El actual alcalde, Luis Barcala (PP), junto a la portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, en una de las sesiones de la comisión de investigación del 'caso Comercio'. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La historia se repite tras darse la vuelta como un calcetín. Dos años después del estallido del llamado caso Comercio, que llevó a la dimisión del socialista Gabriel Echávarri como alcalde de Alicante, otra anomalía bajo sospecha en el funcionamiento de la administración local, junto al comportamiento supuestamente inadecuado de dos asesores municipales, acabará dirimiéndose en los juzgados. Se trata del caso e-mails, en torno al fallo de seguridad detectado en el sistema informático del Ayuntamiento que permitía el acceso a las cuentas de correo de concejales, cargos de confianza y funcionarios con el uso de una misma contraseña clave (la palabra 'Alicante').
Eso sí, esta vez (a diferencia del caso Comercio, que acabó de dinamitar al tripartito progresista formado por PSOE, Guanyar y Compromís) la controversia se circunscribe a los dos grupos políticos que ocupan el espacio político del centro-derecha: el PP y Ciudadanos (Cs). Dos partidos que, además, están predestinados a disputarse el liderazgo en ese espectro ideológico en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, después de los resultados cosechados en la cita de 2015, con 8 ediles para el PP y 6 para Cs.
Por lo pronto, el grupo municipal de Cs dio este viernes el primer paso y anunció su intención de trasladar a la justicia los acontecimientos conocidos el pasado 20 de febrero precisamente a instancias de uno de sus concejales: Juan Francisco Escudero. Como viene informando Alicante Plaza, él fue quien descubrió -presuntamente, de manera fortuita- la existencia de esa brecha en la seguridad del sistema informático municipal y la puso en conocimiento de los técnicos de la Concejalía de Nuevas Tecnologías.
La decisión de Cs se conoció después de que la edil responsable de ese departamento, la popular Dolores Padilla, diese a conocer las conclusiones del informe definitivo elaborado por los técnicos del departamento. Ese dictamen circunscribe los accesos irregulares solo a dos cargos de confianza de Cs, Miguel Ángel Sánchez y Antonio Zardoya, y confirma que realizaron varias visitas a buzones de concejales, asesores y funcionarios con una duración de segundos. Padilla detalló que ese dictamen se trasladará a la Agencia Española de Protección de Datos al tratarse de una vulneración del secreto de las comunicaciones y a la Asesoría Jurídica Municipal para que evalúe si puede ser constitutiva de algún supuesto delictivo.
Sin embargo, no aportó una explicación tajante sobre las dos causas que, en concurso, habían propiciado esa brecha en la seguridad del sistema. Según apuntó, los técnicos no habían podido precisar quién generó la segunda de ellas (la famosa activación indebida del directorio de usuarios) ni cuándo pudo haberse producido dicha activación.
Ese fue el clavo al que se aferró Cs para anunciar el inicio de acciones legales con el propósito de que fuese la justicia quién esclareciese quién y cómo fue posible que se diesen las circunstancias que causaron el fallo de seguridad, ya que, según subrayó su portavoz, Yaneth Giraldo, "el equipo de Gobierno del PP no ha podido explicar el origen del fallo, que es aquí lo realmente relevante". En esta línea, confirmó que Cs había decidido "trasladar a los juzgados una denuncia para que se esclarezca el grado de responsabilidad que pudiera derivarse de la existencia de una clave maestra para acceder las comunicaciones electrónicas del Ayuntamiento de Alicante".
PSOE, Guanyar y Compromís también sopesan acudir al juzgado o a Fiscalía, al margen de la denuncia de Cs y de las posibles acciones que pueda recomendar la Asesoría Jurídica
Como también ha informado este diario, Cs viene sosteniendo de manera reiterada que la obligación de velar por la seguridad de las comunicaciones es del equipo de Gobierno como responsable del funcionamiento municipal. "La clave maestra para acceder a los correos electrónicos se creó en la Concejalía de Informática y por tanto, quien debe corregir el error y tomar las medidas necesarias para preservar la seguridad en las comunicaciones es el equipo de Gobierno", recalcó Giraldo. POr último, insistió en que "Cs ha actuado siempre con responsabilidad, poniendo los hechos en conocimiento de los servicios técnicos del Ayuntamiento y de la Alcaldía de manera inmediata".
La cuestión es que en el caso de que Cs no hubiese anunciado esa decisión de presentar denuncia, y de que la Asesoría Jurídica pueda descartar el inicio de acciones legales, lo cierto es que todo parece apuntar que al menos parte del resto de grupos de la oposición sí estarían dispuestos a emprender ese camino.
En primer término, la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, apuntó que su partido valoraría la posibilidad de trasladar esos mismos acontecimientos a la justicia. "Cuanto más sabemos del asunto de los e-mails, más tenemos que preocuparnos", señaló, después de conocer que uno de los asesores de Cs trató de acceder a su cuenta de correo el día en el que se detectó el fallo de seguridad. "Ahora resulta que no solo se accedió a correos de concejales, también hubo intentos de entrada a funcionarios de Urbanismo y Tráfico. El señor Barcala debe llegar al fondo de este asunto, aunque afecte a sus compañeros de Ciudadanos y también debe explicar por qué falló la seguridad", apuntó. "Si no pone este asunto en manos de la justicia tendremos que asumir que existe un pacto de silencio para taparse las vergüenzas y nosotros valoraremos acudir a los juzgados", concluyó.
En la misma línea, el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, apuntó -después de que el PP diese cuenta de las conclusiones del informe en una Junta de Portavoces- que su formación valorará "llevar este asunto a la Fiscalía". "Lo que ha pasado es grave y se debe investigar en todos los ámbitos, incluido el judicial, para aclarar posibles responsabilidades tanto de Cs como del equipo de Gobierno".
En parecidos términos se pronunció su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, quien señaló que "parece acreditado que todo se debió a un error grave y que no debe volver a pasar, en el que se deben tomar las medidas y los procedimientos técnicos relativos a esa protección de datos para que esto no vuelva a suceder".
En todo caso, fue duró con Cs al señalar que "debe tomar decisiones". "No es posible que la señora Giraldo se desdiga de la actitud y de las palabras que tuvo en la reunión del viernes pasado y que ahora no asuma ninguna responsabilidad" pese a que "ha quedado comprobado que hay actuaciones reiteradas que afectan a políticos, asesores y técnicos a los que se ha violentado su privacidad". "Si no toma decisiones o no le dejan tomarlas, ella no podrá seguir como portavoz de ese grupo municipal", señaló. En esta línea, dejó abierta la posibilidad a que Compromís adopte sus propias medidas. "Valoraremos en nuestra ejecutiva las acciones a pedir", entre las que, en declaraciones a Alicante Plaza, enumeró la posibilidad de acudir a Fiscalía. Por último, insistió en que "si Cs no toma medidas, tendremos que pedirles que las tomen", concluyó.
