La sala de butacas del antiguo cine Ideal de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Consell examina las posibilidades de compra del antiguo cine Ideal de Alicante con el fin de rehabilitarlo para uso público. La propuesta quedará literalmente sujeta a revisión este viernes en la reunión de la Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural Valenciano con el fin de emitir un pronunciamiento sobre el ejercicio del derecho de retracto que resultaría necesario para adquirir el inmueble, al mismo precio abonado por el Grupo Baraka al asumir su propiedad, en torno a cinco millones, en enero de este año.
La Junta de Valoración es, de hecho, el órgano asesor de la Conselleria de Cultura que se encarga de manera específica de valorar económicamente los bienes culturales que la Generalitat se proponga adquirir con destino a museos, bibliotecas, archivos u otros centros de depósito cultural de titularidad pública, así como de informar sobre el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la Generalitat, según se detalla entre sus fines esenciales en su reglamento de funcionamiento.
Según pudo constatar Alicante Plaza, la propuesta de adquisición del céntrico edificio está incluida en el orden del día de la reunión con lo que sus componentes deberán pronunciarse sobre su oportunidad, viabilidad y conveniencia. Para ello, los ocho vocales que conforman la Junta (seis por designación de la Conselleria de Cultura, entre los que figuran expertos universitarios y de colectivos profesionales, y dos nombrados a propuesta de la Conselleria de Hacienda) y su presidenta, la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, deberán sopesar el trabajo promovido hasta ahora por los técnicos de los departamentos autonómicos de Cultura, Hacienda y Participación para encajar las opciones de compra del edificio y salvar la diferencia del desembolso a realizar, toda vez que -como informó Alicante Plaza- existe una primera tasación elaborada por la propia Generalitat que asigna al edificio una valoración de entre 1,5 y 1,8 millones. Es decir, lejos de los cinco millones pagados por Baraka.
De hecho, ese trabajo técnico podría completarse, precisamente, con la emisión de otro informe económico elaborado por la propia Junta de Valoración, ya que esa es otra de sus funciones principales, según se concreta en el artículo 3.5 de su reglamento: "Realizar cuantas valoraciones de bienes de carácter cultural le sean solicitadas por la conselleria competente en materia de cultura y, a través de esta y en la forma que reglamentariamente se determine, por las demás administraciones públicas valencianas, para el mejor cumplimiento de los fines de Ley 4/1998".
Hasta ahora, el departamento autonómico que coordina Raquel Tamarit viene defendiendo desde el pasado mes de enero su pretensión de trabajar por intentar la compra del inmueble con el fin de rehabilitarlo y darle un uso cultural público todavía por determinar (previsiblemente como sede de la Filmoteca Valenciana en Alicante), en cumplimiento de la propuesta aprobada en el mecanismo de los presupuestos participativos de la Generalitat desarrollado por primera vez en este ejercicio. Así, en las cuentas autonómicas se consignó la partida necesaria para abordar la compra.
El Consell disponía de un plazo de seis meses para impulsar esa recompra, ejerciendo el derecho de retracto que le reserva la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, al ser el edificio del antiguo cine un inmueble que forma parte del Patrimonio Cultural Valenciano, con la categoría de Bien de Relevancia Local (BRL).
Como ha informado este diario, el Grupo Baraka -que pretende transformar el antiguo cine en un hotel boutique con unas 60 habitaciones- considera que ese plazo de medio año quedó precluido en los primeros diez días del mes de julio, con lo que habría vencido la posibilidad de que la Generalitat ejercitase ese derecho. No obstante, como también concretó este diario, fuentes autonómicas fijan el fin del periodo para promover esa recompra en la fecha del 23 de agosto.
Por lo pronto, según pudo precisar este diario, lo cierto es que la transmisión del inmueble por parte de la familia propietaria (agrupada bajo la sociedad Herederos de Josefina Mingot) a una de las sociedades del Grupo Baraka quedó registrada ante notario el 24 de enero de este año, con lo que, en puridad, el plazo de los seis meses habría quedado cumplido. No obstante, según fuentes consultadas, ese plazo podría comenzar a contabilizarse a partir del momento de la inscripción en el Registro de la Propiedad o desde el momento en el que se notificó la transmisión.
Entre tanto, este jueves, un día antes de que se produzca la reunión de la Junta de Valoración, la compra del edificio por parte de la Generalitat volverá al primer plano de la actualidad municipal a colación de una nueva propuesta registrada por el grupo municipal de Unides Podem EU por la que solicita el respaldo del pleno para instar a la Generalitat a "acelerar los trámites para ejecutar la partida de los presupuestos participativos destinada a la adquisición pública del Ideal". Además, la iniciativa incluye un segundo punto en el que se expresa el compromiso de colaboración del Ayuntamiento de Alicante para dotar de contenido cultural al edificio en el momento en el que pueda convertirse en un bien de titularidad autonómica.
Como mínimo, el grupo municipal de Compromís ya ha confirmado su intención de respaldar la iniciativa, en sintonía con el posicionamiento de la Conselleria de Cultura para conseguir que el inmueble pase a manos públicas. No obstante, está por ver cuál puede ser la postura a adoptar por el resto de formaciones políticas representadas en la corporación: PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. Hasta ahora, el pleno ya ha debatido y aprobado propuestas similares por las que se llegó a plantear que fuese el Ayuntamiento quien intentase la compra del edificio. Esa propuesta, promovida por el PSOE, prosperó por unanimidad en octubre de 2019, al quedar condicionada a que el intento de compra se ajustase al valor de tasación del inmueble a partir del informe elaborado por el ayuntamiento, que cifraba su precio en 2,5 millones.
