Benidorm rompe contrato con Vainsa por paralizar las obras de una calle desde septiembre de 2023

BENIDORM. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm aprobará el próximo lunes 1 de julio la resolución del contrato con la empresa adjudicataria de las obras de renovación de infraestructuras de agua potable y saneamiento de la avenida Montecarlo, Fase I. Esta obra fue adjudicada en octubre de 2022 a la empresa Vainsa Infraestructuras S.L. y en la actualidad se encuentra paralizada desde hace meses a causa de los incumplimientos de la propia empresa.

Según los informes técnicos, se infiere que desde septiembre de 2023 el contratista cesó de forma unilateral la continuación de las obras por lo que se solicitó la incoación del expediente de resolución del contrato “por abandono de las obligaciones por parte del contratista relativas al incumplimiento de plazo de ejecución fijado en el contrato”.

Los informes señalan que desde la paralización de septiembre de 2023 la empresa “no reanudó las obras, manteniéndose dicha paralización unilateral por el contratista hasta la actualidad”. Sin embargo, el pasado mes de mayo la mercantil solicitó por su parte la resolución del contrato reclamando además cantidades en concepto de indemnización y trabajos ejecutados.

El Ayuntamiento, no obstante, atendiendo a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, rechaza la petición de la empresa y considera que hay causa para resolver el contrato e incluso advertirle de la posible pérdida de la fianza depositada por la propia mercantil.

Así, la propuesta firmada por el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, acuerda incoar el expediente de resolución contractual por incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato por parte del contratista. También propone la resolución del contrato y dejar sin efecto la relación contractual con la mercantil “por la demora en el cumplimiento de los plazos establecidos en los documentos”.

La empresa dispondrá de un trámite de audiencia de modo que en el plazo de diez días tendrá que presentar las alegaciones y documentos que estime pertinente en defensa de sus intereses. En el caso de que la empresa formule oposición a la propuesta de resolución del contrato, el expediente administrativo y las alegaciones serán remitidas al Consell Jurídic Consultiu. En ese caso se suspenderá el cómputo de plazo para resolver el procedimiento hasta la recepción del dictamen del CJC.

Finalmente, una vez resuelto el contrato se procederá, si procediese, a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra de la empresa contratista.

Por su parte desde el PSOE lamentaron que hace tres meses denunciaron esta situación y se han tenido que enterar por un comunicado del Ayuntamiento de la decisión tomada.