ALICANTE. Pese a que la Diputación de Alicante contará con un presupuesto de récord, el más elevado de su historia, con 383,3 millones en sus cuentas consolidadas, en parte por un aumento de las transferencias por la subida de los ingresos del Estado, la institución no dispondrá, como el resto de administraciones, de su colchón financiero, que en este caso asciende a más de 100 millones de euros. Con esa cantidad es con la que se financian el bono consumo que reciben los ayuntamientos o el Plan + Cerca, que son fondos que los consistorios pueden destinar a cualquier tipo de gasto o contratación.
¿Cuál es la razón por la cual la diputación, y el resto de las administraciones, no podrá hacer uso de los remanentes que no se han gastado del ejercicio anterior, como hacía hasta ahora? Por la aplicación del Pacto de Estabilidad y, por lo tanto, la vuelta a las reglas fiscales y al cumplimiento de la denominada regla del gasto, que estaba vigente antes de la pandemia de la covid, pero que se levantó para hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria y de la guerra de Ucrania. Lo que se traduce en que las administraciones locales solo pueden destinar los remanentes a reducir deudas bancarias y, en su caso, destinar parte de ese dinero a las obras financieramente sostenibles, es decir, que no generan gastos de personal, en caso de que se mantengan las mismas condiciones que en 2020.
En el caso de la Diputación de Alicante, esa cantidad de remanente asciende a más de 100 millones de euros, según ha detallado este lunes la vicepresidenta, Ana Serna, quien ha solicitado al Gobierno central que sea flexible, al menos, con las instituciones de la Comunitat Valenciana, que son las que tienen que hacer frente a la factura de los gastos de Dana. "Sería un buen momento para que todos los grupos políticos de esta Diputación pidiésemos alto y claro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nos permitiera hacer uso de los remanentes dadas las circunstancias, porque la reconstrucción de Valencia pasa por toda la Comunitat”, ha dicho Serna.
Otro condicionante que puede tener la institución provincial durante este 2025 es la transferencia de las competencias impropias, un asunto que se arrastra desde hace más de 4 años. Se trata de la transferencia del centro de salud mental Doctor Esquerdo, cuyo titular es la Diputación, pero que debe gestionar la Generalitat porque las competencias sanitarias corresponden a la administración autonómica. Según ha comentado la vicepresidenta Marina Sáez, la Generalitat y la Diputación de Alicante deben firmar el convenio del traspaso a principios de enero, lo que permitirá a la institución provincial liberar 15 millones de euros de las cuentas, cuyo gasto sería asumido por la Generalitat Valenciana. Pero los gastos de la Dana abren un escenario incierto sobre este asunto y otros muchos.
El presupuesto de la Diputación de Alicante crece un 13,3% y supera los 334,6 millones
En cuanto a las cuentas, el presupuesto consolidado alcanzará los 383,5 millones de euros, un 11,7 % más, e incluye el de la propia Diputación y el de los organismos autónomos: 5,3 millones del Patronato de Turismo Costa Blanca; 1,6 millones del Instituto Juan Gil-Albert; 1,3 millones de Caja de Crédito Provincial para Cooperación; 47,1 millones de Suma; 4,6 millones de Proaguas; 1,5 millones de Alicante Natura; y 1,4 millones del Instituto de la Familia Pedro Herrero.
Ana Serna ha destacado el compromis, "más que nunca", el compromiso de este equipo de gobierno (PP) y de esta Diputación con el municipalismo y con los alicantinos, cifrando en 163 millones de euros, un 22 % más, que llegará a los 141 municipios y 3 entidades locales menores que conforman la provincia. Ciclo Hídrico es el área que más sube, según ha destacado Serna, ya que duplica prácticamente su presupuesto, al pasar de 15,5 millones de euros a 27,6 millones.
Junto al proyecto Alicante Inteligente Agua, que movilizará en este ejercicio más de 3,6 millones de euros, se invertirán 15 millones de euros en la construcción y mejora de instalaciones hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración, y otros 3,5 millones de euros para ayudar a las comunidades de regantes a mejorar la eficiencia del uso del agua en regadío.
Infraestructuras gestionará, por su parte, 51,2 millones de euros (un 15,9 % más) y Carreteras, otros 25,5 millones (un 26,8 % más), destacando en estas áreas los 40,8 millones de euros para planes y obras municipales como Planifica y los 16,1 millones para la mejora de la red viaria provincial o los 4,7 millones para caminos municipales.
