Ángl Fenoll de camino a la primera sesión del juicio del Caso Brugal. Foto: PEPE OLIVARESORIHUELA. El juicio del Caso Brugal, que encausa a 34 acusados en la rama oriolana por supuestas irregularidades en las contratas de basura sigue su curso. El martes declararon cuatro agentes presentes en vigilancias y escuchas que pusieron punto y final por el momento a las declaraciones de agente de la UDEF. Así, el relevo lo tomaron ayer, como testigos, un técnico, jefe del área de contratación durante los años de las presuntas irregularidades, y la edil de Hacienda y Contratación durante el último mandato de José Manuel Medina en Orihuela.
El primer turno en la sesión de ayer fue para el jefe del servicio de Contratación durante varios años, y, en concreto, durante las alcaldías de José Manuel Medina. Sobre el contrato de Colsur, empresa de Ángel Fenoll, que prestaba el servicio de recogida de basuras y otras labores en la costa desde 1993, asegura que funcionó sin cobertura jurídica, después de agotar la prórroga permitida en la primera contrata, desde abril de 1995 en adelante. Más de diez años, teniendo en cuenta que el servicio no dejó de funcionar en la costa oriolana hasta, al menos, 2006. Ante las preguntas del fiscal Pablo Romero, que le preguntaba que cómo era posible que siguiera funcionando ese contrato, el testigo respondió que "no lo sé, porque eso excedía a mis competencias", y lo atribuye a decisiones políticas.
El testigo, comenzó a dibujar la situación de las contratas en la costa de Orihuela, a preguntas del fiscal. Si bien, en muchos momentos aseguró no recordar algunos de los puntos planteados, sí confirmó todas las actas y documentos firmados por él y que le fueron exhibidos durante la causa para auxiliar su memoria. En 1992, asegura, en algunos puntos de urbanizaciones, el servicio de recogida de basuras era privado, y el Ayuntamiento no llegaba a esas zonas. En ese momento, surgió el servicio de Colsur, que se inició en abril de 1993 y, en principio, tenía prórroga hasta abril de 1995 pero siguió funcionando hasta una década más tarde.
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Según el relato del técnico municipal, con la llegada del alcalde José Manuel Medina, se pidió a los técnicos unos pliegos para someter a licitación el servicio de recogida de residuos en la zona costera. Una labor tildada de muy complicada por el testigo, puesto que "era un macrocontrato complejo, en plena explosión urbanística en la Costa, con un crecimiento muy rápido de urbanizaciones y cambios de ruta necesarios en la zona. Obedecía a una decisión política y mandó al ingeniero técnico realizar el pliego de condiciones técnicas. A partir de la petición, se puso en marcha el proceso de trabajo". Este complejo trabajo requería de un estudio exhaustivo de rutas, estudios de maquinaria y planimetría que conllevaba labores exhaustivas que, según el testigo, "seguramente el técnico solo no podría haber realizado solo sin ayuda externa".
No obstante, los trabajos tan amplios llevaron cuatro años. En el año 2000 se inició un nuevo proceso de contratación. Mientras tanto, Colsur seguía encargada del servicio en la Costa. Desde 1996 al año 2000, según el técnico que testificó ayer, no recuerda que le solicitaran desde el equipo de gobierno ninguna labor en relación a sacar adelante la contrata.
El expediente de contratación que se inició en el año 2000 fue motivo de polémica y los rumores sobre presuntas irregularidades en la contrata ya empezaban a asomar entre ediles y la prensa. En mayo de aquel año, el testigo, desde el área de Contratación firmó una diligencia en la que se ponía de manifiesto que, dentro de los sobres presentados con ofertas para la contrata de basuras, -entre ellos, de la firma Colsur- uno de los lacrados había sido desgarrado. El técnico lo atribuye al traslado de baúles donde estaban las plicas y que "se habría desprecintado por error".
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Los rumores de amaño, no obstante se convirtieron en "hervidero" y en un gran malestar en el Ayuntamiento de Orihuela. Según el expediente realizado por el jefe de Contratación "no había pruebas de que la información de Colsur hubiera sido manipulada" y el testigo dio permiso para que el proceso siguiera adelante. No obstante, al final, esa contrata no se concedió, según asegura el testigo "porque no cumplía con el pliego", según la autoridad política. No obstante, el pliego tampoco se consideró desierto y, del año 2000 a 2004, Colsur seguía ofreciendo el servicio en la Costa de Orihuela mientras el impulso a una nueva contrata estaba en el limbo. El jefe de Contratación asegura que no recuerda que Medina le diera órdenes de seguir con un nuevo proceso en ese intervalo de tiempo. En 2005 se requiere ayuda para realizar el pliego a una consultoría externa. Según el testigo, lo atribuye a "las dudas surgidas".
En mayo de 2005, el ingeniero técnico realizó nuevos informes para la contrata y el jefe de Contratación los corroboró, porque confiaba en su labor. "Si hubiera advertido que los pliegos eran ambiguos o abstractos lo hubiese hecho constar, al igual que si no se hubiesen ajustado a derecho". En aquel momento, el testigo era secretario en la Mesa de Contratación. Allí levantaba actas pero solo asesoraba ante dudas de los ediles y no tenía derecho a voto.
