Maria Josep Amigó y Gerard Fullana.ALICANTE. Compromís insta al gobierno central que permita a los ayuntamientos poder invertir sus remanentes de tesorería en políticas de proximidad coordinadas con el resto de instituciones, especialmente la Generalitat, para paliar la crisis social y económica derivada de la emergencia sanitaria por la Covid19. Así lo han reclamado los tres grupos de la coalición en las diputaciones de Castelló, València y Alicante, y esta ha sido una petición explícita del diputado de Compromís Joan Baldoví al gobierno del Estado para incluir en las medidas que está impulsando, sin una respuesta clara hoy por hoy.
La ley de estabilidad presupuestaria prevé un techo de gasto de los ayuntamientos para que el superávit se pueda destinar esencialmente a pagar su deuda. En la práctica esta situación ha provocado que los ayuntamientos dispongan de grandes cantidades de dinero inmovilizado en cuentas corrientes bancarias, una cifra que según la FEMP es de 525 millones en los municipios valencianos.
Para Gerard Fullana, portavoz de Compromís a la Diputación de Alicante, “no se puede entender que habiendo recursos económicos al alcance para poderlos invertir, ahora que hacen más falta que nunca, haya una normativa todavía vigente desde los tiempos de recortes y dictadura de la deuda que nos lo impida. Es el momento de movilizar todos los recursos de los cuales disponemos las administraciones públicas y utilizarlos para atender las personas, reforzar los servicios públicos y ayudar la economía para hacer frente a la crisis, de una forma coordinada pero siempre descentralizada y próxima a los problemas. Cuando más cerca está la institución de la ciudadanía mejor la puede atender”.
Desde Compromís consideran que el papel de las diputaciones en esta crisis es, más que nunca, “ayudar al máximo en los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas y regidores y regidoras en todo aquello que necesitan, especialmente els de los pueblos más pequeños”, y han recordado que toda la gente que forman parte de Compromís a las diputaciones están “a plena disposición de todos los ayuntamientos, sean del color que sean”, tanto desde el gobierno de la institución, como es el caso de València y Castelló, como desde la oposición, como es el caso de Alicante
