ALICANTE. La nueva etapa de alineación política entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante que se inicia este lunes, 17 de julio, con la toma de posesión del popular Carlos Mazón como nuevo jefe del Consell tendrá en la estación provisional de autobuses una de sus primeras patatas calientes a resolver. No solo por lo que respecta a la decisión sobre su emplazamiento definitivo, sino también en lo que afecta a su explotación actual, a cargo de la alianza empresarial que conforman Automóviles La Alcoyana (Vectalia) y Grupo Enatcar.
Las dos compañías se hicieron con el contrato de gestión en el año 2011, a partir del concurso convocado entonces por el Ayuntamiento de Alicante. Ese contrato partía con una duración inicial de cinco años de duración, en el que se contemplaban dos posibles prórrogas de un año cada una, aunque con la opción de que se concediesen otras dos ampliaciones extraordinarias de ese plazo de concesión por otros dos años más en el caso de que resultase necesario.
Todas esas prórrogas posibles se han consumido y quedaron agotadas en 2020, sin que la terminal haya perdido su condición de provisional, ante el retraso en el proyecto de la estación intermodal comprometida desde 2003 en los terrenos de la estación de ferrocarril actual, en la que debía incluirse la construcción de la estación de autobuses definitiva. Así que La Alcoyana y Enatcar continúan manteniendo la prestación en precario tres años después, gracias a la autorización de uso que la Autoridad Portuaria concedió al Ayuntamiento en 2020: cuando la titularidad del edificio revertió en favor del Puerto, en virtud del acuerdo por el que se reguló su instalación en los terrenos portuarios de la avenida de Loring. Ese acuerdo se amplió en 2022, bajo el paraguas de la Generalitat, con el fin de que el edificio siguiese utilizándose como estación durante otros cuatro años más.
La cuestión es que los responsables Generalitat y Ayuntamiento (hasta ahora de distinto signo político) continúan discrepando sobre qué administración debe impulsar la convocatoria de un nuevo contrato para regular ese servicio sobre el funcionamiento del edificio de tratamiento de pasajeros. El Ayuntamiento mantiene que la gestión del edificio depende de la administración autonómica, al ser la competente sobre el servicio de transporte entre municipios. Y la Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, sostiene la versión opuesta: que es el ayuntamiento a quien le corresponde licitar ese concurso, como sucedió en 2011, ya que no habría ningún convenio ni acuerdo que estipulase lo contrario.
Cuestión distinta es la estación definitiva. Fuentes del departamento autonómico consultadas indicaron que será la conselleria quien asuma la inversión necesaria para construir ese futuro edificio. Y, por tanto, también quien decida su fórmula de explotación bajo gestión directa o por concesión. Eso sí, las mismas fuentes precisaron que, para ello, se deberá concretar cuál será el emplazamiento en el que se asentará esa nueva terminal, a propuesta del propio Ayuntamiento.
En principio, el equipo de gobierno de Alicante mantiene su apuesta por situar la estación definitiva junto a la intermodal en el supuesto de que existan posibilidades técnicas para su encaje en ese ámbito. De ahí que se modificase el Plan Especial de la llamada Operación Integrada número 2 (OI/2) para incorporar ese supuesto, tras la alegación presentada por la Concejalía de Transportes.
No obstante, también ha planteado distintas ubicaciones alternativas ante la hipótesis de que la terminal de autobuses acabe sustituyéndose de forma irremediable por un intercambiador en el proyecto de la intermodal. Las tres primeras propuestas presentadas en un primer término quedaron desestimadas por la Generalitat al no cumplir el requisito esencial de cercanía al Centro.
Así que se produjo un nuevo planteamiento por el que se sugería la opción de posicionar el nuevo edificio en terrenos portuarios situados en el entorno de Casa Mediterráneo: una ubicación próxima a su emplazamiento actual y, por tanto, con opciones de que pueda considerarse viable como plan b a los terrenos de la OI/2. Con todo, la decisión queda ahora en manos de los nuevos responsables de ambas administraciones, en el momento en el que la legislatura autonómica 2023-2027 eche a rodar de forma oficial, que deberán resolver qué sucede con la explotación actual y con el funcionamiento a futuro de la terminal.