Foto: R. RUBIO/POOLEl 13 de febrero de 2020 se produjo en el hospital Arnau de Vilanova de València el primer fallecimiento por covid-19 en España, aunque el hecho no se conoció hasta varias semanas después, cuando se hizo un análisis de sus restos. Dos años después, el Ministerio de Sanidad tiene contabilizados 95.995 fallecidos, aunque la cifra real es de 114.552 si sumamos los 18.557 muertos de los primeros meses contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística que el Gobierno no quiso sumar al no habérseles hecho una PCR, a pesar de que el certificado de defunción señalaba la covid como causa de la muerte.
En la Comunitat Valenciana han fallecido en estos dos años 8.818 personas por covid, según la Conselleria de Sanidad, y 8.794 según el Ministerio. Es triste que en 24 meses no hayan conseguido ponerse de acuerdo en algo tan sensible como contar los muertos.
Los aniversarios son propicios para hacer balance. El de quien esto escribe, en lo que respecta a la gestión de la crisis por parte de las autoridades, es el siguiente: gestión sanitaria regular tirando a mala, gestión económica razonablemente buena y gestión política pésima. Vayamos por partes.
La parte más importante de la crisis es, sin duda, la sanitaria, donde la actuación de Gobierno y Generalitat ha tenido muchas sombras y algunas luces. Teniendo España uno de los mejores sistemas de sanidad públicos del mundo (universal, cercano, con buenos profesionales, a coste prácticamente cero para el paciente…), mi sensación es que se ha desaprovechado por una mala gestión que empezó con una minusvaloración de la importancia de la epidemia –en el caso valenciano, aún más grave porque se cayó en el mismo error a finales de 2020– y continuó con la falta de material de protección para el personal sanitario, hecho por el que la Conselleria de Sanidad ya ha sido condenada, igual que ha sido condenada por relegar a los médicos de la privada en la vacunación.
Más grave aún fue la tardanza en atajar los contagios en residencias de ancianos, ancianos que en algunos casos fueron privados del derecho a ser asistidos en un hospital. La justicia, con órdenes expresas de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se preocupó de que no continuase el desamparo pero miró para otro lado a la hora de averiguar las causas de miles de muertes, no fueran a salpicar a algún cargo público.
También en el debe de la gestión, medidas restrictivas absurdas apoyadas en supuestos criterios científicos de un comité de expertos inexistente, rebatidas en los medios de comunicación por expertos identificados con nombre y apellidos; o el retraso en medidas necesarias "porque no hay consenso entre las CCAA" frente a otras que se imponen contra el criterio de algunas CCAA.
Entre los errores está también no haber evaluado la eficacia de las medidas de se iban tomando, como fue el desmedido toque de queda impuesto a los valencianos o el pasaporte covid, que fue útil para incentivar la vacunación y que Puig mantiene hasta final de febrero consciente, porque lo ha publicado este periódico, de que hay personas atrapadas –sin pasaporte con el que poder acceder a un restaurante o al gimnasio pese a estar inmunizadas– porque el sistema es imperfecto.
Otro borrón es el trato dado a los profesionales sanitarios, mal organizados, con una sobrecarga de tareas primero en hospitales y luego en Atención Primaria. Esto ha perjudicado a pacientes con otras patologías y especialmente a los ancianos. Según un estudio de la OCU, los valencianos somos los más insatisfechos con la atención en los centros de salud.
En el haber de la gestión sanitaria de la pandemia cabe destacar el proceso de vacunación, rápido y efectivo –errores iniciales al margen–, con unos resultados que son la envidia del resto de Europa.
Además, con el tiempo se ha logrado la cogobernanza que no existió en el primer año, cuando a un inicio de control centralizado por Pedro Sánchez y Salvador Illa le siguió una desescalada tras la que el Gobierno central hizo dejación de funciones, a lo que siguió un nuevo estado de alarma, primero en Madrid y luego en toda España, con nuevas tensiones competenciales. La verdadera cogobernanza empezó a partir de la sustitución de Illa por Carolina Darias.
No era nada fácil librarse de una grave crisis económica con un estado de alarma de más de tres meses en la que cientos de miles de empresas tuvieron que cerrar. Las medidas para conseguirlo fueron un acierto, especialmente los ERTE, que impidieron millones de despidos, y los préstamos ICO, que evitaron muchos cierres. Estas medidas, además, se han ido prorrogando a medida que las empresas han ido necesitando más tiempo.
Menos eficiente, a pesar de sus buenas intenciones, han sido las ayudas públicas convocadas para dar oxígeno a las empresas. Unas bases mal planteadas y la burocracia provocaron que, por ejemplo, buena parte de las ayudas del Plan Resistir se quedaran sin adjudicar. En el caso de la Comunitat Valenciana la ejecución fue inferior al 50% y hubo que devolver 335 de los 647 millones que estaba previsto adjudicar.
Aquí cabría incluir la gestión administrativa, que se ha visto gravemente afectada por el teletrabajo en las Administraciones, especialmente, en lo que a atención presencial se refiere. Se ha querido paliar con la administración electrónica, con la consiguiente exclusión de buena parte de la población, sobre todo la de mayor edad.
El espectáculo ha sido lamentable y aquí hay que destacar que PP y Vox, en lo que al Gobierno central se refiere, tampoco ha estado a la altura. Los ciudadanos no nos merecíamos esto. En ocasiones ha dado la sensación de que a los políticos, de todos los partidos, les importaba más el rédito político que podían sacar de la pandemia que los problemas que estaba causando a los ciudadanos.
Entre los graves errores del Gobierno destaca la política de comunicación, que en muchos casos no fue más que propaganda. Las homilías iniciales de Pedro Sánchez; las comparecencias diarias de un Fernando Simón que pasó de la admiración al descrédito a fuerza de errores cada vez más gruesos; los anuncios confusos, a veces contradictorios, inútiles o erróneos; las medidas anticonstitucionales impuestas… Las mentiras.
En el caso valenciano, cabe destacar la falta de transparencia de la Generalitat, que ha celebrado muchas comparecencias de Puig y Barceló pero ha controlado en todo momento la información que quería dar, limitando el acceso a datos o a documentos públicos, limitando el derecho a la información. La accesibilidad del president y la consellera está muy bien, pero en accesibilidad documental el Ministerio de Sanidad le ha ganado la partida con creces, como no me he cansado de denunciar en este espacio semanal.