El testigo de ayer, defendió a labor del entonces ingeniero municipal, e incluso llegó a emocionarse en sus palabras recordando su labor. "Estaba supercapacitado para hacer el informe de valoración de plicas. Estuvo un mes entero encerrado en su despacho estudiando las ofertas y solo me llamaba de vez en cuando para consultar o asesorarse". Así, quiso despejar dudas ante lo que después fue una impugnación del proceso de la contrata, a partir de 2007.
En la Mesa de Contratación de aquel proceso, Urbaser fue la firma que más puntuación recibió para llevarse la contrata, 15 puntos por encima de las demás firmas presentadas, entre ellas, Colsur. A pesar de los intensos debates y los votos en contra de esa decisión por parte de ediles afines, supuestamente, a la contrata de Fenoll, la Mesa de Contratación hizo suyo el informe técnico municipal, salvo los votos de Ginés Sánchez Larrosa y de José Ramón Martínez Franco.
La postura técnica era que se adjudicara a Urbaser la contrata por ser la oferta más razonable. No obstante, observaba ayer en su declaración el testigo, "tras las dicrepancias se empezó a plantear la necesidad de que un externo realizara informes". Eso llevó a dilatar la decisión y que el contrato se tuviera que adjudicar ya tras las elecciones municipales de 2007, donde resultó ganadora Mónica Lorente.
A partir de entonces, reconoce el testigo su figura pasó a ser "meramente decorativa" y solo los encargados de la redacción de los nuevos pliegos, la UPV, le consultaban de manera puntual algunas cuestiones, pero pasó a tener un papel mucho menos relevante. No apuntó a motivos concretos para esta decisión pero apuntó a que "puede que porque había técnicos nuevos, yo estaba más fuera de las nuevas tecnologías".
El representante de la acusación particular, Miguel Porras, preguntó al testigo qué medidas de seguridad se tomaron en el Ayuntamiento de Orihuela durante el proceso de concurso para la contrata iniciada en 2005 y los motivos. "Ante las dudas creadas en el año 2000 por la plica que apareció abierta, en esta ocasión, las plicas presentadas iban en CD y también, en documentación material dentro de grandes baúles. Se llevaron a un despacho libre, cerrado y aislado, en la sede de la Policía Local. De esa sala solo tenía una copia de la llave el jefe de Policía y yo". Así, corroboró que el ingeniero técnico que valoraba las plicas se encerró en un despacho durante un mes y que solo le consultaba a el testigo algunas dudas. "De vez en cuando, ediles nos preguntaban cómo iba el proceso y nosotros guardábamos un silencio sepulcral".
Mónica Lorente a su llegada a los juzgados en la primera sesión del juicio. Foto: PEPE OLIVARESTal grado de protección no se debía a medidas normales, si no que se tomaron por lo que pasó en el año 2000, cuyo proceso aun traía cola. No obstante, el testigo aporta que en este proceso no existían ni nunca se manifestaron, por parte de los técnicos, ninguna duda jurídica o legal del proceso.
No obstante, después de 2007, la nueva corporación consideró desierta la licitación, en lo que se investiga como una posible connivencia entre el entorno de Ángel Fenoll, la nueva alcadesa, Mónica Lorente, y empresarios y otras personas afines a los intereses del empresaro oriolano.
La edil que testificó también ayer, en la sesión de la tarde, apuntó, a preguntas del fiscal Felipe Briones, que el PP de Orihuela, a finales de 2005 estaba en una situación de crisis y cisma entre dos sectores de afinidad, el de Mónica Lorente y el de José Manuel Medina. Y señaló que ella estaba más en el lado de apoyo a Medina. "Era una situación desagradable, pero tratamos que eso no afectara a la gestión municipal". Aseguró que recordaba a Ángel Fenoll "a inicio del mandato porque había deudas y había que pagarlas por obligación". La edil a la cabeza de Hacienda y Contratación, asegura que recuerda que Urbaser fue la firma mejor puntuada en la contrata iniciada en 2005 y que hubo dos ediles que votaron en contra a la resolución. "Se demostró que allí los que estábamos dentro no pintábamos nada", afirmó la exconcejala.
Ella mantiene que votó a favor de la resolución del técnico porque "yo confiaba en el ingeniero técnico, si alguien nos hubiera advertido de lo contrario, no hubiéramos votado en ese sentido". Después de estas diferencias, se pidieron varios informes más "y también le daban la razón al ingeniero municipal", señaló la testigo.
La edil no quiso decir si los ediles afines a Mónica Lorente se posicionaron a favor o en contra de las decisiones técnicas y a seguir pidiendo nuevos informes técnicos. "No me atrevo a calificarlo". Y añadió que "todos queríamos que el pliego saliera con la máxima transparencia posible, queríamos un contrato como Dios manda".
