Arenal Sound 2023. Foto: Paco Poyato / Europa PressCASTELLÓ. Benicàssim volverá a abrir la próxima semana su recinto de festivales para abrazar una nueva edición del SanSan. Del 28 al 30 de marzo miles de personas -un público mucho más local que otros años, según ha avanzado la organización- se dirigirán en masa para ver a un conglomerado de artistas probablemente que conocen y algunos otros que acabarán por descubrir. Es un ritual que, año a año, se repite. La provincia de Castellón da el pistoletazo de salida a la temporada y, progresivamente, la agenda cultural de todo el territorio valenciano empieza a llenarse de este tipo de propuestas. Pero, más allá de los cambios que pueda haber en sus carteles -a veces se encuentran pocos- ¿qué otras transformaciones han vivido los festivales de una temporada a otra? ¿Cuáles son los retos a los que estos todavía se enfrentan?
Hasta diez tipos de problemas e irregularidades en la organización de macrofestivales, fueron identificados por la asociación de consumidores Facua el pasado año. De las cancelaciones a escasas horas de empezar el festival, a la prohibición de entrar comida o bebida, hasta pedir suplementos para salir y reacceder al recinto o imponer el sistema de pulsera cashless como único método de pago. Facua denunció el último verano a más de una veintena de festivales y por primera vez el Ministerio de Consumo abrió un expediente al Reggeaton Beach Festival, que se celebra en Oropesa del Mar entre otras ciudades españolas, por incluir como cláusula obligatoria la prohibición expresa de entrar al recinto comida o bebida de exterior. Sin embargo, muchas de estas "normas" continúan hoy vigentes, haciendo las promotoras caso omiso a los sindicatos.
"La inacción de las administraciones no nos deja avanzar. En general, contestan que están en ello o derivan nuestras reclamaciones a otros departamentos. Es lo más parecido a un partido de tenis", alerta Pau Bernat, de Facua en la Comunidad Valenciana. No ha conseguido la asociación de consumidores que sus denuncias tengan un efecto directo o indirecto en los festivales de música, pese a que -como señala Bernat- estos no tengan, por ejemplo, derecho a imponer el pago por pulsera cashless cuando "la moneda de curso legal es el euro". Desde Facua consideran, en este sentido, que existe una "cultura de impunidad" que protege a las grandes empresas musicales, por lo cual es complicado poner fin a su mala praxis. "Nuestro deber es poner los abusos encima de la mesa para que el público lo sepa y animarles a que ellos también pongan reclamaciones. Al final, a más denuncias, más fuerza", manifiesta Bernat.
Ahora bien, llegados a este punto, desde Facua se plantean la posibilidad de ir directamente a los juzgados, donde sus demandas parecen encontrar más salida. Tras llevar a los tribunales a Yelmos Cines en mayo del año por no permitir el acceso con comida y bebida comprada fuera de sus establecimientos, la cadena de exhibición se vio obligada a pagar una multa de treinta mil euros. Y es que también en su caso, los cines no pueden prohibir el acceso de alimentos puesto que su actividad principal es la exhibición de películas y no la restauración.
Así pues, por lo que hace a los festivales, no es el público el único frente que tienen abierto. También lo son sus trabajadores. Pese a haberse instaurado así desde hace muchos años, ni las personas que se encargan de recepcionar y ubicar a los diferentes asistentes en los cámpings, ni las que resuelven dudas en el interior del recinto, ni las que venden entradas en taquillas pueden ser consideradas como "voluntarios" que reciben una entrada o copas a cambio de su trabajo. Así es que, tras una denuncia de CNT València, el Pirata Beach Festival de Gandía se vio obligado a dar de alta a todas las personas que prestaron dichos servicios, 12 en total, en su última edición. Inspección de Trabajo entiende que estas labores no entran en los supuestos regulados en la Ley del voluntariado y que, por tanto, eran trabajadores de pleno derecho.
Pero el caso del Pirata Beach Festival no es el único. Desde CNT València celebran la resolución porque creen que "sienta un precedente" para que esta situación no vuelva a ocurrir en este evento en 2024, así como -esperan- en el resto de festivales nacionales. "El resto de festivales deberían seguir el ejemplo. Cualquier persona que este prestando este servicio no puede hacerlo con carácter de voluntario, sino a través de un contrato laboral. Además, si es un festival que se repite todos los años sobre la misma fecha debería hacerse mediante un contrato de duración fija discontinua", advierte Antonio Ruiz, asesor jurídico y abogado de CNT que ha liderado el caso. En este sentido, advierten además desde la entidad que estarán "vigilantes" a que no se incumpla más la normativa. "Si lo detectamos lo vamos a poner en conocimiento. Los festivales deben recordar que no son una ONG o una organización cultural, sino una sociedad mercantil y por lo tanto estos falsos voluntarios son trabajadores por cuenta ajena encubiertos".
Hay, con todo, otras cuestiones a las que los festivales han empezado a prestar atención. La sostenibilidad es el otro gran reto al que estos se enfrentan, especialmente la gestión de residuos y la huella ambiental, y son cada vez más las medidas que se están desarrollando para lograrlo. Así pues, los festivales han implantado nuevas medidas para convertir los recintos en "lugares inteligentes". Sin ir más lejos, Benicàssim trabaja en un proyecto pionero de la Generalitat que convertirá su recinto de festivales en un espacio inteligente, donde será posible a través de una app conocer el flujo de público los conciertos o información actualizada del entorno.
Más allá de todo lo que tienen que mejor, en general, los festivales; preguntamos también a los profesionales valencianos cuáles creen que son sus retos para este 2024 y a Turisme de la Comunitat. En su caso, Daniel Arna, técnico responsable del producto de Festivales, asegura que la presente temporada se afronta con "optimismo", porque "el número de festivales se mantiene e incluso hay nuevas posibilidades en el territorio para ampliar la oferta" y, además, "la venta está siendo todo un éxito". "Sin duda, el producto de festivales sigue siendo fundamental para el turismo de la CV, porque genera empleo, economía, dinamiza el territorio y además nos acerca a un público que en un futuro puede volver a disfrutar de otra experiencia en un lugar en el que ya ha sido feliz", afirma Arna.
Por su parte, Joanvi Diez, presidente de la asociación de festivales PROMFEST, asegura que el gran reto, y en lo que están ya trabajando, es en la consolidación del sector y en su cohesión. "Hay 130 festivales grandes, medianos y pequeños en la Comunidad Valenciana, pero da la sensación que siempre se tiene en cuenta a los macros. Sin embargo, son los de medio formato a los que más les cuesta resistir y sobrevivir. Necesitamos que la administración mire más a estas citas. Así que el reto es afianzar la estructura que tenemos, equiparar los grandes festivales a los medianos y pequeños, y conseguir que se nos vea como un sector que generamos desarrollo económico en otras áreas", explica Diez, que concluye: "Si somos tierra de festivales como dice la Generalitat, tendremos que creérnoslos de verdad".
