BENIDORM. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este lunes la resolución del contrato con Vainsa Infraestructuras SL, llevando aparejada la incautación de la garantía. La decisión está avalada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) después de una solicitud del Consistorio al comprobar que la mercantil no había cumplido con los plazos para ejecutar las obras de renovación de infraestructuras de agua potable y saneamiento en la avenida Montecarlo. Para ello, previamente había declarado el incumplimiento culpable del contratista.
Así lo ha informado la administración local este lunes. La propuesta del concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, indica que ha quedado “suficientemente acreditado en el expediente administrativo el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato por causas imputables al contratista”. Unas causas que, además, han sido ratificadas por el CJC en un dictamen emitido el pasado 24 de septiembre.
Tal y como viene explicando este diario, la Junta de Gobierno Local (JGL) aprobó en julio la resolución del contrato. Este fue adjudicado en octubre de 2022 pero en septiembre de 2023, según informan los técnicos municipales, abandonó los trabajos y se solicitó la incoación del expediente de resolución "por abandono de las obligaciones por parte del contratista relativas al incumplimiento de plazo de ejecución fijado en el contrato", tal y como apuntaban los informes municipales. En mayo de 2024, la empresa solicitó cantidades en concepto de indemnización y trabajos ejecutados. Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó la reclamación y la mercantil se opuso. Es por esto que la administración local pidió que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) se pronunciara sobre la forma de proceder.
Además de la incautación de la garantía, se le advierte a la empresa que si esta no resulta suficiente para resarcir los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, “el Ayuntamiento se reserva el derecho de incoar una pieza separada por tratarse de una resolución contractual por incumplimiento culpable”, ha explicado González de Zárate.
El primer edil recordó que la incoación de expediente se fundamenta "en el incumplimiento de los plazos, lo cual constituye causa de resolución del contrato por parte del contratista como queda establecido en la Ley de Contratos del Sector Público". A su vez, explicó que tras el trámite de audiencia, se les rechazaron las alegaciones presentadas. Por último, el titular de Ciclo del Agua ha precisado igualmente que el expediente también cuenta con un informe favorable a la resolución del contrato emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento “en el que también se desestiman las alegaciones del contratista en su integridad y se propone la incautación de la garantía”.
