BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado definitivamente la ordenanza fiscal número 17 que regula la tasa de recogida, tratamiento y transporte de residuos sólidos urbanos. Como novedad, la propuesta, además de contar con el voto a favor del PP, también lo hace con el del PSOE, que se ha mostrado crítico durante los últimos meses con los dos años de subida de esta tasa a la población. Por su parte, Vox ha votado en contra.
Según ha expuesto la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, durante el periodo de exposición pública el Ayuntamiento recibió una reclamación a la modificación de la ordenanza, pero fue inadmitida en base al informe del área de Tesorería ratificado por Secretaría. Por su parte, el concejal socialista, Antonio Charco, a pesar de haber manifestado ser contrario a la distribución de la tasa propuesta según la actividad comercial del contribuyente, posicionó el voto a favor del Grupo Municipal Socialista asegurando que querían cumplir con la ley y por considerar que ahora sí que estaba el expediente completo.
Por unanimidad el pleno ha ratificado el decreto para ampliar la duración del contrato de mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para compensar a la concesionaria por el desequilibrio económico sufrido durante la pandemia, cuando se redujeron los caudales. El edil del Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha explicado que en cumplimiento de la normativa estatal, la empresa tiene derecho a ser compensada “bien ampliando el plazo del contrato o bien económicamente”. Los técnicos municipales han optado por la primera opción y “han decidido que el contrato se amplíe en 111 días”, hasta el 7 de abril de 2025.
González de Zárate ha señalado que en paralelo a esta ampliación “ya se ha iniciado el expediente para licitar el nuevo contrato”, que “esperemos poder traer a pleno en el primer trimestre de 2025” una vez que los técnicos municipales y de la Conselleria acuerden cuestiones claves a plasmar en ese nuevo contrato como las condiciones laborales de la plantilla o los costes energéticos.
Por mayoría, con los votos del gobierno local y Vox, el pleno ha aprobado la moción del grupo municipal del PP para instar al Gobierno de España a derogar el decreto 933/2021 que regula el nuevo registro de viajeros en alojamientos y para el alquiler de vehículos a motor. La portavoz del equipo de gobierno, Lourdes Caselles, ha señalado que este nuevo registro, que entró en vigor a principios de diciembre, está haciendo “serio daño” a España “en materia competitiva frente a otros países que no exigen esta burocracia ni cantidad de datos –hasta 40- que pueden afectar a la protección de datos”; y ha agregado que el decreto ataca al turismo, una actividad que hasta octubre se ha traducido en Benidorm en 13,6 millones de pernoctaciones, un 3,12% más que en 2323, y 1,5 millones de turistas extranjeros, casi un 4% por encima de los datos del año anterior.
Caselles ha asegurado que a la hora de elaborar y aplicar este decreto “no se ha escuchado al sector turístico”, y ha recriminado al Gobierno de España que haya hecho “caso omiso” a los acuerdos del Congreso de los Diputados y del Senado para demorar la implantación del registro.
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