Cala Mal Pas durante las restricciones por la pandemia. Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm extiende el plazo inicial del contrato de gestión integral de playas. Lo hará de dos formas. El pleno celebrado este lunes ha aprobado la propuesta de la concejal de Playas, Mónica Gómez, que por un lado resolvía las peticiones realizadas por la empresa en los últimos años por las consecuencias de la pandemia, y además, acuerdan la cuarta de las cinco prórrogas que contempla el contrato iniciado en 2017. Durante su intervención, la edil aseguró que se trata de una cuestión puramente técnica y jurídica.
En su exposición de motivos, Gómez explicó que el 15 de enero de 2025 vencerá la tercera prórroga aprobada en diciembre del año pasado para prestar el servicio durante el 2024. Una cuestión que contó con los informes previos favorables y que extenderá el servicio durante todo el año, hasta el 15 de enero de 2026.
Por otro lado, la misma moción también servía para dar trámite a la aclaración solicitada en el informe de fiscalización del 22 de diciembre de 2023 donde se requería resolver la situación del contrato originario y las solicitudes de la empresa. Como ha venido contando este diario, la mercantil RA ha pedido en varias ocasiones acogerse a la posibilidad de ampliar el plazo por las consecuencias de la pandemia en la explotación. Así, hablaban del máximo permitido: el 15% del total del plazo, es decir, 18 meses para compensar el "desequilibrio económico generado por la covid-19", manifestó la concejal.
Gómez explicó que esta autorización empezarían a correr una vez terminadas las prórrogas que contempla el pliego. Y estaba motivada por los "ingresos dejados de percibir por la suspensión del contrato" por las restricciones que se decretaron durante la pandemia. Así, recordó que el 14 de marzo de 2020 se cerraron las playas de Benidorm, "dejándose de realizar en ellas todo tipo de actividad hasta el 1 de julio de 2022, día en el que se reanudaron las actividades a ejercer" en los arenales de "forma normal".
En este sentido, manifestó que la empresa "RA vio alterado el equilibrio económico de la concesión al no poder explotarla de acuerdo con los términos establecidos en los pliegos que rigen el contrato", dijo, refiriéndose estrictamente a lo reflejado en los informes técnicos que daban vía libre a la propuesta. La concejal relató que durante este periodo de más de dos años de suspensión del contrato, el Ayuntamiento "fue adaptando los servicios que se prestan en las playas de acuerdo con la evolución de la pandemia y respetando siempre las directrices del gobierno de España hasta el 1 de julio de 2022 que se restableció la normalidad".
En este punto, la edil del área argumentó la decisión basándose en la sentencia 146/2023 de 16 de junio de 2023 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante por el cual condenaba al Ayuntamiento de Benidorm al abono de casi 460.000 euros (que luego quedaron en alrededor de 70.000 euros) por el desequilibrio económico causado a la concesionaria de la ORA por los efectos de la pandemia y la doctrina del Tribunal Supremo aplicada en este fallo. A esto añadía el artículo 34.4 del Real Decreto Ley de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid donde establece el derecho a las concesionarias de obras y servicios a ser compensados de dos maneras: con el 15% del plazo inicial, o con la modificación de las cláusulas del contenido económico del contrato.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que las temporadas de explotación son de 11 meses, la propuesta aprobada se refiere a conceder una primera prórroga de una temporada completa de 11 meses y una segunda de siete meses, siendo desde enero hasta el 30 de septiembre del año que correspondiera. Haciendo cálculos, terminaría en septiembre de 2028.
Por su parte, desde el Grupo Municipal Socialista, la edil Laura Rubio, requirió al gobierno local saber qué va a pasar con la otra parte de la petición de la empresa, que pedía un tiempo extra más para compensar un año, nueve meses y 20 días sin actividad. Unas dudas que Gómez pidió que se las trasladara a los técnicos municipales al considerar que era una cuestión "absolutamente jurídica y técnica". Finalmente, la propuesta salió adelante con el voto favorable de toda la corporación local.
