El alcalde de Alicante, Luis Barcala, al dar lectura del informe, durante su comparecencia.ALICANTE. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha comparecido finalmente este jueves, en el pleno ordinario de noviembre, para ofrecer explicaciones respecto al expediente de construcción de un hospital privado en el APA/9, en Vistahermosa Norte, sobre el que los servicios de disciplina urbanística confirmaron, en julio, un exceso de edificación respecto a la licencia concedida al haberse construido al menos dos plantas de más. Y lo ha hecho limitándose a dar respuesta a las preguntas concretas formuladas por el grupo municipal del PSOE en el registro de su solicitud de comparecencia, a partir de la información contenida en el informe técnico recogido en el expediente de infracción incoado frente a la promotora de las obras, MPT Alicante, al que el primer edil se ha ceñido a dar lectura.
A grandes rasgos, las dos ideas centrales que se han podido inferir de su exposición, que se ha prolongado durante más de media hora, podrían resumirse en que la parcela en la que se planteaba la construcción de dicho centros sanitario privado admitía ese tipo de edificación, al disponer de un informe de compatibilidad favorable en el que declaraba que el uso previsto era apto, y que el expediente de infracción urbanística incoado tras el hallazgo del exceso de obra sigue en trámite, sin que se haya cerrado todavía ni la posible propuesta de sanción, ni cuál será la fórmula con la que se pretende favorecer la restauración de la legalidad urbanística. Esas dos decisiones se concretarán tras el estudio de las alegaciones presentadas por la constructora, según ha apuntado Barcala, a partir del contenido de dicho informe técnico.
Así, en primer término, respecto a la fecha de firma del acta de replanteo de la obra, ha asegurado que el informe concretaría que se rubricó el 13 de diciembre de 2022. Acto seguido, ha señalado que la Concejalía de Urbanismo no dispone de un calendario de visitas de inspección respecto a las licencias de obra mayor; y también ha incidido en que, según el informe, el proyecto contaba con certificado de compatibilidad urbanística y que el uso hospitalario se consideraba apto en el emplazamiento propuesto.
Sobre la fecha de la detección del exceso de obra, ha concretado que, según el informe, se observó el 10 de julio de 2024, y ha añadido que la empresa alegó, tras la incoación del expediente de infracción, que debía aplicarse el principio de proporcionalidad y que solo debía acordarse la paralización de las obras respecto al exceso de obra, a lo que el ayuntamiento respondió que no procedía la aplicación de tal principio de proporcionalidad, por lo que se acabó acordando la paralización total de los trabajos de edificación, que todavía se mantiene. Además, también ha anticipado la convocatoria de la comisión de Urbanismo para informar sobre el expediente en las próximas semanas.
Y sobre el contenido del expediente sancionador en sí mismo, Barcala ha señalado que el informe técnico refleja que se detectó un sótano, un semisótano, y tres plantas y que se continúa estudiando las alegaciones presentadas por la empresa promotora sin que por ahora pueda precisarse qué tipo de sanción puede acabar imponiéndose. En este sentido, ha añadido que -por el mismo motivo- tampoco se puede concretar todavía qué medidas se prevé acordar para restaurar la legalidad urbanística.
Sobre la superficie concreta del edificio construido, ha precisado que, según el informe, se cifra en más de 23.000 metros, según lo previsto en el proyecto básico, y que la superficie de exceso de edificación sigue pendiente de valoración en el expediente. Respecto al presupuesto de ejecución material planteado por la empresa, ha detallado que se superaba los 12 millones y que habría abonado más de medio millón en concepto del impuesto del construcciones y obras (ICIO). "Con esto quedan contestadas todas las preguntas formuladas", ha señalado, para finalizar su alocución. Con todo, también ha expresado su confianza -respecto a las insinuaciones formuladas con carácter previo por el conjunto de portavoces municipales- que fuesen capaces de fundamentarlas.
En los turnos de intervención previos a la comparecencia del primer edil, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, le había reprochado "el silencio" que, a su juicio, había mantenido respecto al expediente durante cinco meses, y había considerado que era imposible que él mismo no fuese conocedor de la situación sobre la construcción de un hospital que conlleva una inversión de más de 40 millones. Además, le había emplazado a explicar por qué se pretendió "blanquear" la irregularidad llevando una propuesta de acuerdo a la comisión de Urbanismo, que finalmente quedó anulada y desconvocada. "Tendrá que explicar a qué intereses respondía para promover una modificación urbanística ad hoc para encajar una construcción finalizada", ha concluido, sobre la que su grupo había solicitado tener acceso al expediente desde el pasado julio.
La edil de Compromís, Sara Llobell, por su parte, también había considerado que el PP pretendía blanquear una irregularidad para "echar una mano a la iniciativa privada" y se había cuestionado "cuándo se pretendía convocar la comisión de Urbanismo para explicar lo sucedido". Además, había emplazado a precisar por qué se había promovido un hospital sobre suelo residencial y por qué nadie había inspeccionado la ejecución de las obras. Por último, también había mostrado su sorpresa por la "velocidad supersónica" con la que se trató de acordar la modificación urbanística que permitiese dar encaje al edificio.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, se había felicitado de que, finalmente, el primer edil fuese a dar explicaciones al respecto y había considerado que "esto huele a corrupción". "Han hecho lo posible para ocultar una irregularidad clamorosa", había considerado, en alusión a la construcción de dos plantas más de las permitidas en la parcela en cuestión. Y se había preguntado "por qué no permiten el acceso al expediente" de la licencia de ese centro privado desde hace meses, a pesar de las recomendaciones del Síndic de Greuges. "Es una vergüenza lo que está pasando cuando oculten informes", había recalcado. "Queremos saber y necesitamos que haya transparencia para evitar sus abusos de poder y ahora tratan de dar apariencia de legalidad con decisiones que han tomado", había concluido.
Por Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, se había limitado a señalar que se encontraba expectante a las explicaciones que ofreciese el primer edil.
