encontró un error en uno de los licitadores, lo que debería haber modificado el adjudicatario, pero no se hizo. Además, "la cobertura asegurada por siniestro aportada por el adjudicatario es inferior a la exigida en el pliego de condiciones (300.000 euros frente a 600.000). El adjudicatario era deudor (por el impuesto de vehículos) del Ayuntamiento en el momento de la adjudicación".
El edil José Navarro presentando la documentaciónEn cuanto a contratos menores de obras, de 25 se seleccionaron 4. En la mayoría no se encuentra suficientemente justificada la necesidad de los contratos al considerarse perfectamente planificados, no se se justifica la elección del procedimiento, no se menciona órgano de contratación competente, en los pagos de contratos menores para carriles bici provisionales no se ha cumplido el plazo legal de pago regulado según la ley de contratos y en otros contratos no se identifica al adjudicatario.
Sobre 54 expedientes de contratos menores, se analizaron 5 de distintos departamentos y se ponían de manifiesto distintas deficiencias: omisiones del cálculo del valor estimado del contrato, lo que impide justificar correctamente el procedimiento, de nuevo no se refleja el órgano de contratación competente o se debería planificar mejor.
En cuanto a convenios y subvenciones, de 237 expedientes se seleccionaron 22, en 10 no se observaron anomalías pero en 12 sí: no hay acta de algunos expedientes, no se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos para obtenerlas, incumplimiento de plazos de resoluciones, no se ha emitido informe al Consejo Local de Cooperación según convocatoria, se han admitido soluciones con errores, omisiones o sin justificaciones, no se estableció un baremo acorde a los criterios de valoración previstos...
En definitiva, una serie de cuestiones que muestran la falta de control y de fiscalización de la que alertaba Intervención por no poder contar con recursos, así como de incidencias en Contratación, aunque no ilegales, como refrenda el órgano fiscalizador, pero que sí suponen formas de trabajo poco 'higiénicas' a nivel administrativo. Mientras que el equipo de gobierno asevera que son deficiencias que se está trabajando en corregir —en el informe por ejemplo no se habla ahora de dudas con fraccionamientos, como mencionó en casos anteriores— y que por ello plantea el Interventor "recomendaciones", para los populares supone un varapalo a la gestión del equipo de gobierno, ya que en cada departamento hay mala praxis, o al menos no la que corresponde. Como con la denuncia archivada por la Fiscalía Anticorrupción, que ahora está en la Agencia Antifraude, hay una línea difusa con qué es ilegal o solo cuestiones 'anómalas'. Para el PP son actuaciones como mínimo "irregulares".
