El alcalde, Luis Barcala, junto al concejal de Hacienda, Carlos Castillo.ALICANTE. Al Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante le sigue cuadrando el calendario administrativo que había previsto y se dirige hacia la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2019 con la voluntad de poder licitar un primer paquete de inversiones sostenibles con el remanente de las cuentas del año pasado antes de las elecciones municipales del 26 de mayo. O lo que es lo mismo, trata de llegar a la cita con las urnas con el que pasa por ser uno de sus principales compromisos políticos cumplidos: dotar a Alicante del primer presupuesto libre del control previo del Ministerio de Hacienda, como colofón a su atípico mandato de solo un año de duración.
La primera fase para conseguir ese objetivo debería completarse este jueves, 11 de abril. El PP ha convocado ya formalmente para esa fecha la comisión de Hacienda en la que plantea rechazar todas las reclamaciones presentadas por grupos políticos (Guanyar y Compromís), sindicatos (CCOO, UGT, SEP y CSIF) y asociaciones vecinales (la Junta de Distrito 3 y los colectivos de Nuevo Moralet, el Templete de Benalúa y Centro Tradicional) frente a la propuesta de presupuesto, aprobada inicialmente en marzo.
A esa comisión se llega menos de una semana después de que se cerrase el plazo para el registro de esas objeciones. Y el argumento esencial que se utiliza para desestimarlas es el que se viene arguyendo de manera habitual en estos últimos cuatro años: los técnicos de Hacienda sostienen que las propuestas presentadas no se ajustan a los supuestos legales de reclamación previstos en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
El planteamiento de los técnicos ya ha generado la réplica de Guanyar: uno de los grupos opositores que contribuyó a que las cuentas se aprobasen, con la abstención de sus cinco concejales. Su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, denunció este lunes que "los criterios de interpretación que se aplican vienen siendo absolutamente restrictivos desde el principio del mandato, gobierne quien gobierne, pero ello no impide al equipo de Gobierno de turno aceptar lo que se reclama para incorporar al presupuesto y a la plantilla lo que se pide". En esta línea, avanzó que, "si no se acepta en la comisión ninguna reclamación de las 16 que hemos presentado, nuestro voto en el dictamen será en contra". En esa tesitura, el presupuesto no pasará el filtro de la comisión al sumar los votos negativos de PSOE y Guanyar: el equivalente a once votos en el pleno.
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No obstante, el resultado de esa votación no es vinculante y todo quedará abierto a lo que suceda en el pleno extraordinario, que los populares prevén convocar el próximo martes, 16 de abril. Esa será la segunda fase a abordar antes de los comicios de mayo (y también, antes de las generales y autonómicas del próximo 28 de abril). A la hora de encarar ese debate, el PP maneja el argumento de la presión social: si alguien cambia el sentido del voto que expresó en la aprobación inicial, deberá explicar por qué se opone ahora a que se desarrollen las iniciativas previstas tanto en esa planificación económica, con inversiones por 15,5 millones, y en la declaración institucional anexa, con otro paquete de obras por valor de 50 millones. Esas actuaciones se financiarían mediante la concertación de un préstamo bancario, mediante los ahorros generados en otras licitaciones previas o como inversiones sostenibles, a partir del dinero no gastado en el ejercicio económico de 2018.
Y ahí vendría la tercera fase del proceso: el PP baraja elevar al pleno ordinario del 25 de abril -con el que se cerrará el mandato- la primera propuesta de modificación de crédito sobre el presupuesto ya aprobado definitivamente con la intención de impulsar la contratación de los proyectos que se consideren más necesarios y que ya estén redactados para poderse licitar. Para entonces, el equipo de Gobierno ya confía en disponer del informe sobre la liquidación del presupuesto de 2018, de modo que conocerá la suma concreta que podría destinar a la ejecución de esas inversiones sostenibles. En principio, los populares vienen barajando que esa cifra podría oscilar entre los 35 y los 40 millones.
