¿Cambio de estrategia en los Zaragoza? El cuñado se niega a declarar en el caso de la clínica de Gran Alacant

SANTA POLA. De momento, silencio. Este martes, debían producirse nuevas declaraciones en el causa de la Clínica Gran Alacant de Santa Pola, por la que están investigando al ex alcalde y diputado de Bienestar Social, Miguel Zaragoza. Sin embargo, los citados, la hermana del ex primer edil, Pilar Zaragoza, y su pareja, el ex concejal de Personal, Jorge Perelló, se acogieron a su derecho a no declarar. Ante esta situación, la pregunta es obvia, ¿hay cambio de estrategia en los Zaragoza? Hasta el momento, el principal investigado, el ex primer edil se había defendido alegando que él no tenía responsabilidad ni controlaba el contrato de la Clínica dejando a entender -sin citar nombres- que era el departamento de Contratación del consistorio quien debía hacerlo. En el ámbito político, Zaragoza había decargado toda la responsabilidad en su cuñado, el ex concejal de Perelló, a su vez responsable de ese departamento. Pero ahora, tras su declaración, ¿qué sucederá?

Pues, de momento, quedan dos declaraciones más, las de dos candidatos electorales del PP, uno de ellos, ex regidor de Deportes, Francis Martín. El otro que falta por declarar es Antonio Jesús Martínez. En total, hay siete investigados en la causa judicial. A todos ellos se les acusa de supuesta malversación, prevaricación y cohecho por alquilar unas dependencias municipales a una clínica a cambio de contratar familiares de militantes del PP. En algunos de los casos, como el de Pilar Zaragoza, que cobraban y no iban a trabajar..

En su intervención de la semana pasada, Zaragoza defendió la gestión de la Clínica de Gran Alacant, ese a que el centro médico no abonó, durante los 10 años de alquiler, el canon al que se comprometió. Zaragoza insistió en que la clínica debía tramitar las bajas laborales del personal del ayuntamiento. Sin embargo, el informe elaborado por la Udef sostiene que ni la empresa pagó el canon ni la ayuntamiento, en la etapa de Zaragoza, requirió nunca a la clínica la valoración de sus trabajos para el consistorio para proceder a su compensación con el alquiler; es decir, en ninguno de los diez años que duró el contrato de prestación de servicios no se hizo ninguna reclamación por ninguna de las dos partes, ni liquidación de los importes pendiente por cada una de las partes. Lo que sí hizo fue emplear a personas siguiendo las indicaciones del ayuntamiento, de ahí que entre las investigadas esté la hermana del ex alcalde, que fue contratada, pero no asistía a su puesto de trabajo. Otros de los contratados serían Francis Martín y Antonio Jesús Martínez, ambos militantes del PP.

Otra de las cuestiones que tampoco figura en el contrato fue que el ayuntamiento aportara personal funcionario para la clínica, algo que la Udef sí que ha investigado, a raíz de algunas declaraciones de personal del consistorio, y que al parecer podía ser ilegal.

Una vez se produzcan las dos declaraciones pendientes, la juez titular del juzgado número dos de Elche deberá decidir si existen indicios contra la diputada nacional y ex concejala del área de Gran Alacant, Loreto Cascales. En ese caso, como ya informara Alicante Plaza, la causa sería enviada al Tribunal Supremo al ser Cascales aforada. Si no hay indicios, Cascales quedaría fuera de la causa y seguiría su curso en los juzgados de Elche a la espera de su archivo o transformación en procedimiento abreviado.