'Caso Brugal': ¿mantendrá el PP la acusación contra sus exalcaldes por el amaño del PGOU?

ALICANTE. El nuevo equipo de Gobierno al frente del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por ocho concejales del PP, no sólo asume la responsabilidad de la gestión de la segunda ciudad de la Comunitat desde hace 20 días. Junto a los proyectos en fase de licitación, a los presupuestos municipales aprobados en marzo y a un superávit de 43 millones, también ha heredado otras posiciones políticamente más complejas como el desempeño de la acusación popular en el proceso judicial abierto frente a dos de sus últimos alcaldes, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en relación al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en beneficio del constructor Enrique Ortiz. 

La personación en esas diligencias fue uno de los acuerdos alcanzados por el ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) a su llegada al poder, en mayo de 2015. La decisión se justificó entonces en la necesidad de que el Ayuntamiento velase por el interés público que pudo haberse visto lesionado en el presunto trato de favor que, según el sumario, se habría podido conceder al controvertido promotor. De hecho, al dictar el auto de apertura de juicio contra los nueve acusados, en febrero, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 -responsable de la instrucción- les exigió el depósito de una fianza solidaria de 1,3 millones para asegurar la cobertura de posibles responsabilidades pecuniarias (indemnizaciones) en función del gasto generado al Ayuntamiento de Alicante por la tramitación del PGOU (del que al final, el propio PP acabó desistiendo). Ese trámite se cubrió poco después: Ortiz aportó las escrituras de propiedad de una finca situada en Monforte del Cid que, según el informe de evaluación encargado por el instructor, cubría la suma requerida para el conjunto de los procesados.

En aquel momento (hace tres años), y ante la insistencia de Guanyar, el tripartito decidió dejar la representación legal del Ayuntamiento en manos de abogados externos. Y, según pudo confirmar Alicante Plaza, ese acuerdo continúa en vigor, sin que nadie en las filas del PP haya cursado una orden en sentido contrario. Así, el Ayuntamiento de Alicante, ahora gobernado por el PP, continúa siendo una de las tres únicas acusaciones que continúan en el proceso, después de que el PSOE de Alicante renunciase a formular acusación (entonces, se argumentó que la salvaguarda del interés público ya estaba garantizada con la personación del Ayuntamiento y de la Fiscalía Anticorrupción). Además de la representación legal contratada por el tripartito y, además del acusador público, también continúa activa la acusación de Esquerra Unida (EU). Es más, este martes se pudo conocer que la Audiencia había desestimado el último intento de la coalición para que también se juzgase a Ortiz por el delito de uso de información privilegiada.

En esta tesitura, la incógnita que queda por despejar en el año que resta de mandato es si el PP va a seguir manteniendo la acusación contra sus dos exdirigentes. Las fuentes del equipo de Gobierno consultadas por Alicante Plaza tanto hace una semana como este mismo martes apuntaron que no se había llegado a analizar esa cuestión y que todavía no se podía dar una respuesta porque no había habido tiempo material para tratar sobre esa cuestión. Tampoco portavoces oficiales de Alcaldía pudieron dar una respuesta definitiva precisamente por el mismo motivo. No obstante, a preguntas de este diario, sí se admitió que el hecho de acordar una hipotética retirada del proceso en este momento podría no tener buena acogida ante la opinión pública.

En el equipo de Gobierno se sostiene que todavía no se ha llegado a analizar qué decisión podría adoptarse, aunque se admite que una posible retirada no tendría buena acogida ante la opinión pública 

En principio, no existe ningún indicio que apunte a esa posible renuncia. Menos, si cabe, si se consideran dos circunstancias. La primera, que una de las obsesiones del nuevo alcalde, Luis Barcala, y de sus concejales manifestada tras el regreso al Gobierno, el 19 de abril, es la de desligarse de las formas del pasado y demostrar que se había superado aquella etapa. Y la segunda, que esa acusación popular se podría mantener sin demasiada intensidad (como mucho, sustituyendo al abogado contratado por el tripartito), ya que, una vez presentados los escritos de acusación, no se espera que haya que tomar nuevas decisiones complejas hasta la fecha de celebración de juicio. Como muy pronto, eso parece que no será hasta dentro de dos años. De momento, la representación legal del Ayuntamiento solicita cuatro años y nueve meses de prisión para Díaz Alperi (al frente del Ayuntamiento en el inicio de la tramitación del PGOU bajo sospecha y ahora en pleno juicio por supuesto fraude fiscal), a quien se le considera responsable de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Además, se le expone a una pena de 23 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por esos mismos delitos y por otros de revelación de secretos, tráfico de influencias y prevaricación. También se solicita que sea sentenciado al pago de una multa de 1.359.472 euros. Para Castedo, se pide igualmente una pena de 4 años y nueve meses de prisión por un delito de continuado de cohecho y otros 15 años de inhabilitación especial para cargo público por ese mismo delito, por otro de revelación de secretos o información privilegiada y por otro de prevaricación. Igualmente, se pide que se le penalice con una multa de 779.698 euros.