Cambiemos alerta de que la comisión sobre los contratos de la gestión del agua en Orihuela "se cierre en falso"

ORIHUELA. El próximo jueves 22 está previsto el último encuentro de la comisión no permanente del Ayuntamiento de Orihuela con el que se trata de poner luz ante el contrato, y sus prórrogas, de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la ciudad, que desempeña Hidraqua. Una luz que según quien la sostenga la enfoca hacia unas conclusiones u otras. La Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana ya ha apuntó en 2019 en una dirección, la que viene denunciando el grupo municipal Cambiemos y con la que se reabrió en septiembre de 2020 las investigaciones por parte de un juzgado de Orihuela. El equipo de gobierno señala, al amparo de informes jurídicos privados, hacia otro punto.

La creación de esta comisión se aprobó en el pleno ordinario del 27 de febrero de 2020 con el objetivo de estudiar, analizar y elaborar un informe en cuanto a los convenios y suscritos entre el Ayuntamiento y la mercantil Hidraqua para la gestión del agua. La cuestión a dirimir también se encuentra en fase judicial y de investigación, después de que el juzgado número uno de Orihuela reabriera el caso: la legalidad de los contratos sobre los que la mercantil desarrolla sus servicios y al amparo del ejecutivo. 

La Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana remitió en diciembre un informe  en el que daba por extinguidos los tres contratos para la gestión del servicio municipal de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales, tras una denuncia presentada por Cambiemos Orihuela. En 2008 vencían los 20 años de contrato para el servicio municipal de agua potable, con la opción de una prórroga de diez años. En 1993 y 1995 el Ayuntamiento adjudicó el contrato del servicio de saneamiento y la gestión del alcantarillado. Se fijó que estos dos últimos vencieran al mismo tiempo que el anterior, en 2008. En julio de 2001 se firma un convenio para emplear la opción de prórroga de diez años. Es decir, debía finalizar en 2018, pero en mayo de 2004 se acuerda un nuevo convenio por el que acepta una prórroga de dos décadas, hasta 2038.

 El informe de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana dictaminó que "se hace necesario cuanto antes que se inicie y adjudique una nueva contratación" dado que, como según expuso, esos contratos se daban com extinguidos. El juzgado abrió diligencias e investigaciones pero lo archivó y en septiembre de 2020 lo reabrió.

Desde que se anunció e inició la comisión, el grupo municipal Cambiemos la catalogó de "farsa" y de ser una herramienta dilatoria y ha pedido desde el primer momento la declaración de nulidad de los contratos. La formación en un documento de conclusiones que ha elaborado señala que se da una omisión en los informes y alegaciones de datos "altamente relevantes" para los miembros de la comisión. También argumenta su calificación de "dudosa" justificación de la primera prórroga formalizada en 2001 y la justificación y duración "excesiva del plazo de la segunda", de 2004. Tras argumentar estas afirmaciones propone que se incorporen al dictamente de la comisión no permanente. También que se traslade al pleno del Ayuntamiento llevar a cabo los trámites para declarar la nulidad de los contratos y de abrir "un proceso de deliberación y debate" que cuente con la participación de los diferentes grupos políticos y sectores de la sociedad civil para adentrarse en las vías posibles de gestión del agua del municipio.

La presidencia de la comisión, en el edil de Hacienda, Rafael Almagro (PP) en su informe de conclusiones defiende que las prórrogas se ajustan a derecho y la revisión de los contratos y la declaración de su nulidad "atentaría contra los principios de seguridad jurídica, buena fe, equidad y confianza legítima". Y concluye, que atendiendo a los informes jurídicos elaborados proponen la "inadmisión de la revisión de oficio que resultó instada por el grupo municipal Cambiemos Orihuela y retirada del orden del día del pleno de 27 de febrero de 2020". Para elaborar estas conclusiones se ha amparado en el informe jurídico de cinco despachos de abogados, uno de ellos corresponde a quien tiene adjudicada la asesoría jurídica al Ayuntamiento.

Ante estas conclusiones, desde la formación de Cambiemos alertan y critican que "se cierre la comisión en falso". El edil Javier García instó ayer en comparecencia de prensa que el gobierno local "debería ser más responsable, están ignorando informes de la Junta Consultiva de contratación que señalan claramente que los contratos de Hidraqua están extinguidos desde 2008 y no se ajustan a derecho". Mientras la comisión da los últimos pasos, las investigaciones judiciales, continúan, de forma paralela con el caso abierto.