A su vez, Medio Ambiente y Residuos movilizará en 2025 un total de 15,8 millones de euros y reforzará las ayudas para la prevención de incendios forestales que superarán los 4 millones de euros. En materia de eficiencia energética se alcanzarán los 1,3 millones de euros y en materia de residuos, 2,2 millones.
El gasto social también crecerá en 2025 un 7 %, hasta superar los 45,2 millones de euros. Bienestar Social e Igualdad contará con 14,1 millones de euros y centrará su acción en ayudar a los ayuntamientos y mancomunidades en la atención primaria a los colectivos más vulnerables.
Por otro lado, Bienestar de las Personas también aumenta un 7 %, con el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela (14,4 millones), el Instituto Pedro Herrero (1,4 millones) y el Centro Doctor Esquerdo (15,1 millones). Respecto a este último, Serna ha avanzado que en enero podría firmarse el convenio para el traspaso de competencias a la Generalitat.
Al desarrollo económico y el fomento del empleo en los municipios de la provincia se destinarán más de 5,7 millones de euros de los ocho que gestionará esta área, que crece un 5 %. Emergencias y Reto Demográfico también sube en casi cuatro millones de euros, hasta los 44,9 millones. Cultura movilizará 25,1 millones y Deportes, otros 6,5 millones.
El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante ha cargado duramente contra el gobierno del Partido Popular, liderado por Toni Pérez, por su actitud "antidemocrática y la falta de voluntad de diálogo" en la gestión de los presupuestos para el año 2025. La coalición denuncia que el ejecutivo provincial ha actuado con absoluta arrogancia, imponiendo un calendario que dificulta deliberadamente cualquier posibilidad de aportación o debate constructivo por parte de la oposición.
Según la coalición, la Diputación de Alicante será, un año más, la última diputación valenciana en aprobar las cuentas, y lo hará, como es habitual en esta legislatura, fuera de plazo. El gobierno de Toni Pérez presentó los presupuestos a los grupos de la oposición el 16 de diciembre y, apenas tres días después, convocó una reunión para abordarlos, una maniobra que evidencia su intención de ignorar las aportaciones del resto de grupos. Además, Compromís ha denunciado que todavía sin convocatoria oficial de pleno, a través de la prensa conocieron que la aprobación de las cuentas tendría lugar el 26 de diciembre a las 12.00h. "Esta falta de transparencia y comunicación es vista por Compromís como un nuevo gesto de desprecio del PP hacia la oposición y, por extensión, hacia los ciudadanos que representan", han criticado.
"Ni siquiera hemos recibido una llamada telefónica para intentar consensuar propuestas conjuntas", ha lamentado Ximo Perles, portavoz de Compromís en la Diputación. "Esta actitud es un insulto a la democracia y un ejemplo claro de la prepotencia de un gobierno que utiliza la institución como una herramienta exclusivamente al servicio de los intereses del PP. Es inaceptable que se margine el debate plural que necesariamente deben tener unos presupuestos que afectan a toda la ciudadanía de la provincia", ha lamentado Ximo Perles.
Compromís también ha criticado que, a pesar del aumento de casi 40 millones de euros en los presupuestos gracias al incremento de aportaciones del Estado, el PP no ha incluido ningún proyecto nuevo. Los valencianistas denuncian que este dinero se destinará únicamente a obras del plan Planifica 2019/2023 y de la legislatura actual. Asimismo, han lamentado que el PP no haya incorporado el programa +Cerca a las cuentas ordinarias, lo que hará que los ayuntamientos no reciban ni un euro hasta mediados de año, y han criticado la negativa a participar en el Fondo de Cooperación Municipal, una decisión que traerá más burocracia y menos recursos para los municipios.
Compromís ha exigido más transparencia, diálogo y participación en la gestión de los recursos públicos y ha anunciado que presentará una batería de propuestas enfocadas a una distribución más justa de los recursos, priorizando las necesidades reales de los municipios y apostando por iniciativas sostenibles y de cohesión territorial. "Cuando Toni Pérez habló de unidad política en el debate sobre el estado de la provincia, no hacía más que vender humo. Esta forma de proceder no es un caso aislado, sino un reflejo de la política autoritaria y desconsiderada que caracteriza al Partido Popular. Se demuestra, una vez más, que su discurso es bonito, pero vacío de contenido, sin ningún compromiso real con la pluralidad ni con el bien común", ha concluido Perles.
