ELCHE. Con la aprobación de la Cuenta General de 2020 el Interventor ha hecho de nuevo su informe sobre el cierre del ejercicio. Un informe en el que de nuevo advierte de distintas deficiencias y anomalías en el quehacer administrativo del Consistorio, con adjudicaciones que se otorgaron a pesar de no cumplir los requisitos, contratos sin justificación suficiente o subvenciones con falta de información. Un motivo por el que el Partido Popular no descarta volver a los tribunales, aunque desde el bipartito inciden en que no se ha registrado ningún hecho susceptible de delito, sino situaciones que se han de mejorar. 

En este sentido, se fiscalizaron con reparos un expediente de incremento mensual del plus de nocturnidad de la Policía Local, incumpliendo el máximo retributivo de un Decreto-ley de 2020, y una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal sobre los horarios nocturnos del funcionariado. Ambas cuestiones ya eran conocidas. Al igual que los actos con 'omisión de la función interventora' por la falta de recursos de esta figura, referentes a más de 8,5 millones de euros. Más de 7,5 millones por gastos a servicios que estaban aún en trámite y que sufrieron retrasos por falta de medios. Otro millón por expedientes a importes superiores a los permitidos para compras simplificadas (5.000 euros sin incluir el IVA) de material o servicios. El resto, suministros de emergencias o créditos extrajudiciales. Estos casi 8,5 millones de euros se contabilizaron el año pasado como 'reparos', pero según la Sindicatura de Cuentas, el término exacto es el de 'omisión de la función interventora'. Aunque todos cumplían con gasto disponible o autorizado por alcaldía, entre otras cuestiones que lo justifican.

Más contratos sin justificaciones pertinentes

Entrando ya en materia de contratos, por la cual el PP ha vuelto a cargar contra la gestión del bipartito y hablar de "irregularidades en los departamentos", de 69 adjudicaciones durante 2020, se analizaron 14. Salvo en cuatro, en la mayoría se encuentran esas 'deficiencias', como las define Intevención: se han incumplido los plazos de ejecución o la formalización del contrato. Y en caso como el contrato de poda de palmeras de los huertos históricos, se encontró un error en uno de los licitadores, lo que debería haber modificado el adjudicatario, pero no se hizo. Además, "la cobertura asegurada por siniestro aportada por el adjudicatario es inferior a la exigida en el pliego de condiciones (300.000 euros frente a 600.000). El adjudicatario era deudor (por el impuesto de vehículos) del Ayuntamiento en el momento de la adjudicación".