BENIDORM. Se repite la historia. El Ayuntamiento de Benidorm aprobará caducar y archivar el expediente de la revisión de oficio de los convenios entre el Consistorio y los propietarios del suelo de Serra Galada: Antonio Manuel Puchades Orts, FPO S.A, Atricap Invest SL, Rucalaf SA y Murcia Puchades Expansión SL. La intención es volver a abrirlo para continuar dentro de los plazos permitidos para que haya una resolución. Eso sí, se mantendrán todos aquellos documentos que no estén afectados por la caducidad del expediente y puedan perdurar en el tiempo.
Una vez se apruebe esta propuesta por pleno, se tendrá que iniciar de nuevo un plazo de 20 días para que los interesados presenten alegaciones al mismo. Tras ello, la resolución se elevará al Consell Jurídic Consultiu para que pueda proceder a su dictamen perceptivo. El Consistorio alega causas de nulidad de pleno derecho, por lo cual, estaría permitido volver a abrir la revisión de oficio.
Con ello, quieren dejar sin efecto los convenios que se firmaron en 2001 y 2003 sobre el suelo de Serra Gelada que diera cobertura a los propietarios. De este modo, se le compensaría con unidades de aprovechamiento en otros planes urbanísticos por desarrollar ya que este terreno empezaba a tramitarse para su declaración como Parque Natural, y por tanto, se protegería e impediría futuras construcciones. El primer acuerdo se firmó con el popular Vicente Pérez Devesa en el gobierno, pero se fue prorrogando incluso con el socialista Agustín Navarro en la Alcaldía.
No obstante, en 2018 no se tomó ninguna decisión al respecto, caducando ya el último plazo para recompensar, si no era en unidades de aprovechamiento, en cuantía económica. Algo que terminaron reclamando algunos de los empresarios incluso en los juzgados. Como consecuencia, el Ayuntamiento ha tenido que consignar ya una partida para pagar más de 600.000 euros a Puchades.
Pero la contestación por parte del Consistorio sigue siendo la misma: los convenios son nulos. Para ello, como ha ido contando este diario, se basan en los informes de Ana Maria Falomir Faus y el secretario municipal. Así, la primera considera que procede examinar el caso "si persisten las causas" que asegura que "adolecen el convenio de 2003 y el acta de cesión de 2004". Una tesis que continúa sosteniendo en su informe del 16 de septiembre de 2021, que ratifica sus palabras de enero de ese año.
Sobre esta premisa, el informe del secretario señala que es nulo por reconocer a los propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico sin haber cumplido con los deberes de cesión, equidistribución y urbanización. Es más, aunque hay un acta de cesión con reserva de aprovechamiento, se ha comprobado por parte del Consistorio que la misma no se llegó a concretar puesto que el registro de la propiedad sigue teniendo de titulares a los empresarios.
De este modo, el Ayuntamiento vuelve a pedir la revisión de oficio para que continue el procedimiento que en el caso de otro de los convenios, en este caso con Acciona, sí que ha salido bien parado, reconociendo en el último pleno la nulidad de los convenios.