Foto PEPE OLIVARES LLÍBER. Compromís ha acusado este jueves a la promotora VAPF y al Ayuntamiento de Llíber de "intentar confundir a la opinión pública" al hacer público el archivo de una denuncia del SEPRONA, que no tiene relación con las causas judiciales que buscan la nulidad del macroPAI. Esta denuncia, según la coalición valencianista, se limitaba a cuestionar el inicio de las obras por la suspensión de la licencia de alcantarillado y otros aspectos como las obras durante las altas temperaturas de julio de 2023. De hecho, la coalición desconocía la instrucción de este caso, ya que no había recibido ninguna notificación al respecto. "Han intentado utilizar este archivo como si fuera la causa que denuncia la aprobación del PAI de 2021 para desacreditarnos", ha lamentado la coalición.
Compromís ha recordado que siguen vigentes las causas que solicitan la nulidad del PAI ante el juzgado contencioso administrativo, por deficiencias tanto en la modificación del plan general de 2021 como en la aprobación del programa durante la pandemia, en enero de 2021. Una de las causas generales está impulsada por varios ayuntamientos de la Vall del Pop, mientras que la otra, referente a la reparcelación, está liderada por el grupo municipal de la oposición en Llíber y por el grupo en la Diputación de Alicante.
Entre otras cuestiones, Compromís afirma que "se ha probado que tanto el Ayuntamiento de Llíber como la constructora VAPF "mintieron" cuando aseguraron que contaban con una concesión hídrica en 2001 y 2021 para hacer frente a los 488 chalets con piscina". Los valencianistas señalan que "gracias a las acciones judiciales, los promotores del PAI se han visto obligados a conseguir rápidamente un permiso de agua para evitar una sentencia de nulidad."
La concesión hídrica solicitada en 2023 por el Ayuntamiento de Llíber pone en evidencia que ni el Plan Parcial ni la aprobación del PAI de 2021 contaban con un estudio de suficiencia hídrica emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX), un requisito establecido por la Ley de Aguas.
A principios de verano, se recibió un estudio preliminar de la CHX en respuesta a la solicitud posterior del Ayuntamiento de Llíber. Este informe ha recibido más de 700 alegaciones, ya que se han detectado diversas irregularidades, entre ellas "la manipulación de los datos sobre las necesidades hídricas del PAI aprobadas por el propio Ayuntamiento en 2021, que pasaron de 200.000 m³ anuales iniciales a 60.000 m³", según la formación valencianista.
Finalmente, Compromís ha anunciado que su gabinete jurídico está estudiando la posibilidad de interponer nuevas denuncias ante los informes que evidencian más irregularidades en la tramitación. "La lucha jurídica contra las estructuras de poder que destruyen nuestras montañas no es fácil, y menos con un gobierno autonómico que está legislando en contra, pero la gente debe saber que la llevaremos hasta el final. Más allá del debate burocrático, las ideas son claras: nos oponemos firmemente a este modelo urbanístico destructor."
