Foto: PEPE OLIVARES. BENIDORM. La Agencia Valenciana Antifraude ha concluido las actuaciones en la fase de seguimiento del expediente que investigaba la continuidad del contrato de gestión del Parking de l'Aigüera, situado bajo el Ayuntamiento de Benidorm. La resolución de la entidad está firmada el pasado 11 de noviembre y se justifica en la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones por parte del Consistorio. Un asunto que está pendiente de resolverse en los juzgados por el recurso presentado por la empresa FCC.
Como viene contando este diario de largo, Antifraude inició una investigación a instancias del que era portavoz de Ciudadanos en ese momento, Juan Balastegui. En noviembre de 2023 resolvió que estaba acreditada la existencia de indicios de presunto fraude de ley. Calculaba que podría haber un perjuicio en las arcas municipales de algo más de 600.000 euros por el periodo que comprende el 1 de junio de 2021 al 1 de febrero de 2023. El Consistorio optó por seguir la recomendación del ente y solicitar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Este, finalmente, y por unanimidad, consideró que constituyó una prórroga del contrato contraria a la normativa de contratación pública, representada por la Ley 9/2017, LCSP. Se refiere así a "una contratación irregular, nula de pleno derecho, al convertirse, en definitiva, en una prórroga de contrato indeterminada, con vulneración de los principios que rigen la contratación pública (artículo 1 de la LCSP)".
Es por esto que el Ayuntamiento declaró nulo el acuerdo que permitió que la empresa continuara prestando el servicio, tal y como avalaba el CJC. De igual modo, se inició el expediente de liquidación del contrato por el periodo en cuestión y se estableció una cuantía de 644.591,63 euros, ante lo cual la empresa se opuso. Sin embargo, los informes municipales se manifestaron en contra y el Consistorio terminó denegando las alegaciones por considerarlas extemporáneas y que no era objeto de valoración del procedimiento en cuestión.
Comprobados los pasos dados por la administración local, Antifraude ha dado por concluidas definitivamente las actuaciones en fase de seguimiento del expediente y ha procedido así a su finalización. No obstante, solicitan al Ayuntamiento que les comunique la resolución judicial que devenga en el proceso contencioso administrativo abierto por la empresa afectada.
Desde la empresa en sus escritos reclamaban que se resten las cantidades que dejaron de ingresar en los ejercicios de 2020 y 2021 debido a las restricciones de la pandemia por covid-19. Como consecuencia, mencionaban un saldo a favor del Consistorio de 20.112,81 euros o, en el caso de tener que indemnizar, contemplaban subsidiariamente entre 322.295,82 euros o 387.923,21 euros.
Los hechos se remontan al pleno que aprobó con el voto a favor en solitario del PP extender por un año más el servicio en manos de la empresa, fuera de prórrogas establecidas en el contrato, mientras se daba tiempo a tramitar la gestión directa. El periodo hacía referencia a junio de 2021 hasta febrero de 2023. Según explicó la portavoz del PP en su día, Lourdes Caselles, la investigación se centraba en si era una concesión de gestión de obra pública o de servicios públicos.
