ELCHE. El inmueble de Nuevos Riegos El Progreso sigue agitando la actualidad ilicitana en lo que se refiere al patrimonio local. Una quincena de colectivos sociales han presentado a la Conselleria de Cultura alegaciones para proteger el edificio, en el que se encuentra la sala de venta de aguas que algunos de estos colectivos pidieron musealizar, y del que su demolición se encuentra paralizada cautelarmente. Un movimiento que han hecho público ahora y que llega tan sólo unos días después de que se pidiera también la figura de Bien de Relevancia Local (BRL) al mercado para protegerlo de una futurible derribo con el nuevo proyecto.
En sus alegaciones, estos colectivos, entre los que se encuentran Àgora d’Elx, Margalló Ecologistes en Acció, Associació d’Arquitectes Ruskin Coffee, Salvem el Mercat o la Comisión de Patrimonio del Consell de Cultura, piden la restitución de la sala de venta de agua de Nuevos Riegos El Progreso a su estado original, antes de la demolición, y la declaración como BRL por su importancia como elemento de patrimonio industrial. En el manifiesto público firmado por todos, apelan a que se trata de “una obra fundamental del patrimonio histórico y artístico” de la ciudad por lo que representa. También señalan que debido a que otros edificios de ese valor se han destruido y a su “imagen clásica monumental”, la fachada es de una calidad arquitectónica “inusual”.
También apuntan que la aprobación de la demolición de unos —el Ayuntamiento— y la suspensión in extremis de otros —la Conselleria—, no ha de servir para buscar culpables, “sino para encontrar soluciones que hagan posible la conservación del patrimonio”. En sus alegaciones a la Generalitat, denuncian que el Consistorio “no ha tomado las medidas encaminadas a proteger el edificio ni ha comunicado a la Generalitat la amenaza que supone la construcción de un nuevo edificio de viviendas para la supervivencia de un edificio que acogió durante casi todo el siglo XX la venta de agua de una entidad que contribuyó a convertir en regadío las hasta entonces tierras de secano”.
Es uno de los argumentos que presentan en dichas alegaciones, en las que apelan en todo momento a la Ley de Patrimonio y al valor patrimonial y cultural que tiene la fachada y la sala de venta de aguas, para que la Conselleria actúe. También inciden en la supuesta contradicción del Catálogo de Edificios Protegibles de 1998, del que el edil de Urbanismo José Manuel Sánchez indica que la fachada quedaba desprotegida, y que sólo estuvo protegida en el Plan General de 1986, donde no se protegía el inmueble en su conjunto. A este respecto, apunta que la Generalitat, a quien se han de enviar los PGOU para su aprobación definitiva, no dijo nada de este asunto en la aprobación del de 1998, el vigente, que desprotege la fachada.
Sobre dicha administración y el futuro del edificio, recuerda los derechos que les otorga el actual plan a los propietarios del inmueble, planta baja y cuatro alturas, algo que habrá que valorar económicamente y saber si es asumible y si hay predisposición a ello. Sobre las posibles actuaciones del Ayuntamiento que se han pedido varios colectivos, “el Ayuntamiento no puede ir contra sus propios actos”, aclara el concejal en referencia a las licencias legalmente concedidas de construcción y demolición. Por otra parte y en lo que respecta al nuevo apuntalamiento, el Ayuntamiento empezará el lunes a primera hora los trámites para ejecutarlo subsiadiariamente, que luego repercutirá a los propietarios.
Asimismo, en la mesa de Patrimonio celebrada en diciembre, en la que se dio cuenta de la situación del inmueble, la concejalía entregó una lista de todos los bienes declarados BRL o Bien de Interés Cultural (BIC) por parte del Consistorio así como los susceptibles de serlo. Una adecuación del actual catálogo de edificios protegibles sobre el que se está trabajando junto a los integrantes de la Mesa de Patrimonio, una de las reivindicaciones de estos colectivos. Sánchez indica la preocupación del equipo de gobierno por el actual patrimonio y su necesaria protección, como señala, demuestra el Documento de Inicio aprobado para modificar el PGOU y proteger el casco histórico y artístico del a ciudad. Pero recuerda, “no se pueden solucionar en dos años los problemas de cuarenta”. Y señala que también hay que preguntarse por qué se dejó caducar el expediente del pantano como BIC, en lo que también está trabajando dicha comisión.
