Exterior de los juzgados de Elche, en una imagen de archivoALICANTE. Los juzgados de Alicante se preparan para la vuelta a la actividad tras su cierre por la pandemia del coronavirus. Y no solo de forma telemática, aunque será la preferente en aquellos procedimientos que puedan adaptarse, sino también de forma presencial. Así, la Conselleria de Justicia ha activado un paquete de inversiones para adaptar las distintas sedes judiciales a la nueva realidad.
En el caso de la provincia de Alicante, la empresa elegida para llevar a cabo los trabajos de adaptación ha sido la constructora CHM Obras e Infraestructuras, especializada en la construcción y mantenimiento de carreteras pero con dilatada experiencia también en la obra civil y la construcción. Según la resolución de adjudicación de la Conselleria que dirige Gabriela Bravo, la constructora alicantina se encargará de adaptar a la postpandemia todas las sedes judiciales de la provincia de Alicante.
Los trabajos, según han confirmado fuentes de la empresa, ya han comenzado, puesto que el contrato se adjudicó el pasado 20 de mayo. Según la resolución, CHM dispone de 45 días para llevar a cabo la adaptación de los juzgados de la provincia. Los trabajos, según estas mismas fuentes, consisten en la instalación de mamparas, balizamiento, señalización y medidas de distanciamiento, para prevenir posibles contagios cuando los edificios judiciales vuelvan a acoger vistas.
Estos trabajos se llevan a cabo en los juzgados de Alicante (la Audiencia Provincial y los dos edificios de Benalúa), en Alcoy, Benidorm, Dénia, Elche, Elda, Novelda, Orihuela, Torrevieja, La Vila Joiosa, Villena e Ibi. Según la resolución de la Conselleria, el proyecto incluye la instalación de material de señalización, protección de mostradores de atención al público, tratamiento del aire y otras medidas de carácter constructivo. El importe de la adjudicación es de 1,15 millones de euros, impuestos incluidos.
La adjudicación se tramitó con la consideración de emergencia (al amparo del Real Decreto 8/2020), dada la necesidad urgente de adaptar las sedes judiciales para poder retomar la actividad tras más de dos meses paradas, por lo que se ha recurrido a un procedimiento urgente, negociado sin publicidad. La Conselleria de Justicia ha optado por CHM Obras e Infraestructuras para la provincia de Alicante; por Edifesa Obras y Proyectos para las sedes de la provincia de València (686.000 euros); Becsa para la Ciudad de la Justicia y el TSJ en València (733.000 euros); y Grupo Bertolin para las sedes judiciales de la provincia de Castellón (332.000 euros).
