Castilla y León prorroga un año a Babcock el transporte sanitario aéreo por 3,8 millones

ALICANTE. Hay pocas comunidades autónomas con las que no trabaje la empresa alicantina de helicópteros Babcock, la antigua Inaer, considerada la mayor empresa de su sector en el sur de Europa e integrada desde hace un lustro en el holding británico del mismo nombre. En el caso de la comunidad autónoma de Castilla y León, la firma con sede en el aeródromo de Mutxamel se encarga del transporte aéreo sanitario, y seguirá haciéndolo al menos durante el próximo año.

Desde el pasado 1 de abril, ha entrado en vigor la prórroga de un año del citado contrato con la Junta de Castilla y León, por un importe de 3,8 millones de euros, según se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Babcock seguirá encargándose así del transporte en helicóptero de heridos y pacientes de la sanidad pública castellanoleonesa, con traslados tanto urgentes como no urgentes, en aeronavez "especialmente acondicionadas al efecto", según indica la resolución de adjudicación consultada por este diario.

La prórroga de este contrato es la primera buena noticia con el sector público que recibe Babcock en los últimos meses, después de volver a adjudicarse en julio del año pasado su mayor contrato con la Administración, el de Salvamento Marítimo, por 180 millones para cuatro años. Además, hace solo unos días la empresa se ha llevado varios lotes del contrato de helicópteros del Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas. En total, la firma alicantina debe suministrar seis helicópteros bombarderos pesados al Ministerio para la lucha contra incendios forestales, a cambio de 16 millones de euros en total por los próximos tres años.

Estas renovaciones y nuevas adjudicaciones llegan cuando la empresa acaba de plantear una reducción general de los salarios de sus pilotos, que CCOO cifra en un 13% de rebaja media y que en algunos conceptos podría alcanzar el 30%. Babcock cuenta con una plantilla de 1.200 personas entre las dos empresas con las que opera en España, a las que ha comunicado que va a modificar las condiciones laborales en base al artículo 41 del estatuto de los trabajadores. El sindicato denuncia que la empresa pretenda llevar a cabo estos recortes "mediante la negociación del convenio de empresa, que no negocia con todos los sindicatos con representación en el anterior comité".

UGT, por su parte, ha pedido a los directivos de la empresa para que acometa planes de ahorro y de optimización de recursos para que no afecte a la plantilla, y evitar así la reducción salarial planteada por la empresa. "Estamos decididos a realizar cuantas acciones consideremos necesarias para defender los derechos de los trabajadores. UGT pondrá sobre la mesa distintas medidas para la reducción de gastos y recuperación de la competitividad de la empresa sin que caiga todo ese peso sobre los trabajadores y sus familias".

En el ejercicio cerrado durante el primer trimestre de 2018, la empresa facturó un total de 168 millones de euros, un 4% menos que el año anterior, y entró en pérdidas lastrada por la caída del negocio, que hace solo tres años superaba los 200 millones. Si desde su compra por parte de Babcock la firma siempre había arrojado beneficios, el año pasado fue el primero que presentó números rojos, con 6 millones de euros de pérdidas. La dirección de la empresa confía en mantener su cartera de clientes y ganar algunos nuevos para revertir la situación.