Caixabank lleva al juzgado al Ayuntamiento de Orihuela por el aval incautado al urbanizador de Lomas de Cabo Roig

ORIHUELA. Caixabank ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Elche un recurso contra el Ayuntamiento de Orihuela a cuenta de la aprobación, por parte de la corporación municipal, de incautación del aval al agente urbanizador, la mercantil Urbana San Miguel S.L., de Lomas de Cabo Roig. El Ayuntamiento viene reclamando este aval desde que la promotora incumpliera el convenio urbanístico, en el que además de urbanizar este sector de la costa, incluía la ampliación del puente sobre la AP-7 para sumarle un espacio para el tránsito peatonal. Esta última actuación fue la que no ejecutó.

Este recurso presentado por la entidad bancaria Caixabank, donde se encuentra depositado el aval (en su momento Bancaja antes de la absorción de Bankia), va contra el acuerdo plenario de 29 de julio de 2021 en el que se declaró la caducidad y resolver la adjudicación de la actuación urbanística por el incumplimiento del agente urbanizador de ejecutar el desdoblamiento del puente, de tal modo que también se aprobó incautar la garantía depositada que asciende a más de 1,2 millones de euros.   

Los vecinos de las urbanizaciones próximas a este vial, la CV-941, que atraviesa la AP-7, vienen reclamando desde hace más de una década que se acometieran las obras para incorporar ese vial peatonal. Esta situación se inicia en enero de 2002 cuando se aprobó en pleno las cláusulas sobres las que se regiría el convenio urbanístico para que la mercantil valenciana ejecutara el programa de desarrollo urbanístico integrado del sector Lomas de Cabo Roig. Se fijó una garantía que la promotora ingresó en diciembre de 2004. La mercantil ejecutó esa promoción urbanística pero no la pasarela peatonal.

En noviembre de 2018, el Ayuntamiento, a través de un escrito instó al agente urbanizador a que iniciara y finalizara las obras en ese vial tras recibir el informe de viabilidad de la Demarcación de Carreteras del Estado, con carácter favorable y vinculante. El consistorio le dio un plazo de 15 días a la mercantil para que acreditara que había iniciado los trámites para la finalización de las obras pendientes. La promotora se amparaba, hasta ese momento, en que no tenía la autorización de Carreteras.

Siguiendo el acuerdo plenario de aprobación en pleno de julio de 2021 de la incautación del aval, en octubre se emite un oficio a la Tesorería del Ayuntamiento solicitando que proceda a la incautación. Después de diferentes edictos y oficios a la Conselleria de Política Territorial, y el inicio de la redacción del pliego para la contratación del proyecto, y resoluciones del Síndic de Greuges, en enero de este año, Intervención remite un informe a la entidad bancaria para que procediera a la ejecución del aval. En marzo, Caixbank impugna esa ejecución del aval y días después la asesoría jurídica del Ayuntamiento emite un informe. En abril, Tesorería del Ayuntamiento remite el último oficio a la entidad bancaria. Es ahora cuando Caixabank ha decidido acudir a los tribunales.

El edil de Urbanismo, y portavoz del equipo de gobierno, José Aix, anunció este martes que será el Ayuntamiento quien, mientras se resuelve la situación, el que sufrague los costes. “No se puede demorar más la ejecución de esta obra” ha señalado. Por esta razón, se va a destinar  una partida a través de generación de crédito –que se debatirá el próximo jueves en pleno- de 86.515 euros para la redacción del proyecto. Ha añadido que, previendo una más que probable dilatación en el tiempo de una resolución judicial favorable, será el Ayuntamiento el que sufrague también esa ejecución de la obra que se estima que sea más costosa que el propio aval de 1,2 millones de euros por el encarecimiento de los materiales. Para ello se recurrirá a una modificación de crédito con remanentes.