La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en una comparecencia en los juzgados. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La rama del caso Brugal sobre el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor del controvertido promotor Enrique Ortiz se encarrila definitivamente hacia la celebración de juicio en la Audiencia Provincial. La presentación de los escritos de acusación por parte de tres de las cuatro acusaciones iniciales que se acumulaban en el proceso, las de la Fiscalía Anticorrupción, Esquerra Unida (EU) y el Ayuntamiento de Alicante, abocan el proceso a la celebración de la vista oral, a expensas de que todavía se registren escritos de contestación por parte de las defensas de los acusados, diez años después de que se iniciasen las pesquisas relacionadas concretamente con estas diligencias (la causa matriz, sobre el supuesto amaño de la contrata de recogida de basuras de Orihuela se inició en 2006).
De las cuatro acusaciones iniciales presentes en el proceso sobre el planeamiento de Alicante finalmente se ha descolgado una: la ejercida por el PSOE. Su representación legal registró este jueves (último día de plazo para formular acusación) un escrito en el que comunicaba su desestimiento con el argumento de que ya no resultaba necesaria su participación en la causa, al quedar garantizada la acusación pública por parte de la Fiscalía Anticorrupción y por parte del mismo Ayuntamiento de Alicante como institución perjudicada y en defensa del interés público. Lo cierto es que esa renuncia contrasta con la beligerancia que el PSOE mantuvo en relación a las diligencias desde que trascendiese la implicación de los dos exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, para quienes se solicitó su dimisión, primero, y todo el peso de la ley, después.
Ahora, los dos exmandatarios -ya apartados de la primera línea de la actividad política- se enfrentan a peticiones de condena que oscilan entre los 4 y los 10 años de prisión, además de otros 29 de inhabilitación especial para cargo público y de multas millonarias, en función de las solicitudes formuladas por las tres acusaciones. En esa misma tesitura se encuentra el supuesto beneficiario de sus decisiones, el constructor Enrique Ortiz, para quien también se pide penas de entre 8 (Fiscalía) y 13 años (EU), además de multas también por importe millonario.
La cuestión que queda por resolverse todavía es cuándo podrían sentarse en el banquillo de los acusados. Según las fuentes jurídicas consultadas, no hay ninguna fórmula matemática que permita concretar un plazo definitivo. No obstante, se especula con la posibilidad de que la vista no se celebre, como muy pronto, hasta finales de 2020, toda vez que antes de la causa sobre el PGOU de Alicante debe juzgarse, entre otras, las ramas relacionadas con la contrata de basura de Orihuela, que afecta a dos exalcaldes del PP, José Manuel Medina y Mónica Lorente, y con el presunto amaño del Plan Zonal de la Vega Baja y la construcción de su planta de tratamiento, que afecta al expresidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll. El juicio para la primera de esas dos causas se celebrará entre febrero y diciembre de 2019.
