ALICANTE. El exedil popular de Xàbia Miguel Savall, a la sazón empresario del sector del hormigón, ha sido condenado al hallar el juez culpable el concurso de acreedores al que se acogió una de sus empresas, Horpesa Hormigones S.L., actualmente en fase de liquidación. Aunque la sentencia del concurso culpable se dictó en 2015, la resolución acaba de ser inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), una vez desestimadas las apelaciones a la sección Octava de la Audiencia Provincial. Junto a Savall, la consideración de culpable afecta también al empresario valenciano José Ramón Suárez. Ambos eran administradores solidarios de esta mercantil cuando se instó el concurso.
Savall fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Xàbia entre 1999 y 2011. Siempre se le ha considerado una persona próxima al actual síndic de Greuges, José Cholbi. En el proceso de renovación de candidaturas del año 2011 fue uno de los damnificados, pero en 2015 volvió a entrar en la lista, aunque no logró acta: Savall ocupaba el número tres y el PP solo logró dos actas en las últimas elecciones. Pero para entonces el exedil, que sigue ocupando un cargo orgánico en la ejecutiva provincial del PP (y que llegó a estar en la regional durante la etapa de Serafín Castellano como secretario general), ya acumulaba varios problemas con sus empresas.
El político y empresario ha liquidado, o está en proceso, varias mercantiles. Todas relacionadas con el sector del hormigón o la construcción. Así, figura ya como extinguida Triturca S.L. (que suministraba los materiales para las obras del Ayuntamiento de Xàbia pagadas con el Plan E de Zapatero), mientras que Savahilca Promociones S.L. y Horpesa Hormigones S.L. están en liquidación. Por el concurso de acreedores de esta última es por el que el político popular ha sido inhabilitado dos años para administrar mercantiles. Su socio, José Ramón Suárez, está inhabilitado para tres años. El juez de lo Mercantil consideró que se trataba de un concurso culpable por tres motivos: la dilación en instar la declaración concursal, la venta de activos de la empresa y la política de despidos que se aplicó. Argumentos que valida la posterior sentencia de la Audiencia.
En Horpesa Hormigones S.L. figuraba también como administrador hasta 2006 y como apoderado hasta el cierre en 2011 otro socio de Savall, el empresario Hilario Cañadas, que fue gerente de la extinta Triturca S.L. y que también ejerció como administrador de Savahilca Promociones S.L. Este último ha sido condenado recientemente junto al exalcalde socialista de Orxeta por instalar una planta ilegal de hormigón en unos terrenos que habían sido propiedad del político, en 1999. Cañadas ha sido condenado a tres meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que el exalcalde, Vicente Llinares, lo ha sido a tres meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación.
La mercantil que instaló la planta ilegal por la que han sido condenados el político y el empresario era Hormigones Orxeta S.L., que también se encuentra en estos momentos en fase de liquidación. En este caso, no como consecuencia de un concurso de acreedores fallido, sino motu propio. Y el liquidador nombrado por la empresa para cerrarla es, precisamente, Miguel Savall.
Con todo, la más conocida de las empresas del político popular es Triturca S.L., que protagonizó varias controversias antes de extinguirse en 2014. La primera, que el Ayuntamiento de Xàbia le concediera la licencia para su planta de hormigón junto al cauce del río Gorgos en 2010, más de una década después de comenzar la actividad (la tramitación del expediente se demoró durante siete años). Pero también el hecho de que fuese esta firma, propiedad de un edil en ese momento en el equipo de gobierno (era el concejal de Aguas), la que suministrase el hormigón para muchas de las obras que se realizaron con la partida del Plan E en esa época.