BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm da un paso más para liquidar la continuidad del anterior contrato del parking de l'Aigüera. En su última propuesta, el alcalde, Toni Pérez, llevará a pleno una moción por la cual desestiman las alegaciones presentadas por la empresa y la entidad avalista contra la cuantía establecida por el Consistorio. En total, 644.591,63 euros que ha estimado la administración local en base a los informes municipales que obran en el extenso expediente.
Como viene contando este diario de largo, la Agencia Valenciana Antifraude inició una investigación a instancias del que era portavoz de Ciudadanos en ese momento, Juan Balastegui. En noviembre de 2023 resolvió que estaba acreditada la existencia de indicios de presunto fraude de ley. Calculaba que podría haber un perjuicio en las arcas municipales de algo más de 600.000 euros por el periodo que comprende el 1 de junio de 2021 al 1 de febrero de 2023. El Consistorio optó por seguir la recomendación del ente y solicitar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Este, finalmente, y por unanimidad, consideró que constituyó una prórroga del contrato contraria a la normativa de contratación pública, representada por la Ley 9/2017, LCSP. Se refiere así a "una contratación irregular, nula de pleno derecho, al convertirse, en definitiva, en una prórroga de contrato indeterminada, con vulneración de los principios que rigen la contratación pública (artículo 1 de la LCSP)".
Con ello, el pleno del pasado mes de agosto declaró nulo el acuerdo que permitió la continuidad del servicio, tal y como avalaba el CJC. Tras esto, se inició el expediente de liquidación contractual de este periodo mencionado. El Ayuntamiento aprobó una cuantía provisional de 644.591,63 euros a propuesta de los informes técnicos municipales. Contra ello, la empresa presentó un escrito de oposición mediante una instancia el pasado 13 de septiembre. En ella, reclamaban que se restaran las cantidades que dejaron de ingresar en los ejercicios de 2020 y 2021 debido a las restricciones de la pandemia por covid-19. Como consecuencia, mencionaban un saldo a favor del Consistorio de 20.112,81 euros o, en el caso de tener que indemnizar, contemplaban subsidiariamente entre 322.295,82 euros o 387.923,21 euros.
Sin embargo, la administración local ha rechazado estas alegaciones por considerar que era extemporánea y que no era objeto de valoración del procedimiento en cuestión. Tampoco se han aceptado las de la entidad avalista, "por no encontrar apoyo en la normativa de aplicación".
Con todo, la secretaría general también ha emitido el informe favorable para la propuesta de liquidación definitiva, la conclusión y tramitación del expediente de recaudación.
Como es sabido, FCC ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario que aprobaba la nulidad de la continuidad del servicio por el periodo en cuestión. Esta decisión es precisamente una de las alegaciones de la mercantil para paralizar la liquidación al argumentar que en el caso de que la justicia le dé la razón, el procedimiento no se sustente ya que la nulidad fue el paso previo al proceso de liquidación.
