ALICANTE. Parece que finalmente las máquinas de cobro automático que hasta hace diez días funcionaban en la AP-7 no terminarán instaladas en una autopista de Estados Unidos, a no ser que así lo decida el Gobierno central. La empresa concesionaria, Aumar (filial de Abertis), no puede disponer de los aparatos puesto que la entrega de la concesión al Ministerio de Fomento, una vez extinguida, incluye todos los elementos que formasen parte de la infraestructura, incluida esta maquinaria.
Hace unos días, el personal de Abertis que se ha encargado de coordinar sobre el terreno el levantamiento de las barreras informó a Alicante Plaza de la inminente venta de las máquinas a los Estados Unidos, país que mantiene una importante red de autopistas interestatales que, en muchos casos, son de peaje. Sin embargo, un portavoz de la empresa ofreció este jueves una versión totalmente distinta: Aumar no puede disponer de las máquinas de cobro porque están incluidas en la devolución de la AP-7 y, por tanto, pasan a manos del Ministerio, que podrá decidir su destino.
Las máquinas fueron instaladas por Aumar, filial de Abertis, para automatizar el pago del peaje en la AP-7 entre los años 2012 y 2013. Su instalación supuso la salida de más de 90 empleados que hasta entonces se dedicaban al cobro manual de los peajes. Precisamente, Aumar llevó a cabo la importante inversión en automatizar el cobro de sus autopistas en plena crisis económica, con el objetivo de poder reducir la masa salarial tras el desplome del tráfico diario en la vía de peaje. La mayoría de salidas que se produjeron entonces fueron pactadas, y en muchos casos a través de prejubilaciones.
El pasado 31 de diciembre la Autopista del Mediterráneo dejó de ser de peaje en los tramos Alicante-València y València-Tarragona, tras casi medio siglo de una concesión que se prorrogó hasta en tres ocasiones sobre su fin previsto inicialmente en 1997. Con el fin de la concesión, la vía y toda la infraestructura ha revertido al Ministerio de Fomento, y la empresa encargada de forma provisional de la conservación, FCC, se ha subrogado a la mayoría del personal de las contratas que prestaban este servicio para Abertis.
En cuanto al personal propio de la empresa, en diciembre se acordó un ERE para 140 empleados de la AP-7 y la AP-4. Los primeros días de la AP-7 liberalizada han transcurrido con normalidad y sin incidencias reseñables, al margen de un apreciable aumento del tráfico.