La compra pública del Ideal: Baraka da por cerrado el plazo para ejercer el retracto; el Consell persiste

ALICANTE. El futuro del edificio del antiguo cine Ideal continúa sin despejarse, cerca de seis meses después de que el Grupo Baraka ejercitase el contrato de opción de compra que había suscrito con la antigua propiedad del edificio (la familia agrupada bajo la sociedad Herederos de Josefina Mingot) y se hiciese con su titularidad con la pretensión de ejecutar su transformación en un hotel boutique de unas 60 habitaciones. Con todo, el hecho de que haya transcurrido ese semestre sí podría tener ya consecuencias sobre el destino del inmueble al darse por descartada la posibilidad de recompra por parte de la Generalitat. 

Esa es, cuando menos, la posición que mantiene el propio Grupo Baraka al considerar que ha precluido el plazo legal en el que la administración autonómica podía ejercer el derecho de retracto para convertirse en la nueva propietaria. Fuentes de la grupo empresarial presidido por el empresario Trinitario Casanova apuntaron, a consulta de Alicante Plaza, que ese plazo habría quedado vencido en los primeros diez días de julio, al haberse cumplido medio año desde que se formalizó la escritura de compra-venta. 

Las mismas fuentes añadieron que, desde el pasado enero, no se ha producido ningún contacto con la Generalitat que pudiese conducir a una hipotética adquisición con el fin de que el antiguo cine pudiese tener un uso público como centro cultural, como se preveía en la propuesta incorporada a los presupuestos autonómicos, a través del primer proceso participativo puesto en marcha para su elaboración. 

Tampoco ha habido ninguna respuesta a la solicitud de licencia municipal registrada por Baraka en diciembre de 2019, después de ajustar el proyecto de transformación a los requisitos delimitados por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo. La respuesta a esa solicitud seguiría aplazada hasta que la Generalitat emita informe definitivo sobre el catálogo de protecciones de Alicante, aprobado provisionalmente en pleno en septiembre de 2020, y se pueda incorporar a la ficha específica del inmueble las condiciones de protección delimitadas por la Conselleria de Cultura.

Así, por el momento, solo se ha podido llevar a cabo labores de mantenimiento y conservación en la estructura exterior del edificio, después de que el departamento municipal de Conservación de Inmuebles conminase a la propiedad a consolidar y sanear la fachada para evitar el riesgo de caída de cascotes.

Con todo, la pretensión de la Generalitat de asumir el inmueble no ha decaído. Fuentes autonómicas apuntaron que el plazo para ejercer el derecho de retracto continúa abierto y que, de hecho, se extendería hasta el 23 de agosto como fecha límite. En esta línea, las mismas fuentes recalcaron que la Conselleria de Cultura sigue trabajando de forma coordinada con los departamentos de Hacienda y de Participación con el propósito de encontrar la fórmula jurídica y económica que permita ejercer esa potestad. 

Como informó este diario, el principal escollo de esa operación sigue siendo la diferencia de precio que la administración quedaría obligada a abonar por el inmueble respecto al importe de tasación encomendado por Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio. Esa tasación asignaría al edificio un valor de entre 1,5 y 1,8 millones, muy alejado de los algo más de 5 millones abonados por Baraka. Esa dificultad podría salvarse en el supuesto de que se aportase un informe adicional en el que se elevase el precio real del inmueble tras valorar su relevancia histórica, cultural y arquitectónica.

Hasta el momento, no ha trascendido si se ha llegado a tramitar ese informe complementario para justificar la diferencia de precio entre la primera tasación y el desembolso efectuado por Baraka. Con todo, las mismas fuentes insisten en que se sigue trabajando para intentar la recompra. 

Entre tanto, la propuesta de compra volverá a primera línea del debate político municipal en el transcurso del pleno ordinario de julio, este próximo jueves día 28, a instancias de una declaración institucional promovida por el grupo municipal de Unides Podem EU, en la que se pide el apoyo del resto de formaciones políticas para instar a la Generalitat a "acelerar los trámites para ejecutar la partida de los presupuestos participativos destinada a la adquisición pública del Ideal". Además, la iniciativa incluye un segundo punto en el que se expresa el compromiso de colaboración del Ayuntamiento de Alicante para dotar de contenido cultural al edificio.