ALICANTE. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) adscrita a la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Transportes da un paso más en la tramitación de los 40 expedientes de infracción urbanística incoados inicialmente respecto a la generación de asentamientos irregulares en parcelas de suelo rústico de las partidas rurales de Alicante y agrupa las anomalías detectadas para reducirlos a 23. La variación se habría producido tras constatar que varios de esas edificaciones (desde contenedores a mobile homes, tiendas de campaña o caravanas) se encuadrarían en una misma parcela, con lo que el número de infracciones se recortaría, según fuentes consultadas.
Al tiempo, se ha requerido ya a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante para que remita un informe técnico específico sobre cada uno de los casos detectados para que se pueda proseguir con la tramitación de los expedientes incoados. Todo, con el objetivo de forzar a los propietarios de dichas parcelas a restaurar la legalidad urbanística, desmantelando las instalaciones que se han venido posicionando de manera indebida. Para ello, se prevé la imposición de hasta diez multas coercitivas por importes de entre 600 y 3.000 euros antes de que pueda producirse una intervención directa por parte de la administración.
Como informó este diario, la apertura de esos expedientes se produjo a instancia de las denuncias presentadas por la asociación de vecinos de La Cañada del Fenollar: alrededor de una veintena de casos distintos solo en esa misma partida, que se habrían venido recopilando desde el pasado mes de mayo, después de detectar, incluso, la difusión de anuncios de reventa de esos solares a través de app y de plataformas digitales, después de trocearlos en parcelas de menor tamaño para multiplicar su rédito económico.
Los residentes también trasladaron sus denuncias sobre la proliferación de esos asentamientos al Seprona de la Guardia Civil, que también habría instruido actas para elevar informe a la Fiscalía de Medio Ambiente con la intención de que se dilucidase si pueden ser constitutivas de un delito contra el medio ambiente.
No obstante, la Fiscalía especializada no habría recibido todavía ningún informe concreto sobre los asentamientos alegales denunciados en Alicante, aunque sí tendría constancia de otras situaciones similares generadas en otros municipios de la provincia, como Guardamar, según precisaron fuentes consultadas.
Entre tanto, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante exigió este miércoles tanto a la Generalitat como al equipo de gobierno que preside Luis Barcala que provean "mayores recursos para incrementar el control y aplicar de forma rigurosa la normativa urbanística para poner freno a la problemática de los asentamientos ilegales en partidas rurales, que supera ya el centenar de infraviviendas". Es más, el PSOE ha registrado ya una iniciativa en ese sentido que se debatirá en el pleno ordinario de este mes y, de igual forma, elevará el debate a Les Corts Valencianes para reclamar que se habiliten medios suficientes para abordar la situación, según precisaron fuentes del partido.
En este sentido, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, acusó al alcalde "de no emplear los recursos necesarios para hacer frente a esta problemática a pesar de las numerosas denuncias que han sido presentadas en el Ayuntamiento por los residentes en partidas rurales alertando de la situación". "El alcalde tendría que haber tomado la iniciativa de denunciar estos asentamientos en suelo rústico y dotar los medios necesarios para frenar la venta de parcelas para la instalación de infraviviendas. Es otro ejemplo más de que, con Barcala al frente, la política urbanística de Alicante está fuera de control", consideró.
La iniciativa que se debatirá en el pleno de octubre argumenta que "la proliferación de asentamientos ilegales no sólo vulnera la normativa urbanística vigente, sino que también compromete la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos, así como la integridad del entorno natural". "Partidas rurales como la Canyada del Fenollar, el Moralet, Fontcalent o el Verdegás han sido testigos de un crecimiento descontrolado de edificaciones ilegales, llevando a sus vecinos a denunciar reiteradamente esta problemática sin que se haya producido desde entonces una respuesta efectivas por parte del Ayuntamiento ni de la Generalitat Valenciana". "Las prácticas ilegales, como la venta de parcelaciones rústicas de tamaño inferior al permitido y la instalación de construcciones precarias, ponen en serio riesgo no solo a las familias que habitan estos asentamientos, sino también a sus vecinos y a nuestro patrimonio natural", subrayó el concejal Raúl Ruiz.
Al tiempo, apuntó que la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunitat Valenciana (LOTUP) y el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) establecen un marco claro que protege la adecuada utilización del suelo rústico y limita las parcelaciones y la construcción de viviendas e infraviviendas en zonas que pueden representar un serio riesgo para la integridad de los infractores. Sin embargo, a su juicio, "esta normativa ha sido ignorada en múltiples ocasiones permitiendo que especuladores se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de muchas familias, que en medio de un mercado de vivienda salvaje como el de Alicante han buscado una solución habitacional en terrenos que no cumplen las más mínimas garantías", concluyó.